El arrepentido De Goycochea tiene una causa por defraudar a la empresa en la que trabajaba

El primer arrepentido en la causa de las fotocopias de los cuadernos, Juan Carlos de Goycoechea, fue acusado por la propia empresa en la que trabajaba, la multinacional Isolux, por una presunta defraudación por un monto no inferior a los 25 millones de pesos. ¿De qué manera? Mediante la supuesta subcontratación de una empresa para «la ejecución y desarrollo integral del proyecto y construcción, bajo la modalidad llave en mano, de una central termoeléctrica a carbón en la localidad de Río Turbio, Santa Cruz». Por esa usina está preso el exministro de Planificación, Julio De Vido.

La existencia de la causa fue reconocida por el propio De Goycochea en su indagatoria ante el juez Claudio Bonadio. Tramita ante la justicia ordinaria y se investigan las conductas de De Goycochea, Mario Maxit y otros «en perjuicio de la sociedad Isolux Ingeniería SA, consistentes en el desvío de diversas sumas de dinero que se encontraban depositadas en la cuenta bancaria de la empresa en su provecho personal o en el de terceros». Maxit aparece vinculado con el anterior gobierno pero también con el actual, por lazos familiares y por la operación con los parques eólicos que benefició económicamente a empresas del Grupo Macri.

El 7 de diciembre de 2007 se formó la Unión Transitoria de Empresas (UTE) entre Grupo Isolux Corsan, Isolux Ingeniería, Ghesa Ingeniería y Tecnología y Tecna Estudios y Proyectos de Ingeniería. Esa UTE era adjudicataria de las obras en Río Turbio.  El arrepentido De Goygoechea y Maxit quedaron a cargo del proyecto, pero no hicieron la obra. Contrataron a una tercera empresa, GVA. Allí apareció en escena el abogado Leónidas Spirópulos, quien «tenía a su cargo la mayoría de las cuestiones legales de Isolux».

No está claro si GVA realizó o no las obras que le habían sido tercerizadas, pero en 2016 el presidente de la empresa, Gustavo Vargas, demandó a Isolux por incumplimiento de los términos acordados. Según se desprende de la causa, existía una «inusual modalidad de pago» entre la UTE Isolux y GVA. Consistía en «la emisión de certificados de obra por parte de GVA, los cuales al ser aprobados por la UTE eran facturados y pagados, sin que se verifique la existencia de una orden de compra previa». El reclamo fue, en un momento, por 60.283.988,36 pesos y terminó consolidándose en 25 millones, cuyo pago fue acordado en 20 cuotas de 1.250.000.

La filial argentina de Isolux (la empresa madre está en España) denunció que «todas esas supuestas deudas eran espurias y el supuesto arreglo de ellas no era más que la consumación de una maniobra tendiente a despojarla de su patrimonio y beneficiar indebidamente a terceros». Entre esos «terceros» está el arrepentido De Goycochea, quien declaró ante Bonadio que había pagado «coimas» a exfuncionarios del gobierno anterior.

Isolux denunció que «existió complicidad entre los empleados infieles De Goycoechea y Maxit y el abogado Spirópulos». ¿Por qué expresó eso? Porque Spirópulos aparece como presidente de Lesdyr SRL, una empresa cuyo objeto social es «construcción de obras viales y civiles… mediante contrataciones directas o licitaciones y actuando por cuenta propia, o como contratista o subcontratista». Es decir, una competidora de Isolux.

Lesdyr tiene la misma sede social que GVA (la tercerizada contratada para Río Turbio).

De Goycoechea y Maxit son socios de Lesdyr. «