Se trata de Gustavo Ferrari. Su elemento clave: Natalia Gambaro, actual titular de la ANMaC.
Ferrari y Gambaro, del riñón político del denarvaísmo, compartieron bancada de 2009 a 2013 en el bloque Peronismo Federal, en Diputados. De ahí saltaron al sciolismo donde Ferrari fue asesor general de Gobierno y luego al macrismo. Cuando en 2014 un informe de Canal 13 dejó en evidencia que el cura Julio César Grassi, condenado por pedofilia, desviaba donaciones de la Fundación a la Unidad 39 de Campana, donde permanece alojado, Gambaro fue nombrada «interventora normalizadora».
Gambaro debía ordenar las cuentas y establecer cuál era la situación de los chicos. La Provincia cambió de manos, pero Ferrari y Gambaro siguieron en sus cargos. Por fin, el 24 de diciembre de 2014, el Consejo de Administración de la Fundación nombró presidente al secretario de Ejecución Penal de la Defensoría de San Martín, Juan Manuel Casolati. Gambaro recaló en el ex Renar.
El día 23, la interventora saliente presentó un «informe de gestión». El entonces director de Personas Jurídicas Enrique Trotta lo aprobó el 29. Así se dio por finalizada la intervención, sin que se presentaran «los ejercicios económicos cerrados desde el 30 de septiembre de 2007 al 2014 inclusive», trámite que le fue exigido a las nuevas autoridades.
«Siento que me hicieron una trampa, recién me notificaron de esos faltantes a tres meses de asumir. Fue imposible reconstruir esos balances. Pedimos tiempo y un plan de pagos para una deuda de decenas de millones que había, pero lo rechazaron», se quejó a Tiempo Casolati.
En junio pasado, la Provincia intervino una vez más la Fundación, pero esta vez una comisión de tres abogados que responden a Ferrari fueron con la orden de «liquidar» los bienes. Días atrás, la Justicia suspendió preventivamente la medida. Sin embargo, la decisión de Vidal y su ministro de Justicia ya estaba tomada. «
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