El caso Potocar destapó la interna político-judicial por el control de la Policía

«La única forma que tengo para diferenciarme de la gestión de Mauricio es con la seguridad, que sigue siendo una de las máximas preocupaciones de nuestro electorado», le dijo el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, a sus íntimos dentro del Gabinete comunal apenas quedó al mando de la Ciudad. La construcción política de ese diferencial giraba en torno a la concreción de una promesa proselitista de Mauricio Macri: transferir a la Ciudad las 53 comisarías de la Policía Federal, fundirlas con los precintos de la Metropolitana, y dejar la estructura nacional de la vieja Federal bajo la tutela de una fuerza similar al FBI norteamericano, que actualmente conduce la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su segundo Eugenio Burzaco. La fusión del comisariado azul con los mandos de la Metropolitana es la base de la flamante Policía de la Ciudad, la única fuerza civil armada que controla todo el territorio porteño desde el 1 de enero. En sus primeros cuatro meses de funcionamiento, la nueva Policía atraviesa una dura interna entre sus cuadros uniformados de conducción. Esa es la certeza que tiene Larreta y su ministro de Seguridad, Martín Ocampo, sobre la inesperada detención del comisario José Pedro Potocar quien, al cierre de esta edición, seguía preso por decisión del juez Ricardo Farías. El magistrado hizo lugar a un pedido del fiscal del circuito de Núñez –Saavedra José María Campagnoli, un activo militante judicial de la alianza Cambiemos que no oculta sus ambiciones políticas de suceder a la procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó, en caso de que prospere la ofensiva del gobierno en su contra.

Según la acusación que Potocar escuchó antes de ser esposado por sus subalternos, tanto el juez como el fiscal consideran probado que recibió las «rendiciones» del presunto cobro de coimas a comerciantes y «trapitos» por parte de policías de la Comisaría 35a, que controla el barrio de Núñez, sede del club de River Plate, una zona tan caliente y vidriosa para la seguridad deportiva como La Boca, que cobija a la Bombonera. Para Campagnoli, la asociación ilícita tuvo «una marcada división de tareas y en abuso del poder público que se les confió a los efectivos policiales, llevaría adelante la comisión desde el mes de enero de 2016 de distintos delitos de acción pública». Según el expediente que se transformó en la primera pesadilla de seguridad para la gestión de Larreta, el presunto esquema recaudatorio fue implementado apenas llegó a la Jefatura comunal. En esos días la ex Policía Federal estaba en pleno funcionamiento bajo la conducción de Guillermo Calviño, un ambicioso oficial de la fuerza azul que ansiaba ser el primer jefe de la nueva Policía, gracias a sus buenas relaciones con el PRO y especialmente con el empresario de los juegos de azar y titular del Club Boca Juniors, Daniel «Tano» Angelici. En las últimas horas, Calviño quedó en el radar de las pericias judiciales (ver aparte). Según la diputada nacional Elisa Carrió, jefa de la Coalición Cívica y socia menor de Cambiemos, Angelici es el «operador de Macri en la Justicia Federal». Sin embargo, esa acusación pública (que nunca llegó a Tribunales) no impidió que la influencia del «Tano» fuera un puente de plata dentro de la administración de Larreta. Sus recomendaciones permitieron que el ex legislador Ocampo fuera nombrado ministro de Justicia. Como vice, a cargo de la Secretaría de Seguridad fue designado Marcelo D’Alessandro, un abogado graduado en la UCA que supo revistar en el Frente Renovador que inventó Sergio Massa, pero que llegó a ser el segundo de Ocampo gracias a dos garantes de peso: el «Tano» y la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, reconocida dentro del Gabinete de Larreta como la referencia directa de D’Alessandro.

Una semana después de que este diario revelara el expediente judicial que podría implicar la detención de Potocar, Ocampo resolvió suspenderlo en el cargo, pero no lo dejó en manos del subjefe polcial, Carlos Kevorkian, uno de los exsuperintendentes de la Metropolitana cuando fue creada por Macri en 2008 y que designó al excomisario de la Federal Jorge Alberto «Fino» Palacios, el uniformado que tuvo que renunciar al cargo cuando fue procesado por encubrimiento en la causa AMIA. A pesar de las consultas de este diario, ningún funcionario porteño explicó por qué Ocampo eligió a un civil en vez de promover a Kevorkian, pero dentro de la Legislatura los escuderos del oficialismo reconocen que la decisión estuvo motorizada entre el «controvertido» historial de Kevorkian y las ansias y nexos políticos de D’Alessandro.

El enroque que postergó a Kevorkian y privilegió a D’Alessandro podría obturar para siempre la posibilidad de que la flamante Policía porteña vuelva a ser conducida por un uniformado, más allá del futuro judicial de Potocar que podría ser liberado dentro de un expediente que ahora podría enlodar a su máximo promotor: el excomisario Calviño, En ese contexto, el jefe de Gobierno porteño reunió en la semana a su Gabinete para contener a la tropa y reafirmar que, bajo la conducción de un uniformado o de un civil, el plan de seguridad integral sigue en pie. Se trata de la llave maestra del PRO en su territorio originario para revalidar los títulos del oficialismo en las próximas elecciones de octubre. Sin dudas, para «Horacio» sigue siendo la mejor forma de diferenciarse de «Mauricio». «