El Congreso declara la emergencia hídrica y climatológica en las provincias inundadas

Convertidas desde hace meses en un dolor de cabeza para casi la mitad de las provincias del país, las inundaciones siguen reflejando la inacción del gobierno de Cambiemos. Ante la subejecución presupuestaria de programas específicos creados para mitigar, reconstruir y dar respuesta a catástrofes naturales de este tipo –una subejecución denunciada por Tiempo hace una semana- los distritos afectados intentan encontrar vías de solución por su propia iniciativa.

Es el caso, por ejemplo, de la provincia de Santa Fe. El miércoles último, el Congreso sancionó una ley que declara por 180 días (equivalente a 6 meses, con posibilidad de prórroga) la “emergencia climatológica, hídrica, vial, agropecuaria, productiva y socio-sanitaria” a las zonas anegadas del sur santafesino, como los departamentos General López, Caseros y San Jerónimo, donde se encuentran las lagunas de La Picasa y Melincué.

La ley ordena a la Casa Rosada a crear un fondo especial de 5000 millones de pesos con Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para brindar ayuda a las familias y productores damnificados.

El gobierno nacional tiene 30 días para reglamentar la ley y publicarla en el Boletín Oficial. Una vez que se publique, entrará en vigencia. El proyecto original fue presentado por la senadora nacional María de los Ángeles Sacnun (FpV-Santa Fe).

De acuerdo al texto de la ley, las partidas que financiarán el fondo de emergencia serán administradas por la Nación, en coordinación con las provincias y los municipios. Está previsto que los comités de cuenca (organismos creados por una ley provincial bajo la figura de personas jurídicas de Derecho Público, que tienen como función promover el desarrollo y el aprovechamiento de los recursos hídricos) reciban beneficios especiales. El proyecto también prevé facilidades de pago para los pequeños y medianos productores, comerciantes y contribuyentes afectados por la inundación.

Aunque el proyecto fue impulsado desde Santa Fe, en el texto que recibió la sanción del Congreso se establece que los beneficios también alcanzarán a localidades y departamentos anegados de Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Corrientes, Jujuy, La Pampa, Misiones, Río Negro, Salta y Tucumán. Se trata de provincias afectadas por crecidas de ríos y lluvias fuera de lo común. “Acá no se trata del color político del gobierno, o de los intendentes o presidentes comunales, porque todos están desesperados ante la situación por la cual se está atravesando. Tenemos que tener inteligencia para poner por encima los intereses del país y la provincia”, consideró la senadora Sacnun, firmante de la iniciativa.

La presentación del proyecto que declara la emergencia climatológica e hídrica no está desvinculada de la expansión de la frontera de la soja y sus consecuencias. El modelo productivo de cultivo transgénico está desplazando y eliminando bosques nativos y humedales, que permiten una mayor absorción y escurrido del agua. Ese avance agroindustrial se profundiza con el gobierno de Cambiemos pero ya estaba consolidado en la administración anterior.

A pesar de estas consecuencias, visibles en la vida cotidiana, la gestión de Macri descuida la ejecución de planes oficiales específicos, creados para atenuar el impacto de este tipo de producción. Por ejemplo, el programa de Acciones de Protección Civil, Prevención de Emergencias y Alerta Temprana de Desastres, que depende del Ministerio de Seguridad comandado por Patricia Bullrich, tiene formalmente asignado un presupuesto de 4857 millones de pesos para 2017.

Sin embargo, a pesar de las constantes inundaciones que este año ya son récord, el programa sólo lleva ejecutados un poco más de 37 millones de pesos: apenas el 2,56% de lo asignado.