En la Cámara de Diputados había predisposición de todas las fuerzas políticas para sesionar. Sin embargo, en el Senado la situación fue distinta. Por edad, la mayoría de los senadores forman parte del "grupo de riesgo" frente al coronavirus.
El Parlamento Nacional desde hace una semana se encuentra funcionando con guardias mínimas y con la mayoría de los representantes en sus provincias cumpliendo la cuarentena decretada por el Poder Ejecutivo en el marco de la epidemia de coronavirus.
Desde la Cámara de Diputados todos los sectores políticos mostraron predisposición para sesionar la semana que viene. No ocurrió lo mismo en el Senado. Hubo expresiones diferentes y varios legisladores mostraron preocupación por temor a posibles contagios.
Y es que la mayoría de los 72 senadores que componen la Cámara Alta están dentro del grupo etario de factor de riesgo por ser mayores de 60 años. Además, antes de que se declare la cuarentena obligatoria ya había representantes que se habían autoaislado en sus provincias para cuidar su salud, como el puntano Adolfo Rodríguez Saa.
El presidente del bloque oficialista, José Mayans, en declaraciones a la prensa, anticipó que “se está buscando llegar a un acuerdo político para que el Poder Ejecutivo pueda instrumentar a través de DNU las medidas que le corresponden al Congreso, por ejemplo, en materia de alquileres”.
El senador oriundo de la provincia de Formosa, que no tiene ningún caso registrado de coronavirus, advirtió que “movilizar a 257 diputados y 72 senadores sería un problema. Es la mejor forma de propagar el virus”.
Esta mañana, Tiempo Argentino consultó a senadores de Juntos por el Cambio quienes señalaron que “hay voluntad de acompañar al gobierno. Se evaluará la posibilidad de sesionar a distancia”.
“El Senado no sólo no cuenta con el sistema para llevar adelante una sesión virtual sino que esto no está contemplado en el reglamento de la Cámara”, respondió otro legislador.
El artículo 99 de la Constitución excluye de este instrumento a normas que «regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos». En este caso se podrían tomar las ejecuciones judiciales o los desalojos podrían tener indicios penales que podrían ser tomados para pedir la inconstitucionalidad.
El Congreso cuenta con una Comisión Bicameral – la de Trámite legislativo- que analiza la validez o no de un Decreto de Necesidad y Urgencia firmado de manera extraordinaria por un presidente. En este contexto habría un acompañamiento de la oposición a la medida teniendo en cuenta el difícil contexto en el que está el país.
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