Desde 2008, distintas legisladoras han intentado impulsar el tema pero la influencia de la iglesia católica, la falta de decisión política de los gobiernos y las diferencias dentro de cada espacio impidieron el avance del debate.
Desde 2009, por lo menos, el debate sobre al derecho al aborto merodea el Congreso. Sin embargo nunca pudo ser tratado en el recinto. Nada hace pensar que este año sea diferentes. Sin embrago, algunas legisladoras lo volverán a intentar.
Juliana Di Tullio, presidenta del bloque del Frente para la Victoria durante los últimos años de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, expuso su visión en una nota publicada en la revista Amfibia. Fue mi decisión no poner el proyecto en el recinto para no perder, no quería perder, no podíamos perder ese tema en el recinto. Eso para mí hubiese significado un retroceso de 50 años. No tenía ni la mitad de los votos de mi bloque y al resto de los bloques les pasaba lo mismo. Además, faltaba lo que hoy sí existe: movilización en la calle y debate público instalado en los medios de comunicación, escribió la ex jefa de bloque.
Además Di Tullio contó: El aborto es un tema sobre el que nadie quiere expedirse. La política no se expresa con sinceridad. No sé si es un tema de madurez: creo que es doble moral, miedo y desconocimiento. Los votos con los que contábamos eran solo de quienes habíamos firmado el proyecto de la Campaña nacional por el Derecho al Aborto, Legal, Seguro y Gratuito y una docena más.
Más allá de las dificultades que muestra la coyuntura y de la dificultad en lograr el debate y la aprobación de la norma, por séptimo año consecutivo legisladoras de distintos espacios volverán a presentar el proyecto elaborado en el marco de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito.
El proyecto volverá a ser transversal. Tendrá las firmas de referentes de casi todos los bloques. Sin embargo, al igual que otros años, le faltará el respaldo político de un espacio con capacidad de aglomerar voluntades, juntar los votos y empujar el proyecto hasta su sanción.
El texto que se volverá a presentar este año establece la legalización de las prácticas médicas de interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación. La iniciativa remarca en sus fundamentos del proyecto que en Argentina se practican alrededor de 500 mil abortos clandestinos al año y que esa práctica se traduce en la primera causa de mortalidad en las mujeres.
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