El debate sobre los fueros se metió en la campaña electoral

La cuestión de los fueros parlamentarios planteada a partir de situación judicial del ex ministro de Planeamiento y actual diputado Julio De Vido, acusado de un hecho de corrupción, se convirtió en un nuevo argumento de campaña electoral para un gobierno con escasísimos éxitos para mostrar.

La polémica sobre la prerrogativa constitucional que protege a los legisladores de un eventual arresto sin el precio desafuero de la cámara que integran, intenta llevar el debate hacia devaneos morales en lugar de abordar la crítica situación económica y social.

La Constitución Nacional establece claramente en su artículo 69 que ningún legislador puede ser arrestado, excepto en el caso de ser sorprendido “in fraganti” en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, de lo que se dará cuenta a la cámara respectiva. Claramente no es el caso de De Vido, que está procesado, pero no condenado y que por el momento integra una cámara que no reúne los dos tercios para echarlo a los leones.

La ley de fueros fue sancionada en setiembre del 2000. Fue en el clima de crisis política que generó el escándalo de las coimas en el Senado para sancionar una norma de flexibilidad laboral, conocida como Ley Banelco. Eran los prolegómenos de la caída del presidente Fernando De Rúa.

El temblor institucional aflojó las resistencias de los parlamentarios y motorizó la ley 25.320, que pasó de una cámara a la otra en pocas horas, tras diez años de cajoneo. Se habilitó allí a la justicia a indagar y procesar a un legislador, lo cual no era posible antes, pero se obligó al juez actuante a pedir el desafuero del acusado a la cámara correspondiente antes de arrestarlo.

Recién entonces el juez Carlos Liporace pudo indagar a los once senadores imputados por las coimas. Cuando se votó en la cámara baja hubo apenas un puñado de rechazos y una abstención: la de la diputada Cristina Fernández, quién advirtió en buen romance que se sancionaba una norma para salvar una situación que no era jurídica sino política. Y anticipó que, de todos modos, los acusados no irían presos. Acertó.

Debatir oportunísticamente asuntos constitucionales sobre una cuestión circunstancial no parece aportar a la transparencia institucional sino que, por el contrario, oscurece. Es como legislar con nombre y apellido. Y en las actuales circunstancias económico-sociales, el gobierno necesita un preso kirchnerista de renombre para acallar los reclamos sociales.

También resultó sumamente oportunista la supuesta resignación de fueros de Sergio Massa y sus compañeros, ya que nadie puede rechazar lo que no le pertenece. Pese a que los protege, la inmunidad no es propiedad de los legisladores y candidatos a serlo sino de los cuerpos legislativos. Por eso la Cámara de Diputados pudo impedir que el represor Luis Patti se sentara en una banca pese a haber sido elegido por el voto popular o que el Senado aprobara en 1997 el desafuero de Eduardo Angeloz , para ser juzgado por delitos contra la administración pública.

El intento de desaforar a De Vido esconde la necesidad del gobierno de apostar al “voto ético” porque en verdad está privado de apuntar con éxito al “voto económico”. Si fuera infalible aquella vieja máxima de Perón que advertía que “la víscera más sensible del hombre es el bolsillo”, la suerte electoral del gobierno estaría sellada, salvo que buena parte de la sociedad argentina padezca un brote colectivo de masoquismo. De todos modos, un preso kirchnerista podría equilibrar los tantos y aunque en el gobierno temen victimizar a la dama, las imágenes televisivas de un alfil de ella esposado podría atenuar el “voto decepcionado”. «