Los estudios de abogados que ayudaron en la redacción del texto son los mismos que asesoran a las grandes empresas del país. Incluso hay uno cuyo socio es el titular de la UIA.
Los pronunciamientos tuvieron lugar tras la presentación del decreto en cadena nacional y después de las primeras manifestaciones de rechazo popular frente al ajuste que plantean las iniciativas.
El primer mensaje de peso fue el de la Asociación Empresarial Argentina (AEA), integrada en forma personal por los dueños de las empresas más grandes del ámbito local. El manifiesto expresó la «esperanza» en que el país «pueda revertir un largo período de estancamiento económico, altísimas tasas de inflación y muy significativo aumento de la pobreza».
AEA elogió la decisión de achicar la injerencia del Estado en la economía y saludó la prioridad que tienen las compañías para la nueva conducción política. Finalmente, confió en que las reformas «redundarán en mayores inversiones productivas», una de las viejas promesas de los sectores que pujan por las reformas estructurales.
Ese pronunciamiento en particular funcionó como una apertura de compuertas para que otros puntales de la patronal, como la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Cámara de Comercio y Servicios (CAC), ambas pertenecientes al Grupo de los Seis (G6), salieran a bancar la propuesta oficial con el mismo nivel de compromiso. También se expresó en esa línea la cámara de comercio argentino estadounidense (Amcham).
En todos los casos llamó la atención que las empresas se referían al DNU como una medida tomada y en vigencia, cuando, lejos de un consenso amplio, la propuesta deberá superar la instancia del debate parlamentario, en medio de un ambiente social caldeado por el agravamiento de la crisis económica y la incertidumbre sobre el futuro del empleo, los salarios y la vivienda, entre muchos otros temas afectados por la decisión gubernamental.
Asesoría
El entusiasmo de las patronales es coherente con su agenda histórica de reclamos de reformas económicas estructurales como paso ineludible hacia la construcción de un escenario favorable al mercado y a la competitividad de las empresas argentinas.
Pero también es previsible, si se tiene en cuenta que el decreto es resultado de varias semanas de trabajo codo a codo entre el Ejecutivo y estudios de abogados y asesores especializados muy vinculados al mundo empresarial.
Uno de los estudios que se menciona como muy activo en esa labor es Bruchou & Funes de Rioja, resultado de la fusión de los bufetes Bruchou, Fernández Madero & Lombardi y Funes de Rioja & Asociados.
En una entrevista que concedió a Radio con Vos, el presidente de la UIA, referente de la industria alimenticia, y abogado empresario, Daniel Funes de Rioja, tuvo que hacer piruetas impensadas para desvincularse del estudio que lleva su apellido.
Como producto, el DNU publicado el jueves en el Boletín Oficial contiene propuestas que armonizan perfectamente con las del Libro Blanco que la entidad industrial repartió en la campaña electoral a los distintos candidatos.
En particular, se destacan propuestas que parecen redactadas por el lobby de las alimenticias, como la derogación de la Ley de Abastecimiento y de la Ley de Góngolas, así como la desactivación del Observatorio de Precios.
De la misma manera, circula que otros importantes estudios de abogados, como Mairal y Bomchild, también se habrían comprometido con la redacción del DNU. Esos abogados representan a otros grupos empresariales, como la Corporación América, de Eduardo Eurnekian, o el Grupo Irsa, de la familia Elsztain.
Dudas de las pymes
A diferencia de las grandes empresas, las pymes destacan la orientación del DNU en general, pero piden poner el foco en los alcances particulares, los beneficios y los perjuicios posibles de la mega iniciativa oficial.
Así lo planteó en un comunicado la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en el que se manifestó a favor de las reformas de tipo laboral pero pidió que se analicen el posible impacto de la concentración económica y los cambios de reglas comerciales podrían generar a las empresas de menor porte.
Desde la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires salieron a respaldar el DNU. Ayer, su titular, Martín Rappallini, aseguró que «alienta la empleabilidad» al recortar derechos laborales.
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