Se trata de un canal de 250 kilómetros en Santiago del Estero. Por falencias en su construcción, los animales caen dentro y mueren ahogados. Organizaciones ambientales demandaron ante la Corte Suprema a los gobiernos de Nación y de la provincia por el daño ambiental que provocó la obra.

El nuevo Canal de la Patria, que recorre el río Salado, fue diseñado para abastecer agua para consumo humano y desarrollo rural. Su construcción original data de la década de 1970, pero no cumplía esos objetivos por tener deficiencias técnicas y falta de mantenimiento. Es por eso que en 2020 el Gobierno provincial, con financiamiento del Estado Nacional, decidió construir un nuevo canal, esta vez revestido en hormigón, abarcando unos 180 km, desde su toma de agua en el río Salado hasta la localidad de Quimilí, sumando 250 km.
El nuevo canal fue diseñado con paredes de hormigón resbaladizas e inclinadas, convirtiéndose en una trampa mortal para animales y un peligro para las personas. Cientos de animales caen al intentar cruzar o tomar agua y no pueden salir, muriendo ahogados.
Si bien el canal cuenta con algunos dispositivos como esclusas o escaleras, los mismos no sirven para que la fauna pueda salir especialmente si se trata de animales medianos o pequeños.
Ante las reiteradas denuncias y la falta de acción del Estado para corregir las falencias de esta obra, un grupo de organizaciones lideradas por Aves Argentinas, Fundación Vida Silvestre (FVSA) y Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) presentaron a fines de junio una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la Provincia de Santiago del Estero y el Estado Nacional.
La demanda está respaldada en informes científicos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA (FCEN-UBA), la Universidad Nacional de Misiones, la Universidad Nacional del Comahue y el CONICET, entre otras instituciones.
“El Canal de la Patria tiene el objetivo de abastecer de agua a las comunidades. Sin embargo, la forma en que fue construido genera un grave perjuicio al ambiente”, sostuvo Hernán Casañas, director de la Fundación Aves Argentinas.
“Esta obra está causando un impacto gravísimo sobre la fauna silvestre, con cientos de animales muertos, muchos de ellos de especies amenazadas. Además, fragmenta el hábitat y bloquea el movimiento natural de la biodiversidad chaqueña”, señaló Cristian Fernández, coordinador de Legales en FARN.
«El acceso al agua segura es un derecho humano y es relevante que el estado nacional y provincial desarrollen infraestructura acorde para satisfacer este derecho. Sin embargo, la misma no puede realizarse sin el adecuado cuidado ambiental que permita la libre circulación de fauna nativa”, destacó por su parte Manuel Jaramillo, director de Fundación Vida Silvestre.
El daño ambiental de la obra se ve aumentado por el hecho de que el canal se ubica en la ecorregión del Chaco Seco, una de las zonas con mayor deforestación y degradación ambiental del mundo. Por otra parte, según datos de las organizaciones denunciantes, “Santiago del Estero lideró la deforestación a nivel nacional entre 2009 y 2023. En ese período, el 27.9% de la deforestación en Argentina ocurrió en esa provincia, donde se desmontaron 1.223.750 hectáreas de bosques nativos.
Junto con la denuncia por daño ambiental agravado, las organizaciones solicitaron a los gobiernos Nacional y Provincial la ejecución de un Plan de Recomposición del ambiente que incluya:
La demanda busca que se tomen medidas de mitigación que, sin afectar la funcionalidad del canal en relación al abastecimiento de agua, eviten la extinción de especies amenazadas. La expectativa es que la Corte impulse soluciones con respaldo técnico y científico, para lograr un desarrollo sostenible.
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