El caso Jonathan Navarro y la continuidad de las lógicas de disciplinamiento en Argentina

La fuente de la Plaza Congreso marca el kilómetro cero de las rutas nacionales, según dice la página del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ese punto es el origen, o también podría pensarse, el destino, de todos los caminos que recorren el país de punta a punta. Además de ser un elemento de medición vial, es también el único lugar donde encontramos agua, tan solo el entorno natural de la Prefectura Naval Argentina.

La fuente fue inaugurada hace 115 años, en los festejos por el primer centenario de la Revolución de Mayo de 1810, y guarda como símbolo una réplica de El Pensador de Rodin, quizá el escultor francés más célebre del mundo. En esa obra, Rodin transmite la imagen de un cuerpo esforzado, trabajado en su postura, que según el historiador François Blanchètiere evoca a Minos, el juez del Infierno de Dante, encargado de destinar a las almas a los distintos círculos de castigo conforme a sus pecados.

En la Avenida Comodoro Py al 2002, existe también una figura que cumple un papel semejante: la jueza María Emilia Romilda Servini, titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 que es quien juzga a las personas por sus delitos y pecados terrenales.

Ella investiga la conducta de Sebastián Emanuel Martínez, guardacostas que un 24 de noviembre de 2016 decidió completar su solicitud de inscripción para ingresar a la Prefectura Naval y un 12 de marzo de 2025, con una Byrna TCR en la mano le arrebató la vista a Jonathan Navarro.

¿Qué sueños de vocación habrán habitado a aquel joven Sebastián en aquel momento? ¿Qué lo llevó, casi diez años después, a ser el guardacostas que disparó en la cara a otro argentino, en un escenario donde el único rastro de agua es el que emana de aquella fuente que simboliza tanto el origen como el destino de todos los caminos?

En el libro Cómo se construye un policía Mariana Galvani enfatiza en la cuestión del servicio, en ese sentido moral y con una finalidad superior que impulsa a una persona a incorporarse a una fuerza policial o de seguridad. La pertenencia a ese cuerpo monolítico otorga una identidad común que, como brazo ordenador del Estado, tiene la misión de garantizar el orden social y la convivencia. En esa lógica, la función de la policía consiste en prevenir delitos, asistir a la justicia y proteger tanto a las personas como a la sociedad en su conjunto.

Sin embargo, los hechos de gatillo fácil, el incumplimiento de los deberes propios de una fuerza de seguridad, la falta de respeto a las reglas de empeñamiento que regulan el uso de la fuerza letal, la corrupción de algunos de sus integrantes y las decisiones políticas de los funcionarios de turno, como ocurre sistemáticamente bajo la conducción política de Patricia Bullrich (Represión del 2001, Maldonado, Rafael Nahuel, Grillo y Navarro, entre muchos otros), desvirtúan esas funciones y esos fines, transformando a quienes deberían protegernos y vestir orgullosamente sus uniformes, en verdaderos delincuentes.

Jonathan Navarro, víctima de las órdenes políticas de Bullrich y del accionar de un muy mal integrante de la Prefectura Naval Argentina, vive en el barrio de Villa Adelina, en San Martín. Ese lugar es presentado desde el gobierno nacional bajo la etiqueta de “Congourbano”, asociado al atraso y a la marginalidad. Esta estigmatización de quienes habitan en la periferia alimenta la justificación simbólica de los casos de gatillo fácil y del mal funcionamiento de las fuerzas de seguridad, que operativizan lo que la criminología llama “selectividad criminal” volviéndose clientes de la policía todo un universo de pobres y marginados.

Lo paradójico es que la mayoría de los miembros de estas fuerzas provienen precisamente de esos mismos barrios y periferias. Sus realidades sociales y económicas son, en muchos aspectos, similares a las de aquellos a quienes terminan reprimiendo: salarios bajos, dificultades de acceso a la salud y la obra social, problemas de vivienda y limitaciones en la educación. En definitiva, comparten mucho más con ese grupo social que con los funcionarios millonarios del propio gobierno libertario que sistemáticamente se empeña en estigmatizar a las periferias y a los pobres.

La paradoja más cruel de nuestro tiempo es que el tirador y la víctima comparten, en gran medida, la misma procedencia social: ambos forman parte de esos sectores populares castigados por la exclusión. Hoy un cabo de la P.N.A cobra $636.545,33, dos mangos con cincuenta…. Sin embargo, la maquinaria del poder logra fracturar esa pertenencia común, convirtiéndo a uno en el brazo armado del Estado contra sus propios pares. Es así como se revela la lógica de la doble violencia: primero la económica, que margina y expulsa, y luego la física, que reprime y disciplina, como dos caras de un mismo dispositivo de control social. Se torna complejo pensar una salida democrática cuando un elemento disciplinario, como es la represión, se encuentra atravesado por la misma razón que lo genera, que es la exclusión económica y las enfermedades sociales.

Es interesante trazar una reflexión histórica en torno a la violencia, la política y los vínculos entre los sectores del poder en la Argentina y la justicia. Existe una simetría evidente entre lo que le sucede a Jonathan Navarro, víctima de la represión en el marco de una movilización en defensa de los jubilados frente al ajuste de Milei, y otros episodios de nuestra historia en los que la oligarquía, o bien el poder conservador, buscó domesticar a su pueblo mediante la violencia estricta. Como sostiene David Viñas en Literatura Argentina y política: “A lo largo de la historia hay cuatro ligazones que expresan la violencia oligárquica: el gaucho rebelde, el obrero subversivo, el inmigrante peligroso y el intelectual heterodoxo”. En ese linaje, la agresión a Navarro no es un hecho aislado, sino la continuidad de una lógica de disciplinamiento que recorre nuestra tradición política: cada vez que los sectores populares irrumpen para defenderse del vasallaje esclavista, el poder económico y sus brazos institucionales responden con violencia, buscando reinstalar el orden de la desigualdad.

Quizás lo verdaderamente novedoso sea que, en el ordenamiento socioeconómico argentino posterior a la irrupción del neoliberalismo en los noventa, con el quiebre comunitario de los vínculos sociales, la exclusión acelerada, la carencia de acceso a las necesidades más básicas y el crecimiento persistente de la indigencia y la pobreza estructural que arrastramos desde hace ya treinta y cinco años, se haya producido una fusión de actores sociales que antes podían distinguirse con nitidez. El gaucho, el inmigrante y el obrero son, hoy, la misma persona: un sujeto popular múltiple, atravesado por desigualdades que lo vuelven blanco privilegiado de la represión. Y en esa relación de clase y exclusión también se inscribe el prefecto que acciona el gatillo, porque comparte con su víctima la misma procedencia social, las mismas carencias y, sin embargo, termina convertido en brazo armado de un poder que lo utiliza contra sus propios pares.

Martin Kohan en su libro “Dos veces junio”, atravesado por el descubrimiento de un mensaje del médico del Centro Clandestino de Detención, Dr. Mesiano quien pregunta: “¿A qué edad se puede empesar (sic) a torturar a un niño?”, en el marco del nacimiento en cautiverio del hijo de una secuestrada, relata que ante la consulta del Sargento, éste responde: “A partir del momento en que la Patria lo requiera”. Esto desencadena una pregunta en torno a la obediencia debida de los actores que están a cargo de la aplicación de torturas y represiones sobre los cuerpos de los demás en contextos institucionalizados como las Fuerzas Armadas y de Seguridad. En el caso de Jonathan, organismos de Derechos Humanos sostienen que la caratula del delito deberia ser tomada como tortura, de acuerdo a la Convenion Americana de Derechos Humanos, instrumento incorporado a la Constitucion Nacional de acuerdo al Art. 75 Inc. 22 de la carta magna y que entiende que un miembro de una Fuerza de Seguridad, como el caso de la Prefectura que ejecuta tratos crueles contra civiles puede ser considerada tortura.

¿Cuántas veces en la historia reciente el Estado argentino puede cometer torturas y vejámenes contra la sociedad civil? Nuestro país está atravesado por una serie interminable de injusticias y dolores, que van desde la exclusión y la pobreza hasta los calabozos y la represión.

El caso de Navarro se asemeja al de la política, en la dimensión de que ambos perdieron la visión. En la cultura popular, la pérdida de un ojo se asocia con la figura del pirata. Su travesía parece tener un destino: encontrar esa isla del tesoro que se llama Justicia. Y en el caso de Martinez, un perejil de la Prefectura, manipulado por las órdenes de Bullrich, ciega completamente a una parte de la sociedad y a sus pares de las Fuerzas de Seguridad que son empujados a cometer delitos, generando deshonra y pérdida de calidad institucional entre sus miembros, en el mejor de los casos, o también como en el caso del Prefecto Martinez y el Gendarme Guerrero que muy probablemente la sed de sangre de Bullrich los termine privando de sus bienes y de su libertad, ¿Que hacemos con la policía? ¿Qué hacemos con los pobres? ¿y qué hacemos con los ciegos?

*El autor es abogado y socio del estudio CKZ