El Código Contravencional jujeño, talón de Aquiles de Morales

«Lo primero que dijeron era que no iban a escuchar argumentos a favor o en contra de la detención de Milagro Sala porque eso era una decisión tomada y el Estado debía liberarla». Un asistente al encuentro que el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias (GTDA) de la ONU tuvo con organizaciones civiles jujeñas reconstruyó la frase que, además, se repitió en cada reunión que los especialistas del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) vienen realizando en el país desde el lunes pasado. Los delegados del grupo estuvieron entre miércoles y viernes en Jujuy. En un encuentro con organizaciones sociales, gremiales, de pueblos originarios y organismos de derechos humanos, dejaron abierta la posibilidad de incorporar en sus recomendaciones al Estado argentino la derogación o modificación del Código Contravencional provincial, que esos sectores denuncian que el gobernador Gerardo Morales convirtió en la herramienta para que el Poder Ejecutivo jujeño sea acusador y juez en la represión de la protesta social y la persecución a militantes.

«Pregunté si hacen recomendaciones sobre la necesidad de anular o modificar legislaciones y ellos dijeron que si», contó a Tiempo Liliana Louys quien, en su rol de presidenta de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (ADIUNJU), participó del encuentro con el GTDA. La acompañaron treinta personas representantes de organismos y afectados directos que tuvieron entre 1 y 2 minutos para contar sus denuncias.

«Se está usando el Código Contravencional como herramienta porque transforma en penable conductas que no son delitos. El Poder Ejecutivo, que te presenta la prueba, te juzga y te condena”, denunció Louys. La representante gremial de los docentes universitarios expuso el caso de Joaquín Quispe, el presidente del Centro de Estudiantes de Ciencias Agrarias detenido dentro de la Facultad por la aplicación de ese Código. El caso obligó a Morales a descabezar la cúpula policial. El joven contó la experiencia en primera persona.

La visita del Grupo de la ONU comenzó el lunes, encabezada por Sètondji Roland Adjovi, titular de ese organismo dependiente del ACNUDH, y por Elina Steinerte, vicepresidente de comunicación. Apenas llegaron se reunieron con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj. Luego viajaron a Jujuy.

La visita del Grupo de Trabajo causó mucha expectativa en las organizaciones. “La mayoría expresó que acá hay un retroceso tremendo en el ámbito de los derechos humanos”, contó Inés Peña, de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Jujuy. La aplicación del Código Contravencional, la militarización del espacio público, la falta de libertades individuales y la persecución fue uno de los ejes de las denuncias presentadas.

Adjovi advirtió que la reunión era secreta para que todos pudieran hablar con libertad. “Tan secreta no es porque en la puerta hay una camioneta sin patente y policías de civil sacando fotos a los que entran», dijo el secretario de Juventud de la Tupac Amaru, Santiago Amud, cuanto le tocó hablar para contar como agentes sin identificación se dedican a seguirlo y amenazarlo.

Sin sorpresa, Adjovi le pidió que le enseñara esa camioneta. Cuando salieron del Hotel Howard Johnson Plaza, en pleno centro de San Salvador, el coche ya no estaba. Precavido, Hamud los había filmado con su teléfono antes de entrar a la reunión. Exhibió el video en el lugar, parado en la vereda de calle Güemes, al delegado del GT y su traductora.

-Esto lo dice todo. Hemos visto durante todo el día esos vehículos sin patente-, dijo Adjovi.

El GTDA llegó a Jujuy el miércoles y al día siguiente se reunió con Morales y parte de su gabinete. Luego se encontraron con integrantes del Superior Tribunal de Justicia y, al mediodía, con funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Acusación. A la tarde recorrieron la Cárcel de Mujeres de Alto Comedero donde está detenida, hace 483 días, Milagro Sala, junto con otras reclusas de la Tupac Amaru. Todas denunciaron torturas, tormentos y el uso de la celda de castigo.