El debate por la reforma del Consejo de la Magistratura reunifica al FdT en el Senado

Por: Verónica Benaim

Se aprobó en comisiones el dictamen del Gobiero Nacional y se debatiría en el recinto el próximo miércoles. Incluso el senador Oscar Parrilli, que había marcado diferencias, acompañó el proyecto.

En una nueva ronda informativa, el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia del Senado de la Nación retomó este miércoles el debate de los proyectos sobre la reforma del Consejo de la Magistratura, tras el cuarto intermedio del martes. Pese a las diferencias internas en el Frente de Todos, el oficialismo de la Cámara Alta acompañó del proyecto del Ejecutivo en su conjunto. La sesión será la semana que viene. 

Tras la exposición del ministro de Justicia, Martín Soria, los senadores recibieron esta mañana a seis invitados que fueron convocados por el oficialismo y la oposición. De esta manera, a lo largo de la jornada expusieron Darío Kusinky, rector de la Universidad Nacional de José C Paz; Alfredo Vítolo, presidente de FORES (Foro de Estudios sobre la administraciónde Justicia); y Daniel Sabsay, abogado constitucionalista. 

También estuvo Alberto Spota, abogado constitucionalista; Diego Sebastián Marías, consejero en representación de los abogados y presidente de la Comisión de Administración y Financiera del Consejo; y María Fernanda Vázquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. 

Tras escuchar las palabras de los expositores, se emitieron tres dictámenes, siendo el de mayoría el del oficialismo por lo que el proyecto que mandó el gobierno de Alberto Fernández en diciembre pasado bajará al recinto el miércoles que viene. Pese a tener una postura diferente respecto al tema judicial, el senador neuquino Oscar Parrilli señaló que la iniciativa es “razonable y criteriosa”. “Nos parece importante que por la actitud de intolerancia, golpista, arrogándose facultades que no tienen la Corte y extorsionando a los legisladores a modificar la ley, acompañemos desde la totalidad del bloque”, agregó el presidente de la Comisión de Justicia.  

Y es que pese a las tensiones en el oficialismo la postura unificada surge porque del lado de en frente están los miembros de la Corte Suprema tratando de marcarle los tiempos al Poder Legislativo y al Ejecutivo.  Y es que la ley que deberá aprobarse en el Parlamento tendrá que ser antes del 15 de abril tras el fallo dictado el Máximo tribunal. 

En cuanto al bloque opositor, Juntos por el Cambio presentó su dictamen propio en el que defiende su propuesta, que tiene como principal diferencia a la del oficialismo, la participación del presidente la Corte Suprema dentro del Consejo y la posibilidad de que lo presida.  

Por otro lado, el tercer despacho en minoría lo presentó el senador el rionegrino Alberto Weretilneck, quien suele ser aliado del Frente de Todos en la Cámara Alta. Sin embargo, adelantó que apoyará un proyecto de su autoría. “Queremos cambiar la lógica centralista del Consejo, por lo que los dos proyectos que están en discusión sólo se limitan a discutir si la Corte está o no está y, desde mi mirada, amerita otra discusión que tiene que ser más federal “, explicó en su alocución. 

El oficialismo necesitará 37 votos positivos la semana que viene para poder aprobar el proyecto y girarlo a la Cámara de Diputados que preside Sergio Massa. Tiene una totalidad de 35 integrantes y, con un aliado menos, tendrá una sanción ajustada. 

El proyecto del gobierno 

El iniciativa de reforma que envió el Poder Ejecutivo amplía de 13 a 17 el número de integrantes del Consejo. Suma un juez, dos abogados y un académico o científico. Contempla también la cuestión de género, de modo tal que al menos la mitad de los cargos deberá ser ocupado por mujeres. 

Por el contrario, la oposición propone retomar la composición previa a la reforma del año 2006. Era con un miembro de la Corte, que era su presidente y presidía entonces el Consejo; cuatro jueces, ocho legisladores (cuatro por cámara: dos por el oficialismo; uno por la primera minoría y uno por la segunda minoría); cuatro abogados; un representante del PEN y dos miembros del sector académico. 

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