El alcohol y el juego se suman a la larga lista de negociados del gobierno de Lacalle Pou

En lo que parece ser sólo un paso más, lejos quizás del último y final, el gobierno uruguayo del presidente Luis Lacalle Pou sigue andando por los sospechables bordes de la antiética y no repara en ofrecer prebendas a cada poderoso que lo acompaña en su marcha. Ahora llegó el turno de los fabricantes de bebidas alcohólicas y de los capitalistas del juego, como hace siete semanas fue el de la industria tabacalera y, antes, el de los bancos, los ganaderos, las telefónicas. Su gente, en fin. Cigarrillo, alcohol y timba, los tres fantasmas que toda buena madre quiere mantener lejos de sus hijos cuando entran al difícil mundo de la adolescencia, son ignorados ahora por un presidente que alguna vez se definió, sin embargo y sin rubores, como “celoso guardián de la familia uruguaya”.

Hace 16 años, y sin que nadie –productor, consumidor, oficina recaudadora– hubiera pedido su restauración, el gobierno progresista del Frente Amplio (FA), Tabaré Vázquez presidente, promovió una Ley de Erradicación de la Violencia en el Deporte que incluyó la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas en los estadios. Cuando los mamados son belicosos siempre arman quilombo, dijeron varios a coro. Así fue, con éxito, hasta noviembre del 2021, cuando la poderosa Conmebol puso sobre la mesa sus millones nunca blanqueados para la venta libre de cerveza y una agresiva publicidad de los grandes de la timba deportiva y los casinos online en las finales de la Libertadores masculina y la Sudamericana femenina, disputadas en Montevideo.

Ahora, en medio de un mar de contradicciones, la Secretaría Nacional del  Deporte admitió que negocia con las autoridades del fútbol para sellar el retorno de la cerveza con alcohol a los estadios. Hasta la semana pasada negaba que estuviera en esos trajines con la Asociación Uruguaya de Fútbol, ansiosa de contar con el esponsoreo. Se trata de mucha plata. Sin comparar, el patrocinio de Budweiser al Mundial de Qatar  le dejará a la FIFA 75 millones de dólares, aun con las muy extrañas y susgestivas restricciones de último momento.

“Estamos perdiendo millones al año por esta veda” dijo Gastón Tealdi, un dirigente de la AUF. La ley de erradicación de la violencia había llegado junto con el programa “KO a las Drogas”, que sacó de la calle a miles de chicos, recibidos por una red de gimnasios creada para atender a los más humildes, los más propensos a practicar el boxeo. Pero se acabó el financiamiento.

El tema ya llegó, informalmente aún, a la comisión de deportes de Diputados, llevado por un legislador del oficialismo. “Las cámaras de videovigilancia y el registro de hinchas violentos permitirían la vuelta”, opinó Eduardo Bedoian. “Hay que considerar que los incidentes de inseguridad se relacionan con disputas de los barras y no con el consumo de cerveza”. El dirigente sostuvo que el alcohol de hecho se consume en los palcos, que “son propiedades privadas donde ni la policía ni la AUF pueden hacer nada”. Tomando por idiotas a los ciudadanos de a pie, agregó: «Hay sponsors, benefactores, que fabrican bebidas alcohólicas y que quieren estar en el fútbol, a los que no se les puede negar ese derecho”.

Aprovechando la complacencia de la SND, que no fue negada por Lacalle, que a la vez impulsa una ley para autorizar el funcionamiento de los casinos online –el proyecto ya tiene la media sanción del Senado–, otros legisladores oficialistas aprovechan la marea para tratar de anular la ley de Tolerancia Cero en el consumo de alcohol entre los automovilistas. Quieren llevarla de 0 a 0,5 gramos por litro de sangre, pese a que sus resultados han sido óptimos y a que nadie lo demanda. Cada tanto, el gobierno desempolva este proyecto, aduciendo que la prohibición afecta a la industria vitivinícola, un dato falso, según los propios bodegueros. El modelo uruguayo, puesto como ejemplo por la OMS, señaló que ante una media global de 60% de muertes asociadas con accidentes de tránsito, Uruguay no llega al 20%.

No es la única medida que el gobierno toma sin que se vea quiénes son los que hacen lobby. Es evidente que hay otros hilos conductores que, como en el caso del tabaco, llevan a las empresas que financiaron la campaña electoral del presidente. Lacalle dijo que el decreto que desanda todo lo positivo hecho por el FA fue dictado y firmado a pedido de los amigos de Montepaz, la mayor tabacalera uruguaya. No es el único favor recibido por la industria. Días después de asumir, en marzo de 2020, Lacalle autorizó por decreto la venta de cigarrillos electrónicos, un vaporizador de soluciones líquidas de nicotina y tabaco seco para inhalar. La norma favoreció a Philip Morris. Su CEO, Jacek Olczak, dijo que la multinacional trabaja para que en 2025 el 50% de sus ingresos globales sea generado por el IQOS, un dispositivo que calienta el tabaco.

Si bien ese sector fue el más mimado por Lacalle, entre aquellas medidas iniciales hubo otras. El presidente, que siendo diputado, en 2014 votó contra la ley de ocho horas de trabajo diario para los trabajadores rurales “porque no lo considero adecuado” –él, su padre, su familia explotan grandes propiedades ganaderas–, no se olvidó de los dueños de la tierra y decidió una rebaja de los aportes previsionales de las empresas rurales, que pese a la pandemia de COVID nunca dejaron de trabajar. Venden directamente a los frigoríficos. A mediados de 2022 la exoneración de aportes patronales a la seguridad social benefició a las agencias de viajes y transporte terrestre de grupos turísticos y excursiones.

De los tres fantasmas maternos sólo el juego quedaba a la intemperie, hasta que la semana pasada el Senado dio media sanción a un proyecto que abre las puertas a las maquinitas tragamonedas y a los casinos online (fuga de capitales, lavado de dinero, narcotráfico, explotación sexual). Para sorpresa del sindicato de trabajadores de casinos y de la PIT-CNT, los legisladores del FA levantaron la mano junto con el oficialismo. Ni los daños sociales derivados de la timba  ni el hecho de que anualmente se vaya en las mesas de juego alrededor del 2% del PBI, frenaron a los senadores. En Diputados será distinto, anunciaron. Entre ellos el oficialista Sebastián Cal, que apuntó al mentón del gobierno: “Por ahora, sólo huelo que hay demasiado apuro por aprobar esto”.