Un repaso sobre la normativa sancionada por el Parlamento hace casi 20 años revela una mezcla de zonas grises e incumplimientos. Virtudes y defectos bajo la lupa de dos legisladores.
“Sólo pido que hagan algo por la Ley de Salud Mental. La adicción es una enfermedad y nadie nos da respuestas. Las mamás de todos los ´Chanos´ que sufren adicción que piden ayuda y no tienen respuesta», lanzó desesperada la madre de Chano en la puerta del hospital Otamendi, donde su hijo se encuentra internado en grave estado, luego de recibir un disparo por parte de la Policía en medio de un supuesto brote psicótico.
Las palabras de Marina despertaron conmoción en parte de la sociedad que puso en la mira la Ley 26.657 de Salud Mental, aprobada el 25 de noviembre de 2010, durante el gobierno de Cristina Kirchner. La norma establece que las personas con padecimiento mental deben ser tratadas en hospitales comunes y no en instituciones psiquiátricas. Además, indica que la internación debe ser breve y notificada al juez.
Ocurre que los cuestionamientos se dan en relación a que la ley toma de la misma manera a un paciente con trastornos psicóticos que a un adicto. En diálogo con Tiempo Argentino el presidente de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico de la Cámara de Diputados de La Nación, Luis Di Giacomo explicó la diferencia entre uno y otro caso.
Según el rionegrino, que además es especialista en psiquiatría, en el caso de un “psicótico crónico hay que trabajar desde la contención en el núcleo de pertenencia, mientras que un adicto, que es diferente a un consumidor, ya que es alguien que está enfermo por la droga, que no puede parar, que tiene ya problemas psicológicos, físicos, neurológicos por la droga, esa persona necesita muchas veces ser desvinculada de su sitio de pertenencia porque ese lugar le da más droga”.
“Estas personas necesitan estar aislados en períodos que van desde 6 meses hasta un año, por lo que no caben en las generales de la ley para el sicótico que un mes puede mejorar con medicamentos, que el adicto que tiene que estar fuera de consumo hasta que esté, como se dicen ellos mismos, “limpios”, indicó.
Para el representante del espacio provincial Juntos Somos Río Negro, “como la ley de salud mental embroca al tema de las adicciones ocurre el gran drama de que cuando los adictos necesitan internación aparece el criterio de la voluntariedad que establece la Ley de salud mental donde el enfermo no puede ser internado en contra de su voluntad, y muchas veces el adicto no puede auto controlarse”.
Por eso, además, de proponer la formulación del artículo 4, que establece que “las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental» y sostiene que «las personas con uso problemático de drogas, legales e ilegales tienen todos los derechos y garantías que se establecen en la presente ley en su relación con los servicios de salud”, trabaja en un proyecto de ley específico para las adicciones. “Un adicto tiene otra realidad, distinta a la del psicótico crónico y por eso necesita otro tipo de atención”, señaló.
Por último, manifestó en relación a la situación de Charpentier: “el caso de Chano, tiene que llamar a reflexionar que lo que tenemos que garantizar es la atención de las personas, es falso este supuesto derecho y supuesta libertad. Es una libertad de consumir, volverse loco, no atenderse porque la persona puede decir no me quiero internar”.
Desde el Frente de Todos, fue la diputada nacional, Gabriela Cerruti quien salió a defender la normativa. En su cuenta de twitter, expresó: “La ley de Salud Mental nacional tanto como la más antigua y pionera de la Ciudad de Buenos Aires son de avanzada en el mundo. Si se cumplieran, los agentes públicos deberían estar capacitados para actuar en situaciones como las de Chano. Nunca se cumplieron”.
“La salud mental es la pandemia más extensa y permanente de nuestro siglo. Adicciones, neurosis, paranoias, brotes de todo tipo nos aquejan y afectan diariamente. Los negamos, o los tratamos con automedicación o internación. Los virus matan. Los problemas de salud mental, también”, agregó Cerruti, al tiempo que recordó: “Hace veinte años se sancionó la Ley de Salud Mental en CABA. Todavía hoy no hay guardias psiquiátricas en los hospitales públicos, ni casas de medio camino para externación de los manicomios, y el Borda y el Moyano son lo mismo de siempre. Nadie se ocupa del tema.
Qué derechos tiene una persona que necesita atención en salud mental
Respecto del marco normativo, tal vez uno de los puntos más importantes es que garantiza que nunca se considere un padecimiento mental como un estado que no se puede modificar. Además, que la persona pueda ser atendida en el hospital general y si este rechaza la atención por el solo hecho de tratarse de un problema de salud mental, comete un acto discriminatorio.
También indica, que esa persona puede tomar decisiones relacionadas con su atención y su tratamiento dentro de sus posibilidades y no ser objeto de investigaciones clínicas ni tratamientos experimentales sin su consentimiento.
Por otro lado, establece que la internación contra la voluntad de la persona sólo se puede hacer cuando el equipo de salud determina que hay una situación de riesgo cierto e cercano para él o para terceros.
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la ley esta , pero los HOSPITALES PUBLICOS TIENEN CAPACIDAD Y HERRAMIENTAS PARA LLEVAR ESOS TRATAMIENTOS O ATENCIONES?