El Concejo Deliberante tucumano intenta prohibir la discusión por el aborto

Mientras el jueves por la tarde se desarrollaba la séptima jornada de exposiciones ante diputados por la ley de interrupción voluntaria del embarazo, el Concejo Deliberante de Tucumán, mediante una ordenanza, declaró a la ciudad “a favor de la vida” y anunció el rechazo a cualquier resolución del Congreso respecto de la legalización del aborto.

Quince concejales peronistas, macristas, radicales y bussistas firmaron el escrito en el que expresan su “enérgico rechazo” como representantes de la ciudad de San Miguel de Tucumán a la iniciativa de debates en el Congreso de la Nación con el objetivo de despenalizar o legalizar el aborto. “Dicho proyecto resulta lesivo en un todo para nuestra Nación por violentar la dignidad del ser humano por nacer”, dice la ordenanza donde además, se consigna la creación de un comité para la protección integral de la vida humana.

Tucumán es la única provincia que se negó a adherir a la Ley 25.67,3 que asegura la provisión de métodos anticonceptivos a la población y que fue aprobada nacionalmente en 2012.

La ordenanza fue impulsada por Sandra Mazone de la Coalición Cívica, Eduardo Verón y Ricardo Bussi de Fuerza Republicana. De acuerdo a lo que relató Martín Dzienczarski, único periodista cubriendo la sesión en ese momento, la propuesta fue presentada sobre tablas, por lo que no recibió tratamiento previo, ni dictamen de comisiones, y se aprobó con el voto a mano alzada de 15 concejales. En contra votó un solo concejal, el radical José Argañaraz, mientras que el peronista Dante Loza no estaba en la sesión.

Desde el frente Mujeres X Mujeres repudiaron en forma categórica e inmediata esta iniciativa anti democrática y patriarcal del Concejo tucumano.

“Alertamos con preocupación acerca del desconocimiento del orden constitucional que revela la Ordenanza Municipal del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán contenida en Expte N° 138-HCD-182 dictada en violación a las competencias otorgadas por el art. 134 de la Constitución Provincial”, expresa el comunicado emitido por el frente.

Agrega además que la ordenanza “encarna una violación expresa al orden constitucional vigente que reserva este tipo de competencias legislativas para el Congreso en el art. 75 inc. 12 de la Constitución Nacional. Al mismo tiempo, en tanto insta institucionalmente a desconocer atribuciones constitucionales propias del sistema democrático, atenta contra los postulados republicanos de división de poderes y organización federal que son pilares de nuestro Estado”, continúa.

El repudio expresa también la situación de la provincia en lo que refiere a salud sexual y reproductiva. “Nuestra provincia tiene la triste notoriedad de ser la única de Argentina que no ha adherido a la ley 25.673 que asegura la provisión de métodos anticonceptivos a la población y a ello se suma la nula implementación de la ESI en la Escuela Pública. El embarazo adolescente en Tucumán (73%) supera la media nacional en este campo (64.05%). En consecuencia, difícilmente la decisión del Concejo Deliberante de la Provincia pueda inscribirse en la defensa de la vida si es que desconoce la autonomía reproductiva, la libertad y el derecho a la salud de las mujeres.”

La presentación de esta ordenanza se realizó días después de que los concejales se reunieran con el obispo de Tucumán, Carlos Sánchez. 

Desde diferentes organismos coincidieron que la ordenanza carece de valor jurídico.

Comunicado completo del frente Mujeres X Mujeres. 

«Desde la Fundación Mujeres X Mujeres alertamos con preocupación acerca del desconocimiento del orden constitucional que revela la Ordenanza Municipal del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán contenida en Expte N° 138-HCD-182 dictada en violación a las competencias otorgadas por el art. 134 de la Constitución Provincial.

La Ordenanza en cuestión en tanto dispone ‘vedar todo tipo de acción que tenga por objeto la interrupción de la gestación del ser humano por nacer en el vientre materno’ que está siendo debatido en el Congreso de la Nación, encarna una violación expresa al orden constitucional vigente que reserva este tipo de competencias legislativas para el Congreso en el art. 75 inc. 12 de la Constitución Nacional. Al mismo tiempo, en tanto insta institucionalmente a desconocer atribuciones constitucionales propias del sistema democrático, atenta contra los postulados republicanos de división de poderes y organización federal que son pilares de nuestro Estado.

Como Organización feminista dedicada a la defensa de los derechos humanos de las mujeres aclaramos que este tipo de Ordenanzas carecen de valor constitucional para resistir reformas penales y que forman parte de estrategias políticas destinadas exclusivamente a confundir a la ciudadanía para lograr así componer un mensaje acorde a la moral sexual restrictiva propia de los sectores fundamentalistas de la Iglesia Católica, que históricamente se oponen a la secularización de los planes de vida auto-gobernados y a la construcción de una ciudadanía plena para todas las personas.

Nuestra Provincia tiene la triste notoriedad de ser la única de Argentina que no ha adherido a la ley 25.673 que asegura la provisión de métodos anticonceptivos a la población y a ello se suma la nula implementación de la ESI en la Escuela Pública. El embarazo adolescente en Tucumán (73%) supera la media nacional en este campo (64.05%). En consecuencia, difícilmente la decisión del Concejo Deliberante de la Provincia pueda inscribirse en la defensa de la vida si es que desconoce la autonomía reproductiva, la libertad y el derecho a la salud de las mujeres.

Quienes verdaderamente defendemos la vida de las mujeres estamos convencidas de que la hipocresía institucional que construye este tipo de alianzas clericales-seculares por fuera de cualquier orden constitucional, no sólo atentan abiertamente cualquier ampliación de derechos sino que devalúan el funcionamiento democrático y republicano de gobierno.

Quienes desconocen las reglas de gobierno, mal pueden intentar gobernar nuestros cuerpos y sacrificar nuestra autonomía en el altar de una moral sexual restrictiva que en nada se ocupa de la salud, la vida y la libertad de las mujeres tucumanas.»