La oposición reclamó transformar el sistema de indemnizaciones en uno de seguros. Empresarios cercanos al gobierno comparten la propuesta.
Un proyecto con ese contenido ya ingresó a la Comisión de Trabajo, Previsión y Presupuesto con la autoría del diputado Héctor Stefani y la firma de una decena de diputados del bloque de Juntos por el Cambio.
Se trata de uno de los puntos nodales del proyecto de ley que presentó en 2017 el gobierno de Mauricio Macri y quedó trunco luego de las movilizaciones que en diciembre de ese año repudiaron la reforma previsional. Las protestas fueron respondidas con una brutal represión que viabilizó la aprobación del recorte jubilatorio pero modificó el escenario político impidiendo el avance del paquete de reformas que estaba en la agenda de aquel gobierno.
El modelo de la construcción
La presentación del proyecto de ley, el jueves, descolocó a la primera candidata a diputada nacional por CABA de esa coalición, María Eugenia Vidal, que había declarado que, en realidad, su compañero se había referido a la necesidad de poner fin a la doble indemnización vigente desde diciembre de 2019.
La iniciativa se inspira explícitamente en el modelo que rige para el sector de la construcción y en el proyecto de ley de 2017 que lo denominó Fondo de Cese Laboral. Se trata de eliminar el modelo de indemnización vigente para reemplazarlo por una suerte de seguro de desempleo que el empleado va capitalizando a lo largo de su relación laboral para luego percibir ese pago en cuotas.
El nuevo proyecto de ley se denomina Seguro de Garantía de Indemnización (SGI). De esa forma, aseguran sus mentores, las empresas podrán cesar el vínculo laboral sin costo adicional alguno, algo que, en su lógica, los inducirá a incorporar trabajadores a sus plantillas con la misma facilidad.
Más allá de los numerosos estudios que demuestran que la flexibilidad de las relaciones laborales, lejos de crear empleo colabora en destruirlo, el modelo, además, es oneroso para los empleados a la hora de ser despedidos. Un estudio realizado entonces por el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción (SITRAIC) concluyó que, con el régimen que rige en la actividad, los trabajadores despedidos perciben alrededor de un 40% de lo que correspondería si su actividad se desarrollara en el marco de la Ley de Contratos de Trabajo.
Rechazos
La iniciativa, en plena campaña, recogió el rechazo de las conducciones sindicales y de los candidatos y funcionarios del propio gobierno. Sin embargo, el primero en retomar el debate sobre la necesidad de modificar el modelo de indemnizaciones vigente e ir hacia un sistema de seguro fue el empresario textil Teddy Karagozian con su proyecto «mochila Argentina». El CEO de la textil TN&Platex mantiene un vínculo directo con el presidente Alberto Fernández, que visitó su planta tucumana en varias oportunidades y lo considera un empresario cercano a su proyecto político.
La agenda de reformas estructurales que quedaron inconclusas desde 2017 forma parte de las recetas y reclamos del Fondo Monetario y es de esperar que, de algún modo, se pongan en la mesa de negociación de la deuda que está en desarrollo entre funcionarios del gobierno y el organismo internacional.
Ese será el escenario donde se pondrá blanco sobre negro en lo que hace a la voluntad y capacidad del oficialismo de preservar la legislación protectora del trabajo. «
Vínculo de naturaleza asimétrica
El proyecto de reforma laboral de 2017 incluía una modificación de fondo en la definición del vínculo laboral. Allí se buscaba redefinir la relación como una forma de cooperación entre privados, en igualdad de condiciones. Sin embargo, la naturaleza del derecho laboral parte del reconocimiento de una relación asimétrica entre patrones y empleados y, de allí, su carácter protectorio con relación a la parte más débil.
El proyecto de ley presentado por el diputado del PRO establece el cobro del seguro para todos los trabajadores, independientemente del carácter de la desvinculación. El fondo que el empleado capitaliza durante su relación laboral podrá ser recuperado en caso de renuncia y de despido con o sin causa. Por ello, reconoce que deja de penalizar el despido sin motivo deslindando a las patronales de su responsabilidad protectora de los trabajadores.
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