El gobierno puso en marcha su programa de "sinceramiento" patrimonial. Espera obtener 20 mil millones con beneficios y premios a los evasores.

La movida cuenta con viento de cola. A partir del próximo año, unos 80 países comenzarán a compartir de manera automática su información fiscal. Eso implica que, como aludió Macri, los evasores locales tendrán menos margen para jugar a las escondidas con su patrimonio. A ese estímulo, el Gobierno agregará una puntillosa campaña de la AFIP.
El organismo que conduce Alberto Abad tiene listas diversas estrategias de inducción para que los contribuyentes ingresen al blanqueo y a la moratoria fiscal. La fase inicial será incluir tres solapas en el micrositio Sinceramiento de su web. En una de ellas se consignarán las inconsistencias sobre bienes, ingresos y consumos; en otra, las deudas exigibles pasibles de moratoria; y la tercera le dirá al ciudadano si está en la lista de los «cumplidores», con lo que podrá evitar el pago del Impuesto de Bienes Personales por tres años u obtener la devolución de Ganancias sobre el medio aguinaldo.
Según informó la AFIP, la campaña irá creciendo en intensidad. Por ahora, las solapas se elaboran en base a información propia, pero a medida que avance el año, la presión a los contribuyentes se nutrirá con datos provistos por compañías de seguro, inmobiliarias, guarderías náuticas y permisos de construcciones. Pero Abad ya hizo saber que, además, cuenta con un listado de 1526 inmuebles no declarados de argentinos en Uruguay.
Estas acciones del organismo fiscal se irán desplegando en función del resultado inicial por vía amistosa. Es decir, de la plata que se obtenga por la exteriorización voluntaria con pago de multa o la suscripción de instrumentos financieros que ofrecen un premio adicional al blanqueador.
La Ley prevé una multa del 10% para quienes blanqueen más de 800 mil pesos. Pero hay un modo de evitar la quita: suscribiendo títulos o cuotapartes de Fondos de Inversión. En esos casos, los fondos deberán permanecer inmovilizados durante un período de tiempo (3, 4 o 5 años, según el instrumento que se elija), pero el gobierno instrumentó compensaciones para evitar que los blanqueadores pierdan rentabilidad. Un ejemplo: el bono a 7 años paga un modesto cupón del 1% y obliga a mantener inmovilizado por 4 años un tercio del capital blanqueado. Pero los dos tercios restantes se pueden invertir con libertad en activos internos o externos- que garanticen renta. O sea: un blanqueo sin costo y con ganancia. Doble premio para los evasores, que además cuentan con un beneficio adicional: la promesa expresa de que no se los pesquisará.
El encargado de formalizar esa ofrenda fue Mariano Federici, titular de la Unidad de Inteligencia Fiscal (UIF). Al que sea sólo evasor no se lo investigará, dijo el funcionario, a cargo del organismo antilavado, para despejar dudas. Aunque aclaró que sí se reportarán movimientos de fondos que pudieran provenir de otros delitos. El límite, entonces, es difuso: ¿el Estado va a investigar o no el origen de los fondos que se pretendan blanquear? Tiempo intentó saldar esta duda con Federici, pero no obtuvo precisiones sobre eso. Tampoco sobre el misterioso viaje que Federici realizó esta semana al paraíso fiscal de Panamá (ver aparte).
La batería de atractivos muestra la importancia crucial que el Gobierno le asigna al blanqueo. Como hecho, y como golpe de efecto. Luego de concluir su primer semestre de mandato con todos los indicadores sociales y económicos en rojo, Macri necesita apuntarse un éxito para frenar la acelerada erosión política que evidencia su gestión. Ese prometido y postergado shock de confianza que oficie de desfibrilador para una economía que luce inanimada. «
Panamá
El pasado lunes 1, la web de Tiempo consignó un viaje relámpago del titular de la UIF, Mariano Federici, a Panamá. Las razones de la escapada son un misterio. En la Justicia desconocen qué pudo haber motivado el viaje. Consultada por este diario, la UIF dijo que «esta Unidad no brinda información sobre las tareas que realiza ni tampoco sobre la actividad de sus funcionarios».
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