El crimen de Luis Colosio, un caso sin cerrar en México

El 23 de marzo de 1994, Luis Donaldo Colosio fue asesinado durante un acto de campaña proselitista en Tijuana, Baja California, el único distrito que no era gobernado por el Partido Revolucionario Institucional. Días después, Ernesto Zedillo fue impuesto como el nuevo candidato del partido en la carrera presidencial y gobernó la República de México desde 1994 hasta el 2000, cuando el PRI perdió su hegemonía política en manos del Partido Acción Nacional de Vicente Fox.

En sus discursos de campaña hacia la presidencia, Colosio anunciaba que “como un partido en competencia, el PRI hoy no tiene triunfos asegurados, tiene que luchar por ellos y tiene que asumir que en la democracia sólo la victoria nos dará la estatura a nuestra presencia política”. Para entonces el PRI estaba perdiendo en intención de votos en estados que siempre estuvieron asegurados.  

El acto político que concentró a unas 4000 personas se realizó en uno de los barrios más pobres y peligrosos de Tijuana, pero por órdenes del PRI no hubo seguridad.  Todo se desarrolló con total normalidad hasta que Colosio fue hacia su vehículo y se separó de su equipo de seguridad personal: un revolver apuntó a su cabeza y según la captura de pantalla del video a las 19:12 (hora de México DF) el agresor disparó. Fueron dos tiros que Mario Aburto Martínez descargó acabando con la vida del candidato.

El 6 de marzo de ese año, en el aniversario del PRI y a dos meses del levantamiento zapatista de Chiapas, en un discurso frente al Monumento a la Revolución Mexicana, Colosio había criticado sin eufemismos al gobierno neoliberal de Salinas de Gortari. «Veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla”, dijo, y agregó: “como partido de la estabilidad y la justicia social, nos avergüenza advertir que no fuimos sensibles a los grandes reclamos de nuestras comunidades; que no estuvimos al lado de ellas en sus aspiraciones; que no estuvimos a la altura del compromiso que ellas esperaban de nosotros” (…).  Empecemos por afirmar nuestra identidad, nuestro orgullo militante y afirmemos nuestra independencia del gobierno.»  Estos conceptos se consideran como un quiebre con el gobierno del que él era parte.

En julio pasado, a 28 años del atentado, la Fiscalía General de México decidió reabrir el caso. El expediente judicial fue desclasificado y reveló diversas anomalías, según la asociación civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Distintas versiones que afirman que Mario Aburto Martínez fue sustituido por otra persona. Ciertas diferencias de fisonomía entre el Mario Aburto detenido en Tijuana y el “Aburto” preso en Almoloya no coincidían con el perfil de la Procuraduría General de la República. Tampoco concuerdan los rasgos visibles con las fotografías incluidas en el primer informe de la PGR.

Hay acusaciones de una conspiración perpetrada por el presidente Carlos Salinas de Gortari. También se sospechó de Manuel Camacho Ortíz, colaborador de Salinas. Se dijo que el narcotráfico vio en Colosio una amenaza y encomendó el asesinato a un sicario.

En el imaginario colectivo mexicano aún resuena el nombre de Carlos Salinas como el autor intelectual del crimen. Pero ninguno de los fiscales tuvo la voluntad de demostrar todas y cada una de las líneas de investigación y Mario Aburto Martínez fue declarado responsable del homicidio.

El caso está asignado a Abel Galván Gallardo, extitular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Desaparición Forzada quien ordenó localizar a personas de interés para la investigación y pidió inscribir a las víctimas en el Registro Nacional de Víctimas.

El asesinato de Colosio, con todas sus asperezas, tiene que alertar a la sociedad argentina, a los partidos políticos, a los medios de comunicación hegemónicos agitadores del odio que legitiman prácticas violentas y, principalmente, a la Justicia para que se actúe de forma rápida y eficaz condenando al agresor de Cristina Kirchner como a los autores intelectuales del hecho. «