El Consejo Agroindustrial avanza entre presiones del ruralismo y críticas de los pequeños campesinos

Mientras sigue con la presentación en sociedad de su proyecto de reactivación de la agroindustria, el flamante Concejo Agroindustrial Argentino (CAA) cosecha presiones desde ángulos opuestos del sector agropecuario, como la CRA y Carbap, y críticas de las agrupaciones de campesinos como la UTT.

Las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la asociación Carbap (Confederaciones de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa) destacaron a la prensa el proyecto que ya cuenta con la adhesión de 53 entidades representativas de los distintos sectores del agro pero también remarcaron su demanda de que incluya rebajas de impuestos para la producción primaria.

Los “impuestos” que más molestan a los productores primarios son las famosas retenciones que desearían lo más cerca posible del cero pero es un tema escabroso porque el CAA contempla la continuidad de las retenciones en el marco de un esquema de segmentación que inquieta a los eslabones primarios de la cadena. 

Este martes el CAA presentó su proyecto a la Comisión de Agricultura del Senado en videoconferencia. El titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, intervino para considerar “muy interesante e importante que se pueda llevar adelante este proyecto (del CAA)” ya que “pocas veces en la historia argentina se han podido conjugar los sectores primario, industrial y exportador como se ve en este consejo”.

También validó la necesidad de aumentar la producción primaria pero puso como condición que en el proyecto “se destaquen las medidas de promoción primaria que alivien esta carga impositiva que el campo viene soportando hace muchos años”.

La declaración de Chemes es importante para el CAA porque la CRA, si bien integra ese espacio, también es uno de los vértices de la Mesa de Enlace más combativos respecto a la política nacional (este miércoles de hecho salió al ruedo con una condena muy clara al proyecto de Balcarce 50 para reformar el Poder Judicial, a tono con el banderazo opositor del lunes pasado).

Pero la insistencia de Chemes con el reclamo impositivo tampoco es menor porque sucede pocos días después de que el presidente de Carbap (Confederaciones de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa), Matías De Velasco, protestó por una posible rebaja de los derechos de exportación de los productos industrializados.

“Queremos integrar el Consejo Agroindustrial pero no a cualquier precio”, bramó De Velasco el 31 de julio al medio Agrofy News, al aclarar que su representación gremial sigue siendo la Mesa de Enlace. Seis días después Chemes encausó ese reclamo en diálogo con el portal Bichos de Campo al que declaró que “debería primar el respeto a todos los sectores para que todos tengan el mismo valor en esta cadena”.

El fin de semana el titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y ex titular de la Unión Industrial Argentina, Jose Ignacio de Mendiguren, anticipó que «está por llegar al Congreso un proyecto de ley extraordinario de integración agroindustrial» que propicia un esquema de «retenciones diferenciales» que podrán ir bajando en función del «grado de producción». 

El martes el CAA presentó su Estrategia de Reactivación Agroindustrial Exportadora Inclusiva, Sustentable y Federal a la industria alimenticia representada en la Copal. Los industriales aprobaron el proyecto con la condición de que se busque un esquema de eliminación de retenciones para las economías regionales y de reducción de carga impositiva. 

El otro campo

Desde la otra punta del espectro agropecuario la UTT, la Federación de Cooperativas Federadas (FECOFE); el Frente Nacional Campesino (FNC) y el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra (MNCI) descargaron fuertes críticas a la política del gobierno nacional para el sector. El martes las agrupaciones firmaron una carta abierta al presidente Alberto Fernández después de que el mandatario se reunió con el CAA y le dio el visto bueno al proyecto agroindustrial.

En nombre del “campo que alimenta” la entidad le pidió a Fernández que escuche sus propuestas para “garantizar la soberanía alimentaria”. En ese marco resaltaron que son familias de productores sin acceso a créditos, sin planes de vivienda y si políticas activas específicas. “Somos parte de quienes producen granos para exportación pero no nos convocan a una mesa para discutir”, señaló la carta en un tiro por elevación al proyecto de la agroindustria que ya cuenta con la aprobación simbólica del Ejecutivo.

“Entendemos que debe haber políticas redistributivas y por eso apoyamos las retenciones de manera segmentada” sumó la misiva que agregó que “el Estado debe intervenir activamente en las políticas agrarias y por eso apoyamos la intervención de Vicentín”.

En ese contexto los pequeños productores discutieron la idea de que solo la propuesta del agronegocio es viable para la producción en escala y condenaron el modelo vigente y abogaron por un modelo “soberano y popular”.

Tras difundir esa carta la UTT anunció este miércoles que realizará una acción en Plaza de Mayo este jueves para volver a presentar el proyecto de Ley de Acceso a la Tierra. Está previsto acercar el texto al presidente de la Nación.