El «arte» del traslado judicial

Las causas judiciales que involucran a ex funcionarios, operadores y espías del régimen macrista se asemejan a una partida de ajedrez disputada por jugadores de vóley: los expedientes son arrojados una y otra vez por encima del tablero. 

Un ejemplo particularmente obsceno fue la apropiación indebida, por parte del camarista Eduardo Riggi –cuyo alineamiento con la cúpula de Juntos por el Cambio (JxC) es explícita– de la causa instruida por la jueza federal María Servini de Cubría sobre el cúmulo de aprietes a los empresarios Fabián De Souza y Cristóbal López, del Grupo Indalo.

Ocurre que sus fojas contienen una alhaja probatoria: todos los cruces telefónicos entre Mauricio Macri y los integrantes de la mesa judicial. Claro que –por una denuncia del abogado Carlos Beraldi, quien patrocina a Cristina Fernández de Kirchner–, dicho miembro de la Sala III de Casación tendrá que justificar su proceder ante el Consejo de la Magistratura.

Aun más alevoso es el traslado de los dos expedientes por espionaje instruidos en Lomas de Zamora por el juez federal Juan Pablo Augé. Se trata de la resolución tomada por la Sala IV de la misma Cámara, con los votos de Javier Carbajo y Mariano Borinsky. Su siguiente escala son los cuestionados tribunales de Comodoro Py.

Dicho envío contiene la pesquisa por el fisgoneo sobre CFK en el Instituto Patria y la de las escuchas a los presos kirchneristas en los penales de Ezeiza y Marcos Paz. Es casi una ironía del destino que la jueza sorteada para recibirlas, María Eugenia Capuchetti, tuviera que ser acompañada en esa tarea por el fiscal Carlos Stornelli, a su vez procesado por espionaje en el Juzgado federal de Dolores. Pero él ya se excusó de intervenir ante la certeza de que sería recusado. 

No obstante, en el medio pasaron cosas: por una apelación del doctor Beraldi (sí, otra vez él), aquella mudanza hacia Retiro quedó por ahora frenada hasta que la cuestión quede “en firme”. Ello posibilitó que, en guerra contra el reloj, Augé apurara ciertas cosas solicitados por los fiscales; específicamente, 38 procesamientos.

Así quedaron encartados los máximos ex cabecillas macristas del SPF (Servicio Penitenciario Federal) y de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia), junto con su ex director de Contrainteligencia, Martín Coste; el de Finanzas, Juan De Stefano; el jefe de los “Súper Mario Bros”, Alan Ruíz y todos sus muchachos, además de la secretaria de la Casa Rosada, Susana Martinengo.

Sin embargo, antes de que se resolviese esa apelación que congelaba el tránsito del expediente hacia el despacho de la doctora Capuchetti, se produjo la intrusión de un hombre que vino del pasado: el juez federal de Quilmes, Luis Armella. Resulta que él ahora reemplazara al juez Augé. Otra vuelta de tuerca para una comedia fantástica.

Tal cuestión fue obra de la Cámara Federal de La Plata, en cumplimiento con la ley de subrogancia que fija tales reemplazos por un plazo máximo de dos años. Ese es el período que Augé viene ocupando el Juzgado Federal Nº 2 de Lomas. Y Armella fue elegido por la cercanía de su despacho quilmeño con el coto judicial vacante. Un destino acaso efímero, ya que su potestad será apenas por un mes, aunque sujeta a una eventual renovación. ¿Qué diablos puede resolver un magistrado atado a tales períodos, máxime si tiene una montaña de expedientes por instruir?

De todos modos, Armella está aún a tiempo –hasta la semana entrante– para rechazar este presente griego.

Armella, quien había sido fiscal en Quilmes, pasó a ocupar el juzgado federal de ese distrito a comienzos de 2004. Cuatro años más tarde, la Corte Suprema puso en sus manos la ejecución de la sentencia por el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. Pero fue eyectado de esa función luego de que un artículo de Horacio Verbitsky en el diario Página/12 pusiera al descubierto que había concedido obras sin licitación a familiares y amigos.

Su modus operandi habría consistido en fijar plazos antojadizamente breves por lo que la Acumar (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo) se veía forzada a eludir los mecanismos licitatorios legales, por lo que se incurría en contrataciones directas a empresas con lazos entre sí y vínculos con el juez.  

Por entonces, el Poder Ejecutivo nacional –presidido por CFK– hizo la denuncia penal contra Armella y pidió su juicio político en el Consejo de la Magistratura. Los cargos contra él: “estafa contra la administración pública, violación de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública”. Finalmente, solo fue apartado del asunto, porque la causa penal no pasó a mayores y el jury naufragó por falta de quórum.

Ahora deberá tramitar un expediente que tiene por víctima a la actual vicepresidenta; es decir, su antigua denunciante.

Tal vez ella lo recuse, aunque también es posible que el propio Armella se termine por excusar.

Entonces la Cámara platense deberá evitar otra paradoja del azar. «