El blindaje a Stornelli mantiene paralizada la causa de las fotocopias

La causa de las fotocopias de los cuadernos se ha convertido en el principal sostén del fiscal Carlos Stornelli para eludir (esta semana por quinta vez) el llamado a indagatoria del juez Alejo Ramos Padilla en la causa en la que está acusado de ser parte de una asociación ilícita. Stornelli es la principal razón, casi excluyente, que explica por qué la investigación de los cuadernos escaneados, que está en condiciones de pasar ya a juicio oral y público, todavía permanece en la primera instancia.

En marzo pasado, el juez federal Claudio Bonadio reconoció, durante una exposición en un evento organizado en una guarnición militar por una fundación a la que pertenece el empresario Mario Montoto, que estaba “terminado el trabajo sucio de las llamadas a indagatorias”. Ex funcionarios y empresarios están con procesamientos confirmados por la Cámara Federal, que además avaló prácticamente todo lo cuestionable del expediente. No hay movimientos significativos desde hace semanas. Incluso Bonadio estuvo 21 días de licencia por un problema de salud y su subrogante, Ariel Lijo, no se vio obligado a tomar ninguna medida de urgencia, porque no las hay.

¿Entonces por qué la causa no pasa a un tribunal oral para enderezarse rápidamente hacia el juicio propiamente dicho? Las defensas de todos los imputados esperan ansiosamente ese momento, porque allí se abrirá una nueva posibilidad de plantear tantas nulidades por las formas  y los métodos de la investigación, que sostienen que la causa se caerá. Pero eso no ocurriría en el corto plazo. Por el contrario, en lo inmediato (en tiempos electorales) ayudaría a Cambiemos a mostrar mediáticamente su pregonada “lucha contra la corrupción” como argumento de campaña.

Pero si la causa pasara a la etapa de juicio dejaría de estar en manos de Bonadio y de Stornelli. Y Stornelli es, hoy, “el fiscal de la Causa Cuadernos”. En esa condición merece los favores y las protecciones que le permiten, como a ningún otro argentino, eludir –con el aval tácito de su jefe, el procurador general interino Eduardo Casal- la acción de la Justicia, que desde hace meses le pide explicaciones.

La ofensiva mediática que pretende demostrar que la investigación de Ramos Padilla es una “operación para desarticular la causa de los cuadernos” tendrá probablemente este domingo un nuevo y rimbombante capítulo.  Las escuchas telefónicas (sobre cuya legalidad hay más dudas que las de los rivales que enfrentan las gambetas de Lionel Messi), sumadas a la presencia de Stornelli junto a Mauricio Macri y el propio Montoto –su nombre aparece reiteradamente en Dolores- en el acto por el Día del Ejército y la decisión de dormir la Causa Cuadernos conforman la tríada de protección mediático-político-judicial que  hoy ampara a Stornelli.

El juez Ramos Padilla no goza de los mismos beneficios. El jueves pasado estuvo en la sede del Consejo de la Magistratura, en la Capital Federal. El día anterior, un secretario de la comisión de Disciplina y Acusación le notificó sobre los cuatro expedientes unificados que piden su juicio político y le comunicó que tiene 20 días para formular su descargo. Ramos Padilla fue denunciado por el representante del Ejecutivo en el Consejo, Juan Bautista Mahiques, flamante designado como jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires por impulso de Cambiemos. Mahiques cumplió con la instrucción que anunció el presidente, Mauricio Macri, en el programa de TV dominguero de Luis Majul. El pedido de juicio político fue empujado por el ministro de Justicia, Germán Garavano. En el Consejo, el expediente contra Ramos Padilla está a cargo del diputado de Cambiemos Pablo Tonelli.

El juez viajó a Buenos Aires para ver la prueba y el contenido de las acusaciones en su contra. Si un juez puede ser sancionado o incluso destituido con los elementos de cargo que pesan sobre Ramos Padilla entonces, directamente, deberían ser removidos más del 90% de los magistrados federales y nacionales cuyas conductas supervisa el Consejo.

Ramos Padilla anunció que será abogado en causa propia. No va a designar defensor sino que se defenderá a sí mismo. Ante la existencia de actos de venalidad de jueces que el Consejo conoce, la acusación contra el magistrado de Dolores es, sencillamente, ridícula. Pero lo incomoda, le marca la cancha, le moja la oreja y lo obliga a perder tiempo y recursos.   «

Nueva detención

La causa que investiga el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, tiene un nuevo detenido. El supuesto financista Pablo Leonardo Bloise fue arrestado el viernes e indagado el sábado. Está acusado de integrar junto con el falso abogado Marcelo D’Alessio, el expolicía bonaerense Ricardo Bogoliuk y una cuarta persona identificada como Marcelo Patricio González Carthy de Gorriti, una organización «dedicada a efectuar de forma habitual, organizada, con división de roles específicos y de manera estable en el tiempo, al menos desde el 20 de marzo al 11 de diciembre de 2018, transferencias financieras internacionales varias veces millonarias en dólares estadounidenses o euros conectando a las distintas partes de los acuerdos (‘sender’ y ‘receiver’) a cambio de una comisión porcentual por cada una de las operaciones concretadas».

El 24 de abril pasado, Tiempo informó que Ramos Padilla investigaba, con la colaboración de la Fiscalía de lavado de activos (Procelac), «complejas operaciones por cientos de millones de dólares y euros a través de cuatro continentes. (…) Este grupo habría obtenido una licencia para efectuar operaciones offshore utilizando como base para ello una filial del Foreign Forance Bank en Anoujan, Islas Comores».

Ramos Padilla citó a ampliar indagatoria por esas actividades también a Bogoliuk, para el 4 de julio, y al propio D’Alessio, para el 11.