A través de un comunicado, el organismo expresó su preocupación y repudió los discursos que incitan a la violencia contra las mujeres y el colectivo LGBTI+.

A través de un comunicado, el Consejo se refirió a los discursos que utilizan expresiones para “agredir, difamar, hostigar, aislar, acosar y perseguir” a “determinadas personas o grupos”, además de incitar a la violencia y la discriminación.
Este tipo de discursos “impactan de manera diferenciada en la vida de las mujeres y colectivo LGBTI+”, ya que existen jerarquías entre los géneros que determinan desigualdades y violencias.
Además, las manifestaciones con un lenguaje insultante y degradante que reproducen estereotipos contribuyen a “ampliar las desigualdades y vulnerar derechos fundamentales”, señaló el Consejo.
Por su parte, la titular del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, salió al cruce de los dichos del diputado Javier Milei (Libertad Avanza), quien días atrás planteó que disolvería esa cartera y cuestionó la noción de igualdad de derechos.
“Cuando alguien llega al Poder Judicial en una situación de violencia de género, lo que está buscando es ayuda. Hoy es un poder que dista mucho de satisfacer las necesidades que tienen las mujeres. Se necesita mejorar los tiempos de la Justicia porque cuando lo que está en juego es una vida se requieren respuestas inmediatas”, advirtió la funcionaria.
A su vez, sostuvo que “a las que deberíamos preguntarles qué opinan sobre el ministerio es justamente a las 115 mil mujeres que llamaron a la línea 144 durante el 2021; a las 165 mil que han recibido el programa Acompañar”, en referencia al apoyo económico que se brinda a quienes están en grave riesgo por situación de violencia de género.
En la misma línea, la ministra se preguntó: “¿Qué piensa hacer Milei para erradicar la violencia de género y, sobre todo, los femicidios? Quizás, además de negar el valor de la vacuna (contra el Covid), esta persona también niega la existencia de femicidios y violaciones”.
En tanto, el Consejo sostuvo que en un Estado democrático el intercambio de ideas “debe contribuir a un diálogo respetuoso que aporte a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria”.
Las expresiones que configuran discursos de odio, por el contrario, “degradan el debate público y promueven un clima de intolerancia que afecta la participación y la libre expresión de las personas”, en los temas que los interpelan.
Los medios de comunicación, las redes sociales y los espacios públicos son ámbitos en los que más fácilmente circulan estas expresiones, motivo por el que resulta “fundamental” desplegar estrategias comunicativas para contribuir a su erradicación.
De esta forma, desde el organismo sostuvieron que el Estado está obligado a “arbitrar todos los medios que se encuentren su alcance para poner fin a las violencias por motivos de género”, y para ello ratificaron su compromiso para trabajar en la erradicación de estos discursos.
Finalmente, concluyeron en la necesidad “prioritaria” de coordinar acciones para asistir, proteger y brindar acceso a la Justicia a las víctimas de los actos discriminatorias e impulsar medidas para reducir sus “efectos devastadores”.
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