La denuncia de corrupción contra el presidente de Brasil, hecha por el fiscal general, Rodrigo Janot, será recibida o rechazada por una votación de la Cámara Baja, donde los parlamentarios, micrófono en mano, deberán decirle a la sociedad si autorizan el procesamiento del jefe del Estado.
Según el reglamento parlamentario, el juez Edson Fachin, del Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema), a cargo del caso del mandatario, puede enviar directamente la denuncia hecha por el fiscal ante la Cámara de Diputados o pedir la opinión de la defensa de Temer.
Es clave en la cámara baja la elección de un diputado instructor en la Comisión de Constitución y Justicia: este parlamentario dará una opinión sobre rechazar o aceptar la denuncia.
Luego, este informe del parlamentario instructor deberá ser sometido por el pleno de la Cámara de Diputados, en una votación nominal, con micrófono y con transmisión televisiva en vivo, como ocurrió cuando se votó el juicio político de la presidenta Dilma Rousseff en abril de 2016.
Para que la denuncia sea aceptada -y Temer procesado- es necesarios que voten a favor del fiscal general dos tercios (432 votos) de los 513 integrantes de la cámara baja.
El presidente de la Comisión de Constitución y Justicia es Rodrigo Pacheco, del Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB), el mismo de Temer. «Vamos a garantizar independencia, un instructor que haga un parecer jurídico, sin ninguna interferencia del gobierno; voy a elegir el parlamentario cuanto antes», dijo Pacheco.
En caso de que la denuncia no sea archivada, la Cámara de Diputados enviará el informe al STF, donde los 11 miembros deben votar si el presidente se torna un procesado, algo que si ocurriera obligará a Temer a apartarse por 180 días del cargo.
En ese lapso la corte suprema debe emitir un veredicto y si es por la culpabilidad, Temer deberá ser expulsado del cargo y quien lo sucederá será el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, del conservador Demócratas.
Maia tendrá, si se da todo ese escenario, un mes para convocar a elecciones indirectas para que el Congreso pueda elegir un presidente «tapón» hasta el fin del mandato actual, el 31 de diciembre de 2018.
Todo este proceso puede repetirse ya que el fiscal Janot prepara otras dos denuncias contra Temer, por obstrucción de la justicia y asociación ilícita.
En ese contexto, el gobierno quiere acelerar la votación para evitar la fuga de aliados debido a que la votación expondrá a los diputados ante la opinión pública al votar sobre la denuncia contra Temer, acusado de recibir sobornos de la empresa JBS mediante su asesor, el ex diputado preso Rodrigo Rocha Loures.
Existe una controversia jurídica sobre si la cámara baja rechaza la denuncia: algunos indican que el caso sigue bajo investigación una vez que Temer abandone su cargo y, por ende, los fueros.
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