Bajo el pretexto del orden fiscal, el Gobierno de Milei inaugura el año con un aluvión de aumentos que pulverizan el consumo. La desregulación total y el nuevo esquema de subsidios colocan al IPC en una espiral de tensión sin techo a la vista.
La narrativa oficial de una inflación en descenso sostenido choca de frente con la realidad de las pizarras. Tras meses de una aceleración de precios que el Ejecutivo no logra domesticar, el cambio de calendario consolida la lógica de los «ajustes mensuales», transformando derechos básicos como la salud, el transporte y la vivienda en artículos de lujo.
Uno de los datos más alarmantes es el salto en el Índice de Contratos de Locación (ICL). Para aquellos inquilinos que aún resisten con contratos bajo la ley derogada, enero trae un incremento anual del 36,39%. Esta cifra rompe con más de un año de desaceleración (en diciembre el ajuste había sido del 28,67%) y deja en evidencia que la presión sobre la vivienda no cede, a pesar de las promesas de «mano invisible» del mercado.
El golpe al bolsillo se siente con especial fuerza en las facturas de luz, gas y agua. El Gobierno puso en marcha este mes un nuevo esquema de segmentación de subsidios, que implica la quita total de la ayuda estatal para un vasto grupo de hogares y un tope mucho más rígido para el resto.
En el caso de la electricidad, el aumento del Precio Estabilizado de la Energía (PEE) del 3,88% se traslada directamente a la factura, sumado a los costos de distribución de empresas como Edenor (2,31%) y Edesur (2,24%). El mensaje es claro: el ajuste fiscal se paga en cada interruptor que se enciende.
Para los trabajadores del AMBA, el comienzo de año es una carrera de obstáculos. El boleto mínimo de colectivo en CABA sube a $ 619,37, mientras que en la Provincia de Buenos Aires el tramo más largo ya araña los $ 881. El subte, por su parte, se consolida como un servicio restrictivo con una tarifa de $ 1.259.
A esto se le suma el ajuste en los combustibles, aplicado «sin aviso» en los surtidores debido a la actualización impositiva.
Las empresas de medicina prepaga y las de telecomunicaciones continúan haciendo uso de la libertad otorgada por el Gobierno. Con subas de hasta el 4,5% en internet y telefonía, y ajustes mensuales en salud que no dan respiro, la vida cotidiana se vuelve una cuenta matemática imposible de cerrar.
En definitiva, el arranque de 2026 confirma que la política económica de Milei prioriza la rentabilidad empresaria y el equilibrio de las cuentas públicas por sobre la capacidad de consumo de los ciudadanos. Con un IPC tensionado por estos ajustes básicos, el año comienza con la incertidumbre de saber cuánto más podrán aguantar los hogares argentinos
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