El ajuste cercena las jubilaciones; por Carlos Heller

Desde 2009, año en el que se puso en vigencia la actual fórmula para calcular la variación de las jubilaciones y se establecieron por ley los factores para actualizarlas, el poder adquisitivo de los haberes mejoró un 19% (El Cronista, 21/11/17). Puede decirse que la fórmula actual de indexación dio la previsibilidad de obtener ganancias de poder adquisitivo a los jubilados y a otros perceptores de asignaciones sociales.

¿Cuál es entonces la razón del cambio? La respuesta la dio el presidente Mauricio Macri al presentar la reforma: el «ahorro» de $ 100 mil millones por la aplicación de la nueva fórmula. 

Han estado circulando muchos datos, pero la razón de la pérdida debida a la nueva metodología de ajuste es simple: además del cambio de fórmula, se indexa el período correspondiente a un semestre, con un índice que sólo tiene en cuenta la inflación de un trimestre. 

Atención: este problema no se resolvería con un bono que, por única vez, supuestamente compensaría la pérdida por el cambio de fórmula. Es decir, lo perderán cada uno de los siguientes trimestres, y el gobierno se «ahorrará» esa indexación nunca realizada. 

Además, distintos funcionarios del gobierno han informado que la nueva fórmula generaría un aumento real de los haberes jubilatorios cercano a un 4,5% el próximo año. Más que improbable. Según cálculos del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, las jubilaciones se incrementarían un 21,08% en 2018, mientras se espera una inflación (IPC) del 16,5% para el año. Dado que la nueva fórmula votada en el Senado indexa en un 70% por el IPC y un 30% por salarios (Ripte), estos últimos tendrían que crecer un 34,17% para que la fórmula diera el 21,08%: una evolución difícil de obtener. Reforzando la debilidad de la comentada estimación, Dujovne dijo que «las paritarias de 2018 deberían cerrar en 16,6%», variación similar a la inflación que estima.

El informe del procurador del Tesoro, solicitado por la diputada Elisa Carrió, sostiene que las jubilaciones «recién entonces (en 2019) igualarán el poder adquisitivo máximo de septiembre de 2015». Se ha colado en la discusión un reconocimiento implícito a la positiva herencia en materia previsional recibida del anterior gobierno.

Tras el fracaso de la sesión de Diputados, el jefe de Gabinete informó que el gobierno insistiría con el proyecto tal cual fue presentado. El marco de esta decisión son las presiones del establishment para reducir el déficit fiscal. El tema es que si se persigue este fin, junto con la reducción de impuestos a los sectores concentrados (retenciones, Impuesto a las Ganancias a empresas) y el cada vez más rápido crecimiento de los intereses de la deuda pública, sólo es posible lograrlo con reducciones del gasto que afectan a la gente. Fundamentalmente, el recorte en las jubilaciones y otras asignaciones sociales, en los salarios y la cantidad de empleados públicos, y el aumento de las tarifas de los servicios públicos. 

En este marco, los jubilados serán, necesariamente, unos de los principales perjudicados. 

Muchos tienen que ceder y los que se benefician son pocos. Por ejemplo, la minería obtuvo la eliminación de las retenciones a las exportaciones de sus productos: no sólo viene reduciendo su actividad, sino que ha mermado su plantilla de trabajadores registrados en un 11% entre los primeros nueve meses de 2015 e igual período de este año.

En la ampliación del Presupuesto de esta semana se incluyen $ 84,5 mil millones más de intereses de deuda. Monto similar al «ahorro» fiscal que se obtendría con el recorte a los jubilados, aunque este ya estaría destinado a compensar los recursos a entregar a la provincia de Buenos Aires. 

La futura falta de sustentabilidad del sistema previsional ha vuelto a la palestra, con un aliciente: se informó desde el gobierno que se intenta legislar para que las inversiones en fondos de retiro se puedan deducir del Impuesto a las Ganancias. De a poco, una vuelta a las AFJP, como vengo comentando.

No por casualidad, la reforma del sistema de jubilaciones en Brasil que impulsa el gobierno de Michel Temer será tratada en febrero, a raíz de la falta de consenso de la base parlamentaria del oficialismo (Ámbito, 15/12/17). Aquí y allá el rechazo es cada vez más fuerte.

En estos días retornó a escena el poco respeto a «la República», el latiguillo de campaña de los integrantes de Cambiemos, al intentar hacer funcionar una sesión de Diputados con un cuestionado quórum que duró siete segundos, en un entorno de represión a diputados y manifestantes, y con un Congreso virtualmente sitiado por fuerzas de seguridad. De hecho, si hubiera existido el quórum, con los diputados sentados se podrían haber desactivado las críticas de la oposición.

Desde estas páginas he insistido en que el ajuste requiere represión. No obstante este convencimiento, no pude dejar de ver con angustia y preocupación las imágenes de la Plaza de los Dos Congresos el día jueves, y los embates de las fuerzas de seguridad en la movilización del día anterior.

Queda, como saldo importante, la fuerza de la movilización popular y de la participación en todos los ámbitos de las distintas organizaciones sindicales y sociales para frenar la sanción de la ley de reforma previsional, que reduce los futuros haberes de jubilados y asignaciones sociales. Es la resistencia de los ajustados, como suelo decir, que se amalgamó cuando intentaron imponer el recorte a las jubilaciones.

Esta situación evidencia las razones del apuro para sancionar la ley: la reacción popular muestra la fragilidad de los acuerdos logrados, y el temor del oficialismo de que, con el correr de los días, se fracturaría aún más el apoyo logrado con el pacto con los gobernadores. De allí que el mismo jueves el gobierno convocó a los mandatarios provinciales para intentar rearmar estos acuerdos. Al cierre de esta nota, aún no se conocían los resultados de tal reunión.

Las cooperativas no generan ganancias

Representantes de las confederaciones de cooperativas y mutuales dieron una conferencia de prensa en la que expresaron su rechazo a «la embestida fiscal del gobierno nacional contra el sector». El proyecto de Reforma Tributaria incluye dos artículos para gravar con Ganancias los resultados de las actividades financieras y de seguros de cooperativas y mutuales, y podría extenderse a cualquier entidad de la economía solidaria, por ejemplo, las agropecuarias que financian insumos al productor.

Esta propuesta de quitarles a estas entidades la exención que tienen según la legislación vigente «contraría una tradición de tratamiento fiscal a este sector, que no es un tratamiento de privilegio sino diferenciado porque son entidades de naturaleza diferente», según se dijo en la conferencia citada. 

Los representantes de las mutuales sostuvieron que «el impacto en las comunidades del interior va a ser gravísimo». Por su parte, Ariel Guarco, presidente de Cooperar y de la Alianza Cooperativa Internacional, abogó por «un Estado que comprenda que representamos una forma jurídica diferente, que merece un tratamiento diferente».

De aprobarse esta modificación se estaría no sólo perjudicando a un sector que involucra a cerca de 14 millones de personas sino también avalando un verdadero retroceso en la normativa que rige a la economía solidaria. «