El juez Ariel Lijo no encontró pruebas suficientes para mantener procesado al empresario, quien fue acusado de haber aportado el capital para el fallido rescate de la imprenta.

Lijo había procesado a Brito a fines de 2018 como “partícipe necesario del delito de negociaciones incompatibles”, y le atribuyó haber aportado a través de interpósitas personas de su confianza parte del capital para el rescate de la imprenta.
Pero ahora, después de que la Cámara Federal revocara aquel procesamiento, Lijo modificó su criterio y estableció que “se verificaría un escenario probatorio débil, en el que si bien se constataron ciertas vinculaciones, esa situación no permite inferir las conclusiones a las que arribó este juzgado en el resolutorio adoptado el 7 de diciembre de 2018”.
La causa, conocida como Ciccone II, investiga la supuesta participación de Brito y otros imputados en el proceso –todavía en revisión ante la Corte Suprema de Justicia- por el cual según dos instancias judiciales Boudou utilizó su poder político para apropiarse de la fábrica de hacer billetes.
Ciccone estaba quebrada y desde el Estado se propició, como con otras empresas estratégicas en situación similar, un plan de rescate, con el declamado objetivo de preservar las fuentes de trabajo de una añeja empresa de origen familiar, que tuvo su fulgor en los 90, durante el gobierno de Carlos Menem.
Boudou y Núñez Carmona, entre otros, fueron condenados por aquel proceso. El ex vicepresidente califica a su condena como un caso de “lawfare” y lo atribuye a una persecución política por su decisión de re estatizar el sistema previsional poniendo fin a las AFJP.
“A esta altura de la investigación, y tras un exhaustivo análisis, no existen elementos para continuar sosteniendo que Jorge Horacio Brito haya estado ligado a la maniobra global en estudio”, sostuvo Lijo.
En la misma resolución, de 187 páginas, sobreseyó a los ex empleados de Brito en el Banco Macro Máximo Eduardo Lanusse y Francisco Martín Sguera.
“No existen pruebas pendientes que sean cruciales para corroborar si Jorge Horacio Brito estuvo
involucrado, de cualquier forma, en el gerenciamiento de la empresa de quien en ese momento era el Vicepresidente de la Nación”.
Lijo había sostenido en 2018, cuando procesó al banquero: “Para la adquisición del capital requerido para hacer frente a la operación se recurrió a inversores privados, que habrían sido Jorge H. Brito y Raúl Moneta. El primero habría realizado las negociaciones con Amado Boudou y aplicado la estructura de su grupo económico para las diversas gestiones, el segundo habría sido la cara visible de la inyección, permitiéndole a Brito mantenerse en el anonimato de la operación”.
En aquella oportunidad, el principal elemento de cargo contra Brito había sido la declaración como “arrepentido” de Alejandro Vandenbroele, un empresario que apareció como el titular de la firma que aspiró a quedarse con Ciccone.
Vandenbroele -hoy bajo investigación porque explota un emprendimiento turístico en Mendoza supuestamente financiado por el gobierno nacional durante la gestión de Mauricio Macri como presidente y Germán Garavano como ministro de Justicia- “manifestó que se enteró de la participación de Jorge Horacio Brito por los dichos de Núñez Carmona”. El amigo de Boudou negó tal situación.
El fallo exculpatorio de Lijo para con el banquero acogió un pedido de la defensa del 14 de mayo último, que pidió el sobreseimiento argumentando que “la investigación se encuentra agotada” sin pruebas para incriminarlo.
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