El ajuste, para después de las elecciones; por Carlos Heller

Por: Carlos Heller

Columna de opinión.

La prioridad es ganar las elecciones y convalidar en octubre las propuestas del gobierno. Después vamos a encarar las asignaturas pendientes», expresó el ministro de Finanzas Luis Caputo, según relata Marcelo Bonelli (Clarín, 21.04.17).

La frase fue dicha en una reunión «secreta» en Nueva York con 30 banqueros y representantes de fondos de Wall Street. Los asistentes le preguntaban por la capacidad de gobernabilidad de Macri.Los citados inversores están en una zona de comodidad. Según la nota citada: «Se trata de los bancos que facilitan el endeudamiento a la Argentina, haciendo exuberantes ganancias financieras». La opinión no es solitaria. Fue comunicada en Nueva York a los inversores por el propio ministro Nicolás Dujovne: Argentina «ofrece niveles de retorno que son muy difíciles de lograr en otros países del mundo».

No obstante, las inquietudes de los inversores están originadas en las sucesivas marchas, piquetes y huelgas generales que se vienen produciendo en Argentina, aunque su verdadera preocupación es el elevado déficit fiscal que, sostienen, alcanza al 6,2% del PBI. Si en el futuro el balance fiscal no mejora, complicaría el repago de las deudas financieras, una cuestión que siempre desvela a los inversores.

Para comprender a qué se refiere Caputo con las asignaturas pendientes, acudimos a otra frase del ministro explicando la necesidad de ganar las elecciones: «No se puede encarar ahora el problema fiscal. Si atacamos el déficit, habrá más piquetes y la vida será imposible en Argentina». Es decir, fortísimo ajuste fiscal tras las elecciones. En aras de lograr la tan ansiada victoria en los comicios, los inversores reunidos en Nueva York cuestionaron «la decisión del gobierno (argentino) de no intentar abrir un diálogo con la oposición, tipo Frente Renovador», según los comentarios sobre la reunión «secreta».

Este ajuste fiscal también es reclamado por sectores de poder vernáculos, que se expresan a través de varios economistas. En la semana resonaron con fuerza los dichos del «gurú» Miguel Ángel Broda: «Se elegió un camino de una política monetaria, de metas de inflación, para reducir la inflación, y una política fiscal extraordinariamente expansiva financiada con ahorro externo, y esta combinación genera problemas en el corto y largo plazo». Con su estilo, agregó: «El enfermo está grave. No hay plan A ni B, esto es insostenible en el largo plazo».

No es un argumento que le disguste al macrismo. Durante la firma del «Compromiso Federal por la Modernización del Estado» con 13 gobernadores provinciales, el presidente solicitó «dejar de lado la intervención nociva que ha tenido la política en transformar el Estado en un aguantadero». Es la vieja intención de desvincular la gestión estatal de la política: es inviable. El Estado, en sí mismo, es un reflejo de la política. Así debe ser. Colocar CEO en los principales puestos de dirección del gobierno nacional es también una definición profunda de política.

En la misma línea de reducir la participación estatal, aun con incumplimiento de la ley, Macri ratificó que no convocará a paritaria nacional docente, porque la fijación del salario «corresponde a cada gobernador, los docentes son empleados provinciales». Sostuvo: «Es obvio que tenemos un problema de calidad de la educación pública argentina. Claramente no hay igualdad de oportunidades si no hay educación pública de calidad.» Una definición no exenta de sarcasmo, ya que al dejar el nivel de salarios docentes a lo que puedan pagar las provincias, la educación de las regiones más pobres sufrirá significativamente, destruyendo la supuesta «igualdad de oportunidades» que tanto alaba Macri. Un sarcasmo que se refuerza al decidir, a través de un DNU, la eximición a los colegios privados del pago de contribuciones patronales hasta fin de año para limitar el aumento de las cuotas. Un paso más en el intento de destruir la escuela pública.

La economía no despega

Resultó impactante el dato de la facturación de supermercados para febrero, que evidenció un aumento de sólo el 16,3% comparado con el mismo mes del 2016. Un guarismo muy por debajo de la inflación que se ubicó en el 35,6% según el IPC CABA (el Indec no publica datos para este período). El enfriamiento llegó a la CABA, con un incremento interanual de la facturación del 13,8%, al Gran Buenos Aires (15,5%, similar al guarismo de las provincias del Norte), y una suba de apenas el 8,9% para el grupo de Catamarca, La Rioja, San Juan y San Luis. Una evolución desigual que refuerza los efectos nocivos del derrumbe del consumo. Si tomamos las cifras de empleo publicadas por el Indec, se observa una destrucción de 68.314 puestos de trabajo privados en 2016 (midiendo el cuarto trimestre de cada año). La reducción más significativa se produce en la industria (46.728 puestos), seguida de la construcción (35.289), con algunos sectores con un leve crecimiento como los servicios sociales y salud, y el comercio.Las empresas muy grandes (más de 1000 asalariados) fueron las responsables del 73% de la merma, mientras que las que poseen entre 51 y 200 trabajadores perdieron el 19% del total. Un panorama laboral preocupante.

La recuperación que no arranca también es recogida por analistas y organismos internacionales. En esta oportunidad, el FMI revisó a la baja la proyección de crecimiento de la economía argentina para 2017, con un nuevo pronóstico del 2,2 por ciento. Respecto de la inflación, estimó un incremento del 21,6% para este año, bastante por encima de la meta del BCRA fijada entre el 12 al 17 por ciento. No obstante, Dujovne ratificó las metas de inflación, y comentó su postura.

El INCAA

El proyecto de Reforma Tributaria en el que trabaja Dujovne tiene como base un documento de FIEL de agosto de 2015, denominado «El sistema tributario argentino. Análisis y evaluación de propuestas para reformarlo». Allí se sugiere eliminar varios impuestos de bajo potencial recaudatorio y que, en algunos casos, financian fondos con asignación presupuestaria específica. Incluye, entre otros:

• «El impuesto de 10% a las entradas de cines y videogramas grabados.» El gravamen se destina al Fondo de Fomento Cinematográfico administrado por el INCAA.

• «El impuesto a los servicios de comunicación audiovisual que tiene alícuotas variables por actividad» (más conocido como canon, uno de cuyos principales aportantes es el Grupo Clarín). Un 25% de este tributo se destina al INCAA, y el resto a otras actividades culturales y al fomento de la comunicación audiovisual.

Es imposible no relacionar esta modificación, a la luz de los sucesos en el INCAA, con la remoción de su titular (cuya designación fue consensuada con los representantes de la industria cinematográfica) y su reemplazo por un exfuncionario de Clarín. Se entiende entonces el enérgico repudio de directores de cine y artistas. Puede pensarse que sería una concesión más para sostener el blindaje mediático. «

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