El bolillero azaroso de la Justicia

Un empleado judicial que intentó ayudar a un arrestado que estaba convulsionando en el piso, un estudiante que no participaba de la manifestación sino que iba a casa de un compañero para preparar un parcial, la encargada de un bar y estudiante de la Universidad de San Martín. No se conocen entre sí. Sin embargo, el miércoles 12 de junio todos terminaron presos por –supuestamente- cometer “delitos contra los Poderes Públicos y el Orden Constitucional y perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos”. 

¿Por qué algunos fueron excarcelados y otros continúan detenidos (y probablemente pasen al menos las próximas dos semanas entre rejas)? No hay una explicación. Ni en uno, ni en otro sentido. Cual si se tratara de un bolillero azaroso: “Al que le toca, le toca. Suerte loca”.

El juzgado federal de María Servini hizo un punteo de los detenidos por las protestas contra la aprobación de la Ley Bases. Y les atribuyó supuestos “motivos” de esas detenciones: “pega policía”, “bici”, “ataca moto”, “tira piedra”, “judicial”, “ayuda foto”, “filmado”, “fotógrafo”, “antecedentes”, “patea policía”, “granada”, “salta valla”, “beligerante”. En esa planilla hay 13 detenidos que directamente tienen el casillero en blanco. Están (o estuvieron) presos y no se sabe por qué.

Uno de los que salió es Gonzalo Duro, trabajador judicial estable desde hace 19 años, empleado del juzgado de instrucción número 61. En cercanías del Congreso vio a un detenido convulsionando en el piso, rodeado de policías. Intentó ayudar para que no se muriera.

Duro sufre desde muy joven una enfermedad neurológica que le generó una deformación en su rostro. Cuando se acercó al convulsionante, los policías le indicaron que se fuera. Insistió, y como respuesta a su intento solidario escuchó de labios de un uniformado:

– ¿Vos te viste al espejo? ¡Andá a arreglarte la cara! Tomátelas…

Duro reaccionó con una catarata de insultos contra el oficial discriminador. Terminó tomado de los hombros y arrojado a un grupo de policías que, tras “reducirlo” (eufemismo para explicar que lo molieron a golpes) lo convirtieron en uno de los 33 detenidos por su presunta participación en un golpe de Estado.

Estudiante avanzado de abogacía y conocedor del derecho, Duro exclamó mientras lo esposaban:

– ¡Hábeas Corpus! ¡Quiero presentar un Hábeas Corpus!

– ¿Qué es eso?

-Una garantía constitucional.

La reacción policial fue la que todos están imaginando.

Duro y los otros 32 detenidos están acusados por delitos que llegan hasta los 15 años de prisión: daños, intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, delitos contra los Poderes Públicos y el Orden Constitucional, atentado y resistencia a la autoridad y perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos.

Las resoluciones de la jueza María Servini sobre las excarcelaciones tienen una decena de páginas. Las primeras siete son exactamente iguales y las últimas cambian, según sea concesión o rechazo. ¿Qué define hacia uno u otro sentido? En Comodoro Py cobra cuerpo la expresión de un juez (¿o una jueza?) en confidencia: “Al gobierno le vamos a dar la mitad de lo que pida”.

“Los manifestantes que concurrieron a la marcha comenzaron a arrojar elementos contundentes hacia el personal policial que estaba custodiando las inmediaciones del Congreso de la Nación, correctamente identificado con sus uniformes, ocasión en la cual se generaron corridas, y se logró detener al compareciente, quien había arrojado piedras y/o botellas al personal policial, momento en el que además se volvió altamente agresivo, refiriendo todo tipo de insultos verbales y propinando golpes y patadas, sin lesionar a dicho personal policial”, dice la acusación genérica.

Para los que les sonrió el bolillero, Servini firmó que “más allá de la escala penal global de los hechos traídos a conocimiento, no se aprecia aquí ningún otro indicio que permita concluir que en caso de recuperar el pleno goce de su libertad ambulatoria el imputado intente eludir el accionar de la Justicia o intentar entorpecer el avance de esta investigación”. 

Para los que la suerte les fue esquiva, escribió que “no se puede pasar por alto la gravedad de los hechos materia de investigación, donde se encuentra pendiente la producción de diversas medidas probatorias, tales como la profundización de la investigación destinadas a establecer un completo alcance de los hechos bajo investigación, como así también determinar nuevas responsabilidad. Sobre este punto, remárquese el secuestro de numerosos teléfonos celulares, sobre los cuales se dispondrán tareas de extracción; cuyos resultados podrían derivar en determinar aspectos esenciales de los hechos sub examine y en la identidad de otras personas involucradas”.

Es curioso: al menos tres de los excarcelados se fueron en la madrugada del sábado de Comodoro Py con sus teléfonos celulares. No se los secuestraron. ¿Cómo los piensan peritar?

El fiscal federal Carlos Stornelli, quien se opuso a todas las excarcelaciones, sostiene que los 33 imputados más otros “que aún no fueron identificados” incitaron a la violencia colectiva “contra las instituciones, imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o la intimidación, infundiendo temor público y suscitando tumultos y desordenes, a la vez de erigirse en un posible alzamiento en contra del orden constitucional y la vida democrática”.

Es decir: una organización que se montó sobre una protesta contra la Ley Bases para derribar al gobierno. Sin embargo, casi la totalidad de los detenidos no se conocen entre sí. Ello no sólo surge de las historias personales de cada uno sino también de un detalle que en la lectura tribunalicia no pasa inadvertido: tienen diferentes defensores. Varios abogados particulares, otros de organismos de Derechos Humanos y civiles y también defensores oficiales. Los abogados tampoco tienen relación entre sí, más allá del conocimiento mutuo por transitar a diario por los mismos escenarios durante muchos años.

Todas las denegatorias de excarcelaciones están siendo apeladas. Pero el trámite burocrático insume un tiempo incompatible con los feriados y la semana laboral corta que se avecina. Con suerte, los detenidos pasarán “sólo” dos semanas en los penales de Ezeiza y Marcos Paz. En ese ínterin, Servini podría resolver sus situaciones procesales y poner cada cosa en su lugar: la cacería policial bajo investigación, desestimar la exageración de la acusación y procesar sólo sobre la base de pruebas.

De eso, aunque rara vez ocurra, se trata la Justicia.