El decreto 1212, arma de una pelea que sigue abierta entre el gobierno y el fútbol

Desde la asunción de Cambiemos, en diciembre de 2015, el fútbol está bajo presión. Mauricio Macri estaba dispuesto a todo para imponer un clima de negocios en esa industria. Les devolvió las transmisiones a las empresas privadas, intervino la AFA para darles poder a dirigentes propios, modificó el estatuto y empezó a empujar a través de sus delegados para que las sociedades anónimas tuvieran un lugar en la estructura jurídica del fútbol. La estrategia fue la doble tenaza: el ahogo económico por un lado, la eventual solución privada por el otro. Una herramienta de amenaza fue el decreto 1212/03, un sistema especial de cargas patronales para los clubes, que el gobierno siempre amagó con derogar en caso de que la AFA no cumpliera con sus deseos. No llegó a tanto, pero esta semana lo modificó para aumentarles la presión impositiva a los clubes. La pelea está abierta.

El lunes pasado los dirigentes del fútbol se desayunaron en el Boletín Oficial con el aumento de la alícuota de 6,5% a 7,25% en ingresos como los que provienen de transferencias de jugadores, derechos de televisión, sponsoreo y venta de entradas, además de que la AFA tendrá que pagar también por la Selección argentina, incluida la venta de tickets en amistosos y partidos oficiales. El propio Daniel Angelici dijo que para Boca significaba una erogación de 80 millones de pesos sobre el presupuesto para 2019.

La AFA le respondió al gobierno con una carta en la que expresó la preocupación por las consecuencias financieras que tendrá la decisión: lo ven como una imposición más. «Nos dicen que pudo ser más alta la suba porque van a seguir presionando», dijo a este diario un dirigente cercano a Claudio «Chiqui» Tapia. Incluso, lo vinculan con otro episodio de la última semana, el plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Deportes de la Cámara de Diputados, donde se discute sobre la denominada ley antibarras que promueve el oficialismo. Tapia, que estaba invitado, no concurrió. En su lugar, fue el presidente de Defensores de Belgrano, Marcelo Achile, y el abogado Andrés Patón Urich. «Escuché su preocupación por el decreto 1212, pero no su preocupación por la violencia en el fútbol», chicaneó a Tapia la diputada de Cambiemos, Gabriela Burgos, según Perfil.

También por esos gestos es que en la AFA señalan la maniobra como una manera de presionar, no sólo para que las sociedades anónimas puedan avanzar antes de las elecciones sino también para que los dirigentes apoyen el proyecto de seguridad en espectáculos deportivos. No es casual que días después, Tapia haya tuiteado una foto junto a Juan Manuel Lugones y Marcelo Elizondo. «En Mar del Plata, trabajando conjuntamente con los organismos de seguridad, APreViDe y la @superliga combatiendo la violencia y las mafias en el fútbol».

El macrismo desespera por tener al fútbol bajo control, en un puño, y aun así el fútbol se resiste. A pesar de todos los intentos y presiones, Macri transita el último año de su mandato –por ahora, el primero– sin haber concretado el desembarco de las sociedades privadas en el deporte, que más lo desvela. El gobierno, en cambio, argumenta una cuestión fiscal al sostener que en el último año el sistema especial para los clubes de fútbol generó un déficit superior a los 700 millones de pesos. Ahora, también abonarán una carga patronal superior por los empleados de sus institutos educativos. «Nos golpean en nuestro costado más social. Nos va a perjudicar mucho», dice un dirigente.

Mientras por un lado se avanza con la candidatura para la Copa América 2020, y se mantiene la idea de organizar el Mundial 2030 junto a Uruguay, Chile y Paraguay –proyectos por lo que se necesitan–, por el otro la AFA y el gobierno libran una batalla. Habrá que ver hasta dónde el macrismo llegará si es que se dispone a dar su estocada final. «