Efraín Alegre encabeza la Cocertación Nacional, que aglutina a fuerzas que van desde el progresismo hasta la centro-derecha. Su principal rival es el candidato oficialista Santiago Peña, delfín del expresidente Horacio Cartes.
La propuesta de la coalición opositora señaló en conferencia de prensa que su primer decreto sería la rebaja de las tarifas energéticas, incluidos en el plan “Ñande energía”, con el objetivo de ampliar la cobertura.
En este sentido, Alegre apuntó que los usuarios más humildes que consumen hasta 100 kw/h por mes, obtendrán un descuento del 90 por ciento mientras quienes consuman hasta 200 kw/h mensuales recibirán una reducción del 75 por ciento.
A su vez, los usuarios que consuman hasta 300 kw/h no pagarán más de 55.000 guaraníes mensuales mientras que las personas de clase media, que consumen entre 300 y 500 kw/h, tendrán una tarifa máxima de 150.000 guaraníes.
De igual forma, las microempresas, que emplean hasta 10 trabajadores, tendrán un descuento del 30 por ciento, entretanto, las pequeñas empresas de hasta 30 trabajadores, conseguirán una rebaja del 25 por ciento.
Asimismo, este primer decreto incluye las subastas públicas para garantizar la venta de bloques de energía excedente al mercado brasileño, a precio de mercado. Asimismo, Alegre resaltó que el acuerdo Macri-Cartes será dejado sin efecto.
Como segundo decreto, denominado Pohã Gratis, se prevé el ordenamiento de la salud preventiva a través de las Unidades de salud familiar, entretanto, será creado un banco de medicamentos para medicamentos esenciales.
Además, esta medida incluye la reprogramación presupuestaria del 25 por ciento de los gastos de viajes y viáticos de toda la administración central para destinarlos al programa Pohã Gratis, así como la transferencia de los recursos destinados al funcionamiento de Mburuvicha Roga a este proyecto.
La tercera resolución establecería la intervención del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) para en un plazo de seis meses, rectificar las adjudicaciones que violan los principios de la reforma e impulsar las adjudicaciones a los sujetos de la reforma agraria con respeto al derecho a la propiedad.
Como penúltima medida, se impondría la intervención del viceministerio del transporte en pos de identificar las irregularidades y actos de corrupción, presentar denuncias penales, así como un plan de reforma total del sistema de transporte público.
Finalmente, la última resolución establecería una secretaria de estado para la recuperación y devolución al pueblo del dinero robado, que incluye la creación de una penitenciaría en el Chaco para la reclusión de los culpables de actos de corrupción.
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