El déficit fiscal fue menor al esperado y abre las puertas para la negociación con el Fondo

Inaceptable e insostenible, en la visión de la mayoría de los economistas del establishment. Razonable en función de las circunstancias, sostienen los más cercanos al gobierno. Quizás mucho más que en otras ocasiones, el resultado de las cuentas fiscales en el último ejercicio habilita miradas muy distintas desde cualquier lado en que se paren los analistas.

De acuerdo a los datos que suministró la Secretaría de Finanzas en la última semana, el Sector Público Nacional finalizó 2020 con un déficit primario (el saldo de sus ingresos y gastos habituales) de $ 1,749 billones.

Si se le suma los intereses de la deuda pública, el déficit financiero trepó a $ 2,292 billones.

Para simplificar, se trata del 6,5% y el 8,5% del PBI, respectivamente.

Resulta obvio que semejantes cifras no pueden mantenerse a lo largo del tiempo. Pero la mirada puede cambiar de ángulo si en el análisis se incluye la pandemia de Covid 19.

Su efecto fue doble: el mayor gasto generado por la variedad de programas de ayuda del Estado nacional para tratar de sostener a empresas y consumidores que estaban por caerse del sistema; y una notable caída en la recaudación de impuestos por la caída de la actividad.

En el Palacio de Hacienda también incorporaron este concepto de tenaza para explicar lo sucedido. “El resultado ha sido influido por las medidas de ingresos (-0,7% del PBI) y gastos (3,5% del PBI) que implementó el Estado Nacional de forma extraordinaria para hacer frente a la pandemia”, detalla el comunicado oficial.

Descontando esas contingencias, puede estimarse que de no haber sido por el coronavirus, el déficit primario habría sido de 2,3% del PBI, un tercio del real.

Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) señala que la caída de los ingresos fue significativa aunque menor de lo que se había pronosticado hace algunos meses. “La recaudación total del año resultó superior en valor a la esperada para 2020 en el Presupuesto nacional 2021. A excepción de Aportes y Contribuciones, en todos los tributos se terminó recaudando más que lo esperado al momento de presentar el presupuesto”, dice el estudio.

La diferencia a favor del Estado fue de $ 175 mil millones.

De todas maneras, por tercer año consecutivo hubo una caída real en los ingresos; esta vez fue de 7,5%, el doble que en 2019.

La lógica señala que si durante la pandemia se produjeron estos números, una mejor situación sanitaria permitiría alcanzar sin mayores dificultades el rojo de 4,5% del PBI que había planteado públicamente el ministro de Economía, Martín Guzmán, para el ejercicio recién comenzado.

Incluso podría haber margen para alguna ronda adicional de programas de ayuda del estilo IFE y ATP. Pero aunque voceros del gabinete económico dijeron off the record que esa posibilidad estaba bajo discusión, Guzmán la descartó. “Esas medidas se tomaron cuando había restricciones para la circulación. Ahora las medidas deben ser otras”, dijo durante una breve visita a Chaco.

Punto de encuentro

El déficit de las cuentas públicas es el punto de encuentro de los dos caminos por los que discurren la postura del gobierno nacional y del Fondo Monetario Internacional. Los distintos focos de atención quedaron claros al conocerse las valoraciones de ambas partes tras la larga videoconferencia de casi una hora entre el presidente Alberto Fernández y la directora del organismo, Kristalina Georgieva.

En la visión de la Casa Rosada, lo importante es dejar en claro que el programa que se está negociando para reestructurar la deuda de U$S 44 mil millones que el país mantiene con la entidad debe ser diseñado y conducido por las autoridades locales, con eje en la mejoría de la actividad interna. “El programa debe tener una visión realista de cómo funciona nuestra economía”, tuiteó Fernández. Pero otro párrafo del parte de prensa suministrado por el gobierno rescata que se habló sobre “la necesidad de poner las cuentas fiscales en orden”, lo que revela las preocupaciones del FMI sobre el tema.

Está claro que a la larga el equilibrio fiscal se tornará una necesidad política y también práctica.

El aire que logró Guzmán con la reestructuración de la deuda en dólares se acabará en tres años, cuando comiencen los vencimientos de capital de los nuevos bonos. También para 2024 podrían comenzar los pagos al FMI, si la renegociación en curso termina con éxito.

Para ese entonces, el país tendrá que tener colchón para absorber esos compromisos o bien mostrar síntomas de solidez para conseguir financiación de los mercados. «