El procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, estuvo presente en el debate de comisiones.

En una reunión informativa en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamentos, el funcionario afirmó que se trata de una “tradición constitucional que fue reglamentada en la reforma de 1994, en el artículo 99, inciso 3”. “Es una herramienta para incentivar al Congreso a que legisle frente a determinados casos de urgencia”, agregó.
El representante del Poder Ejecutivo recordó que “el DNU no necesita ser aprobado” por el Congreso aunque “sí puede ser derogado por una ley” hasta incluso “100 años después”, en referencia a que no hay plazos para eso, lo que justamente con la reforma se intenta establecer.
“La valoración de la existencia de circunstancias excepcionales y de la necesidad de urgencia en afrontarlas, que son los requisitos fácticos que el constituyente ha establecido, son políticas y forma parte del diálogo especial entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Es un incentivo que la Constitución pone en manos del presidente para que incentive al Congreso a que legisle en casos de urgencia”, explicó Barra.
En ese sentido, indicó que “es una norma con jerarquía de ley” y remarcó que “el constituyente por razones de seguridad jurídica también puso las herramientas para actuar en caso de que haya contradicción entre las opiniones de ambos”, en referencia a la potestad que tiene el Congreso de rechazar un DNU.
Durante el encuentro pasaron varios expositores que opinaron sobre el plazo para que el Congreso se expida respecto a la aceptación o rechazo de los DNU. Asimismo, el debate también giró en torno a que con el rechazo de una de las Cámara los DNU ya quedaría sin efecto.
La norma que se encuentra en análisis fue aprobada durante el gobierno del kirchnerista y establece que hace falta que las dos cámaras del Congreso -Diputados y Senado- deben rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para que el mismo deje de tener validez. Esto hace que si una de las dos lo aprueba, ya no se pueda derogar.
Por primera vez en la historia del Parlamento, este año se dio el caso de que se ambas cámaras lograron avanzar con la derogación del DNU que aumentaba los fondos reservados a la SIDE. Fue en un contexto donde el gobierno de Mieli, como muchas otras gestiones, ejerce una práctica excesiva de los DNU.
Las comisiones volverán a reunirse la semana que viene. Actualmente hay 16 proyectos con estado parlamentario presentados, entre otros, por el radicalismo (Carla Carrizo, Pablo Juliano, Fernando Carbajal), Encuentro Federal (Oscar Agost Carreño, Margarita Stolbizer, Mónica Fein, Ricardo López Murphy), la Coalición Cívica (Juan Manuel López) y Unión por la Patria (Roberto Mirabella, Mónica Litza). Todos comparten el espíritu de agilizar y facilitar el rechazo de los decretos para evitar que el Poder Ejecutivo asuma funciones legislativas que no le corresponden.
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