El Círculo Rojo pugna por imponer sus condiciones al Consejo Económico y Social

Sin fe en la remontada histórica de Mauricio Macri pero todavía lejos del candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, los empresarios que conforman el Círculo Rojo intentan presentarse como un factor de influencia sobre las decisiones del actual gobierno y -especialmente- del próximo. En ese sentido, buscan condicionar el armado del futuro Consejo Económico y Social (CES).

La semana que pasó, las observaciones estuvieron a cargo del empresario Eduardo Eurnekian, líder de la Corporación América, y del referente de la industria alimenticia Daniel Funes de Rioja, dos autoridades del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp).

Eurnekian recomendó una política exterior orientada a los lazos con los Estados Unidos y con menos interés en China.

Funes de Rioja volvió a discutir el CES. En diálogo con Tiempo, condicionó su concreción a que en su programa se incluyan las reformas laboral, tributaria y previsional. El CES, al menos por ahora, apunta a un acuerdo de precios y salarios para los primeros seis meses de un posible gobierno de Fernández.

La dirigencia privada que se organiza en torno al referente del peronismo se muestra optimista con el proyecto del CES, que «está cada vez más fuerte», según definió José Ignacio de Mendiguren, diputado massista y hombre de la Unión Industrial Argentina (UIA), a la que también pertenece Funes de Rioja. En la UIA se avecinan tiempos de debate.

Nicolás Trotta, rector de la Universidad Metropolitana (UMET) y coordinador de los equipos de trabajo que acompañan a Fernández, compartió el entusiasmo, si bien dijo que en la última semana no hubo reuniones por ese tema. Trotta confió, además, que en la agenda del candidato del Frente de Todos «hay demasiados pedidos de reuniones de empresarios pero por una cuestión de tiempo todavía no se pudieron conceder».

De lleno en el tema están CGERA y la CGT, que abrieron una mesa conjunta para pensar aportes políticos al futuro CES. El presidente de CGERA, Marcelo Fernández, declaró que el acuerdo «no tiene que ser sólo de precios y salarios sino que tiene que incluir un plan para generar empleo y para producir ya que la pesada herencia que va a tener el próximo gobierno es la inactividad».

En emergencia

Mientras las grandes esferas dirigenciales intentan rearmarse en momentos en que se reanima la campaña electoral, el gobierno en funciones recibió una ola de reclamos de declaraciones de emergencia sectoriales en el marco de la profundización de la crisis económica.

Así, Daniel Rosato, de Industriales Pymes Argentinos (IPA), pidió que el Congreso apruebe un paquete de medidas para detener la crisis de la producción y el empleo. La Cámara de la Mediana Empresa (CAME) hizo un pedido similar el jueves en un plenario de sus socios. Lo mismo, los dueños de sanatorios y clínicas.

A la tendencia se sumaron las concesionarias automotrices y las cámaras que agrupan a las patronales del autotransporte de pasajeros de larga distancia.

Tampoco se quedó atrás la UIA, que abogó por la emergencia laboral para las pymes a través del propio Funes de Rioja. En la idea del empresario, esa emergencia implicaría la eliminación de la indemnización por despido y la eximición del pago de las cargas sociales.

Las iniciativas del sector empresarial tienen dos sentidos. De un lado, son un intento por frenar las pérdidas que les provoca la crisis económica y financiera. Pero, en ese sentido, esas intenciones chocan con la escasa capacidad del gobierno de Mauricio Macri para dar respuesta a estos pedidos.

Del otro lado, apuntan a instalar sus planteos de cara al nuevo gobierno que asumirá en diciembre. De ahí que los candidatos de la oposición son convocados a participar de foros empresarios. Por caso, las cámaras de comercio estadounidense, británica y canadiense recibieron el jueves pasado al candidato porteño Matías Lammens, que se alista para dar la batalla contra otro de los símbolos de Cambiemos, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. «