Escándalo en el PAMI de El Bolsón: despidos, sospechas y el rol clave de una diputada libertaria

La voracidad de la diputada nacional libertaria por Río Negro, Lorena Villaverde, para controlar las sedes del PAMI y la Anses de toda la provincia terminó con un escándalo en El Bolsón, con despidos y suspensión de trabajadores y un manto de sospecha que alcanza a un intendente y a un constructor de la Comarca Andina, propietarios de un pequeño multimedios sensacionalista. Y, además, amenaza con expandir un conflicto sindical a toda la provincia por la reincorporación de los trabajadores ilegalmente cesanteados.

Toda la operación comenzó cuando la web oficialista InfoChucao publicó una carta anónima de una supuesta hija de una beneficiaria del PAMI, quien se quejaba por la ausencia de trabajadores en la oficina local el pasado miércoles 18, en coincidencia con las protestas de escala nacional en reclamo por la libertad de la expresidenta Cristina Kirchner.

Con abundancia de adjetivos y un lenguaje trabajoso, la web asumía la veracidad de supuesta carta, hablaba de un paro irresponsable e intempestivo que vinculaba con la marcha por Kirchner, culpaba por ello a las autoridades locales del organismo y cuestionaba los derechos laborales de los y las trabajadoras.

En pocas horas se desencadenó una secuencia de hechos enlazados: una virtual cadena de medios locales escaló el tema con aire indignado sin verificar la veracidad de la denuncia anónima; los referentes del ultraderechista La Libertad Avanza presentaron de inmediato la acusación ante responsables provinciales del PAMI y, con los medios como única fuente, reclamaron sanciones que se cumplieron ayer con el despido de la jefa de la delegación, María Eugenia Alonso, y la suspensión de otros dos trabajadores con la carta anónima como única prueba.

La gran mayoría de las delegaciones del PAMI y de la Anses de Río Negro están bajo el control político de Villaverde, quien es la mayor referente de la extrema derecha en la provincia pese a que carga con graves denuncias sobre fraudes, malversaciones, estafas y hasta una condena por narcotráfico en los Estados Unidos.

La regional Andina Sur de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) había negado desde un principio lo afirmado en la carta anónima, lo justificó con la cantidad de prestaciones que se realizaron ese mismo día aun cuando se encontraban realizando medidas de fuerza parciales en el marco de un plan de lucha de alcance nacional que estaba notificado en el Ministerio de Trabajo desde una semana antes.

ATE definió como ilegales e inconstitucionales a las sanciones, que se llevaron adelante sin pruebas y sin la realización de un sumario interno previo. El sindicato puso en marcha en primera etapa las acciones legales y no descarta que el conflicto se expanda al resto de la provincia.

La motosierra avanza

Todas las fuentes consultadas por Tiempo Argentino en la provincia, coinciden en que se trata de un avance de la polémica diputada Villaverde, quien hasta ahora no había podido desplazar a la jefa de la delegación debido a que Alonso es empleada de planta del PAMI, y ocupaba la jefatura de la delegación propuesta por todos los trabajadores desde 2020.

De hecho, la diputada ya daba por sentada las sanciones cuando sus afiliados en El Bolsón apenas habían comenzado a denunciar a los trabajadores del PAMI.

“Villaverde exigió varias veces la cabeza de Alonso pero no podía lograrlo por las buenas; ahora se mandó con la motosierra”, confiaron las fuentes consultadas por Tiempo.

El sitio oficialista Infochucao que inició la operación política en el PAMI con la carta anónima, integra un pequeño multimedio oficialista y libertario con la “Radio de la Cordillera FM 105.5”, una frecuencia que ocupa ilegalmente desde hace años. Según los registros del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) la frecuencia ahora está libre, luego de haber sido asignada a una escuela rural en el Paraje Mallín Ahogado, al norte de El Bolsón. Sus medios tienen posiciones de extrema derecha y suelen publicar acríticamente toda la información oficialista.

Al frente de la empresa figura el constructor Sergio Díaz, quien realiza obras públicas en los municipios de la Comarca Andina y en ocasiones bajo condiciones reñidas con la legalidad. Por ejemplo, en 2019 construyó aulas dos en la escuela primaria de El Hoyo, con trabajadores sin registrar, sin planos ni medidas de seguridad poniendo en riesgo a cientos de niños de entre 7 y 12 años. Actualmente, entre otras tareas, tiene a su cargo la finalización de la Terminal de Micros de El Bolsón.

En el pequeño multimedio también está involucrado el intendente de la localidad de Lago Puelo, Iván Fernández, quien permaneció un par de años en prisión domiciliaria condenado por una estafa al mismo municipio que ya había gobernado entre 2003 y 2015.