El corrimiento del Estado de la paritaria nacional docente es un riesgo para todo el sistema educativo

En una nueva semana de conflictos con el Gobierno Nacional, las Universidades Nacionales enfrentan nuevas medidas de fuerza con paros y movilizaciones con el fin de visibilizar la situación crítica de los salarios docentes y el presupuesto educativo. Repasemos los últimos acontecimientos. 

En pos de garantizar el sostenimiento presupuestario y salarial, la comunidad educativa universitaria (docentes y no docentes, estudiantes, graduados) se hizo presente en el Congreso Nacional con el objetivo de ingresar el Proyecto de Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria que busca incrementar la inversión en recursos en 1% del PBI, recomponer el salario docente, convocar a la paritaria nacional, ampliar el financiamiento de las becas, entre otras medidas acordes a las necesidades de la coyuntura actual. 

Bajo el argumento falaz de profundizar las políticas de desregulación del Estado y optimizar el gasto público, el Gobierno Nacional arremetió contra el sistema educativo: mediante el Decreto 341/25 (avalado por Javier Milei, Guillermo Francos, Sandra Pettovello y Federico Sturzenegger) modificó el artículo N° 10 de la Ley de Financiamiento Educativo N° 26.075/05 con el fin de eliminar la participación de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano de la negociación salarial y delegar dicha función al Consejo Federal de Educación que, a partir de ahora, deberá ocuparse de acordar junto con las entidades gremiales un convenio marco que incluirá las pautas generales referidas a condiciones laborales, calendario educativo, salario mínimo docente y carrera docente.

Al mismo tiempo, la Secretaría de Educación mantiene el poder de refrendar o vetar dicho convenio, si no fuera posible su implementación en el marco del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente, clave a la hora de garantizar los acuerdos salariales provinciales. 

El corrimiento del Estado de la paritaria nacional docente es un riesgo para todo el sistema educativo, dejando en mano de jurisdicciones desiguales la garantía de las condiciones de trabajo y la calidad educativa. En esta línea, las gobernaciones deberán negociar individualmente con Nación los recursos que necesiten y estos pasos de fragmentación del país bajo la excusa del “federalismo” es una descomposición de las negociaciones entre las jurisdicciones y la Nación. Nada de esto resolverá los problemas estructurales de nuestro sistema educativo. 

Este contexto de desgaste y retroceso en materia educativa a nivel nacional se suma a una situación crítica que vienen padeciendo los trabajadores de la educación: la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (adeudado desde 2023) complica la recomposición de los salarios docentes que, a nivel preuniversitario y universitario, son los más sufridos de toda la Administración Pública, llegando a encontrar muchos cargos por debajo de la línea de pobreza (en promedio, una dedicación simple o semi-exclusiva no llega a doscientos mil pesos), con pérdida del 81% por debajo de la inflación y del 60% de pérdida del poder adquisitivo, con aumento salarial unilateral entre el 3 y 4% de lo que va del año). 

Sumado a esto, los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y los festejos que se anuncian desde el Gobierno no son gratuitos para la población: también busca avanzar sobre los regímenes previsionales docentes, lo que afectaría tanto la edad jubilatoria como la garantía del 82% móvil. 

Nos encontramos frente a un Gobierno que no escucha, que no dialoga, y que retrocede permanentemente en el derecho a la educación pública y a las condiciones dignas de trabajo docente, lo que genera tensiones en la estabilidad del Estado de derecho. 

¡Sin salarios dignos no hay educación de calidad!