El Congreso postergó el debate del proyecto anti barrabravas

La iniciativa enviada al Congreso como respuesta espasmódica del Gobierno a los disturbios y la represión en el partido revancha de la final de la Copa Libertadores entre River y Boca logró el aval de la Cámara por unanimidad en su votación en general(201 votos a favor y tres abstenciones). Sin embargo la aprobación finalmente quedó trunca durante la votación en particular. 

Cerca de las 22:00 del martes, casi una hora después de su aprobación en general, el debate se tornó inviable y, mediante una moción, el cuerpo decidió que el proyecto vuelva a ser tratado en comisión. El detonante fue la falta de acuerdo sobre el artículo 10 que sanciona a aquellas personas que tengan en su poder entradas adulteradas, y la desprolijidad con la que el oficialismo llevó adelante la discusión en particular. 

El texto se iba a votar el pasado 6 de diciembre pero la falta de acuerdo entre los bloques e incluso dentro  de la bancada oficialista demoró la discusión. Doce días después y con cuantiosas modificaciones el proyecto logró el respaldo de la mayoría. Pero eso tampoco alcanzó.

El texto que se intentó terminar de pulir dentro del recinto transforma una serie de contravenciones en delitos y establece como agravante para delitos ya tipificados en el Código la comisión en el marco de un espectáculo como  deportivo. Entre otras conductas el proyecto sanciona con distinto grado de dureza a aquellos que porten armas en espectáculos deportivos; que ocasionen avalanchas; que ejecuten agresiones o intimidaciones; que obstruyan el tránsito; y que revendan entradas -entre otras conductas-, con agravantes cuando intervengan barrabravas o dirigentes.

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo también establece el juicio abreviado e incorpora la figura de colaborar eficaz. Al mismo tiempo fija fuertes multas para los clubes y propone la creación la Base Unificada de Datos y Antecedentes relativos a Espectáculos Futbolísticos.

Además, el texto definitivo establece penas para todos los grados de la organización delictiva de tres o más personas que actúen en un espectáculo deportivos, así como también fija responsabilidades penales para los dirigentes o funcionarios que apañen u oculten los delitos tipificados en la norma.

Más allá los lugares comunes, la indignación impostada y los festejos por la inflación punitiva, el debate no dejó nada concreto. Uno de los pocos discursos que superó la previsibilidad fue el de Facundo Moyano quien contó en primera persona su experiencia como presidente del Club Alvarado de Mar del Plata y sentenció sin miramientos que para terminar con las barra bravas se necesita «decisión política».

El diputado recordó que en 2013 asumió como presidente del club Alvarado de Mar del Plata. “Terminé mandato ese mismo año por la violencia en el futbol”, contó.

Moyano relató que, tras un episodio “a los tiros”, acudieron a la APREVIDE (Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte), y el entonces director, Luis Morales, les dio “la posibilidad del derecho de admisión”.

“Los dirigentes tenían que identificar a las hinchas para que después la seguridad no permitiera el ingreso al estadio, pero a los tres partidos estaban ahí. Renuncié a las dos semanas como presidente”, comentó el diputado bonaerense.

Y continuó: “Asumí como vicepresidente segundo y volvimos a tener un hecho de violencia cuando estábamos presentando al director técnico, Gustavo Noto, el 4 de enero de 2017”.

Moyano dijo que ese día, a los pocos metros de donde se encontraban, “uno de los jefes de una facción de la barra disparó al otro jefe, que venía con una 9 mm -por supuesto sin tenencia- amenazando disparar contra todos los presentes”.

Ambos quedaron libres, pero otros integrantes de la barra continuaron “amenazando con armas de fuego a los dirigentes”, quienes “colaboraron para identificar a esos barrabravas, que hoy todavía entran a la cancha sin ningún tipo de impedimento”.

El diputado señaló que esos dirigentes “estuvieron expuestos a una situación de inseguridad” al aportar a la investigación, y puso también el ejemplo del expresidente de Independiente Javier Cantero quien “más allá del desastre institucional y futbolístico al que llevó al club también enfrentó a la barrabrava”.

A su turno Elisa Carrió fue tajante: “Separar la política del fútbol, es separar la política del delito grave y de la impunidad. Si yo tengo un juez, un fiscal y un presidente del mismo equipo voy a tener impunidad”. Carrió agregó: “Comparto que la pena al barrabrava no tiene sentido en este sistema; lo que tiene sentido es separar a la política del fútbol”.

Por su parte, el presidente del bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, no perdió oportunidad de recordar que “el presidente Macri fue doce años presidente de Boca Juniors” y se preguntó: ¿Nunca vio un barrabrava?¿ No conoce a niguno? Rossi también recordó que Stornelli fue secretario de Seguridad de Boca durante cuatro años” y chicaneó: “¿Nunca vio un delito de los barrabravas? 

También recordó que “el señor (Eugenio) Burzaco, viceministro de la ministra (Patricia Bullrich) que envía este proyecto fue secretario de Seguridad del club River Plate”.

Para finalizar, Rossi señaló: “Llegaron al gobierno porque tuvieron un presidente que convivió 12 años con los barras. Es una vergüenza que haya un fiscal o un juez que sea directivo de un club porque ese juez tiene relación con los barras”.