El caso Ualá expone el tamaño de la economía gris que no tiene acceso al financiamiento

La administración de Alberto Fernández debió afrontar un desafío desde el comienzo de la pandemia: mejorar y ampliar el acceso al financiamiento para las pymes, salvavidas central durante la peor crisis económica a nivel mundial.

Actualmente, el Ministerio de Desarrollo Productivo mantiene 35 líneas de créditos de acuerdo al tipo de inversión productiva, desarrollo regional o rubros de exportación, por $ 180.000 millones. Días atrás, bajo la lógica protectora de los comercios y microemprendimientos no integrados al sistema bancario tradicional, la cartera a cargo del ministro Matías Kulfas selló un convenio con la fintech Ualá, una app y tarjeta prepaga que ofrece servicios financieros.

Desde el BCRA explican que, como la Ley de Entidades Financieras prohíbe que este tipo de empresas realicen intermediación financiera (captar depósitos y pagar una retribución al ahorrista), se destinarán $ 1000 millones a través de un fondeo del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP). Se monetizarán en hasta 3 desembolsos, solicitados por la entidad de acuerdo a demanda.

A partir de este convenio con el Ministerio, Ualá otorgará créditos que irán desde los $ 5000 hasta los $ 200.000 por beneficiario, a una tasa de interés fija del 40%, en un plazo de hasta 18 meses. El destino será la financiación de herramientas, materiales e insumos y el universo alcanzado es la pyme con certificado mipyme vigente o la que opere con la compañía, lo que habilita a mipymes ubicadas en zona gris a recibir el crédito. El costo financiero total (CFT) del crédito que se canaliza será de 61,78 por ciento.

«Es la primera vez que una fintech administra fondos productivos del Estado, es algo histórico», sintetiza el especialista Ignacio Carballo, docente e integrante de la consultora Americas Market Intelligence (AMI).

Críticas de La Bancaria

Sin embargo, el acuerdo no recibió el mismo juicio desde el sector bancario tradicional. «Ualá, Mercado Pago y otras fintech financieras no tienen encuadrados a sus trabajadores bajo el convenio colectivo de trabajo bancario, motivo por el cual el Estado está avalando una competencia desleal frente a los bancos que sí tienen encuadrados a sus trabajadores en ese convenio», dijo a Tiempo Fernando Verón, congresal dentro del gremio La Bancaria, representante del Banco Provincia. Verón recordó, además, que las fintech mantienen a sus trabajadores enmarcados «bajo el régimen de Comercio o Informáticos»,  frente al resto de la banca y no contribuye a la competencia leal.

La representación sindical de los empleados de este tipo de entidades es una meta que La Bancaria persigue hace años, aunque sin éxito, por rechazo del sector. Igualmente, ya puso un pie en el terreno: a principios de mes, el gremio liderado por Sergio Palazzo firmó el primer convenio colectivo de trabajo 18/75 con un banco digital, el Openbank Argentina, cuyo principal accionista es el Grupo Santander.

#AguanteLaBancaPública fue el hashtag que se instaló en Twitter el lunes, tras una publicación de Palazzo, a la que hace referencia Verón: «Es inadmisible que, en lugar de canalizar la inclusión financiera y los créditos de las pymes a través de la banca pública, y dentro del sistema, se realice este convenio con una empresa totalmente informal que ni siquiera es un banco (…) una decisión económica estratégica de orden nacional no debe ser realizada a través de una aplicación», reza el comunicado. Políticos como Juliana Di Tullio acompañaron la demanda: «Me quedo con mi #CuentaDNI del @bancoprovincia», dijo. A las observaciones se sumó el economista y sociólogo Carlos Riello, quién opinó que no está claro por qué «intermediar el negocio, si la banca pública puede hacer lo mismo con su propia aplicación y una resolución del BCRA» o si «el Estado solo asumirá el riesgo por incobrabilidad o mora». Este medio intentó sin éxito comunicarse con Ualá.

Desarrollo Productivo responde

Sobre este pronunciamiento, el Ministerio de Desarrollo Productivo responde centrado en una nueva marca histórica: el porcentaje del crédito destinado a las pymes alcanzó el 53% del financiamiento total y más del 85% de las líneas de crédito y subsidios de tasa se canalizaron a través de la banca pública. Pero el propio Kulfas reconoció en sus redes sociales que es recurrente «escuchar a cientos de pequeños empresarios quejarse por la falta de acceso al crédito».

Así, además, lo ratifica la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en su último informe de «Acceso del Financiamiento», donde alerta que casi el 30% de las pymes no acceden a un préstamo porque piden «requisitos demasiado exigentes». Ahí las fintech juegan su mejor carta al demostrar que ofrecen bancarización más sencilla y ágil, sin tantas condiciones ni trámites. Pero en los préstamos al público suele estar la contracara: el mismo Banco Central informó que la tasa nominal anual promedio que aplican las entidades no bancarias se ubicó en la primera parte del año en 93%, y en el caso de las fintech llegaron a cobrar hasta un 132 por ciento.

La mora en la cartera de este tipo de entidades (fintech, cooperativas y mutuales, leasing y factoring, emisoras de tarjetas no bancarias y casas de venta de electrodomésticos, entre otras) es del 6,4% y supera la media del sistema. Es que la imposibilidad de cancelar el crédito con altas tasas de interés, usualmente lleva a refinanciar la deuda con costos aún más altos y el usuario termina en un loop dificultoso para salir.

Respecto al cruce entre el gremio y Desarrollo Productivo, Carballo se mantiene en la misma línea que Kulfas y asegura que se trata de un debate «superfluo» que «deja más incongruencias que certezas» y alerta que «falta para entender que si la articulación pública-privada es eficiente, el resultado es más valioso porque alienta al entorno competitivo y el usuario se puede beneficiar en productos o precios». Para este caso concreto, señala dos cosas: primero que Ualá ya compró un banco digital, el WiloBank, y está a la espera de la autorización. Segundo, el caso de Tarjeta Naranja, que es “una institución financiera que no está dentro de la categoría bancaria y aún así canaliza fondos, al igual que todas las instituciones privadas.”«