«El costo de la guerra deberá ir a educación»

El proceso definitivo de paz que se abre en Colombia con la firma del acuerdo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) presenta una serie de desafíos al pueblo colombiano y una perspectiva de cambio social que los jóvenes ven acaso con mayor claridad que las generaciones anteriores, teñidas por la visión que el uribismo (legado del ex presidente Álvaro Uribe) logró instalar en el tejido social. El eventual pase total a la arena política de los dirigentes guerrilleros y su entorno supone todo un acontecimiento que tendrá sin dudas alta incidencia en el futuro del país, a la vez que la pacificación expondrá una administración pública volcada por décadas a la “solución de la guerra” en detrimento de áreas sensibles como la educación y la salud, según creen colombianos residentes en Argentina que emigraron para acceder a una educación gratuita y de calidad. “El conflicto generó una desigualdad en la participación política de las clases populares. Esto ha generado la privatización de la educación, de la salud, y una criminalización del estudiantado que se interesa por temas sociales y culturales”, explicó Laura Capote, estudiante de Comunicación Social e integrante del movimiento Marcha Patriótica, que promovió la salida política y pacífica al conflicto. La comunidad colombiana en Argentina es la quinta entre las provenientes de la región, con casi 48 mil residentes, en su mayoría jóvenes estudiantes. “Que haya tantos colombianos en Buenos Aires responde también al conflicto, que crea una situación social que entre otras cosas crea la falta de acceso a la educación pública y gratuita, y hace que tengamos que emigrar”, señaló la joven de 21 años radicada hace cinco en Buenos Aires. Su compatriota Carolina Fernández, otra estudiante de Comunicación de 24 años, explicó que estos procesos estuvieron “totalmente relacionados con la guerra, porque los gobiernos no han invertido en la educación, en la salud, y se escudaron diciendo que el problema al que había que prestar atención era la guerra. Uribe trajo un montón de armamento de Estados Unidos y las mejores técnicas de rastreo, cuando todo ese dinero hubiera sido a la educación, la salud pública, que no hay; te puedes estar muriendo frente al hospital que si no tienes cobertura no te atienden”, describió la joven cuya familia vive en Bogotá.

En Colombia, el impacto del acuerdo de paz, que el pueblo deberá refrendar en las urnas el 2 de octubre, tendrá quizá más alcance en los poblados rurales que en las grandes ciudades, donde parte de la clase urbana ha vivido estas décadas considerando que la guerra era un asunto del interior del país. “El tema de la continuidad de la guerra ha producido un cansancio en los sectores populares, por lo tanto es de esperar que una masa muy considerable vea la necesidad de jugar un rol activo en el logro de la paz”, evaluó Patricio Echegaray, secretario general del Partido Comunista en Argentina y con una relación histórica con el PC colombiano y los dirigentes de las FARC. Para Echegaray, un eventual paso al terreno político, experiencia que en los ’80 se dio a través de la Unión Patriótica y fue frustrada por la acción de la extrema derecha (ver aparte), “va a estar sujeto a la conspiración de los paramilitares, a parte del Estado colombiano que no ve bien este acuerdo, y que personajes como Uribe y demás van a estar muy contrariados”.

El sitio web colombiano contagioradio.com, que se enfoca en las actividades de varios movimientos políticos y sociales, señala como uno de los principales desafíos del éxito del proceso de paz “el desmonte real y efectivo de los grupos paramilitares que hacen presencia en 22 departamentos de Colombia y que ubican en situación de riesgo extremo a 88 municipios”.

El reto de no repetir una masacre

El pase a la legalidad de los dirigentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC) sacudirá el escenario político de Colombia, pero también presenta un gran desafío que pondrá en juego el cumplimiento del acuerdo. La experiencia de varias organizaciones guerrilleras que fundaron en 1985 la Unión Patriótica, con la cual se presentaron a elecciones y obtuvieron cargos electivos fue nefasta. “Fue un intento muy importante de lograr la paz y fue frustrada por la derecha que se lanzó a exterminar militantes”, recordó Patricio Echegaray, secretario general del Partido Comunista argentino y con una histórica relación con el grupo guerrilero. Se calcula que entre 3500 y 5000 dirigentes fueron asesinados por paramilitares, fuerzas secretas y narcos. Si bien el partido sigue existiendo, hace años que no está vinculado con los grupos armados y hoy no tiene la estructura de entonces.

Para los sectores que defienden el acuerdo, un desafío fundamental para el Estado colombiano es garantizar la integridad de los guerrilleros que se reintegren a la vida civil. “En ese sentido es urgente que se sumen los esfuerzos necesarios para el desmonte real y efectivo de los grupos paramilitares”, señala el sitio web contagioradio.com.

Se estima que durante 2015 los grupos paramilitares de extrema derecha en Colombia, denominados por la jerga popular como «paras», cometieron 1064 violaciones a los Derechos Humanos, entre amenazas, atentados, ejecuciones, torturas y violaciones sexuales.