El 16 de enero de 2016, la dirigente de la Tupac Amaru, Milagro Sala, fue detenida en su casa por haber participado de un acampe frente a la casa de gobierno de la provincia de Jujuy. A partir de allí hubo un entramado de acusaciones consecutivas con el objetivo de mantenerla privada de su libertad de manera indefinida.
La persecución política y judicial estuvo encabezada por el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Basta ver el video de ese día: un hombre alto, de camisa blanca ejecutando la orden de detención: se trata del entonces Ministro de Seguridad Ekel Meyer. Hoy flamante vocal del Superior Tribunal de Justicia jujeño.
Desde entonces pasaron 1825 días, repletos de irregularidades y arbitrariedades. Milagro lleva 5 años presa sin una sola condena firme. Fue hostigada judicialmente, maltratada en la cárcel, se le negaron garantías básicas en el proceso penal y se incumplieron las órdenes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pidió medidas alternativas al encarcelamiento para garantizar la vida, integridad personal y salud de Milagro.
¿Por qué tanto ensañamiento con ella? Tal vez tenga que ver con las miles de casas construidas en los barrios populares de Jujuy, los 23 polideportivos, la escuela, el centro de salud, las fábricas. Milagro cometió el delito de quebrar el monopolio en la obra pública en su provincia y construir más viviendas que el gobierno de Morales.
Pero, además, construyó poder. Una cosa es una colla que construye viviendas y otra cosa es que se propusiera gobernar y transformar la provincia. Morales pasó de pedirle apoyo a Milagro en 2007 para las elecciones a acusarla de montar un Estado paralelo y perseguirla hasta su detención.
La respuesta más contundente llegó de Pablo Baca, entonces juez del Supremo Tribunal de Justicia provincial: «Está presa porque si ella está suelta es un peligro para el gobierno; no por sus delitos, sino para que no tengamos que volver al quilombo permanente, a los cortes, a la quema de gomas». Baca renunció poco después, sin dar muchas explicaciones. Ironías de la vida: lo reemplazó Meyer, el responsable de la detención de Milagro hace 5 años.
El de Milagro es un caso emblemático de criminalización de la protesta, que buscó disciplinar y amedrentar a todo aquel que saliera a reclamar por sus derechos. No tuvo éxito. Los dirigentes sindicales y sociales siguen luchando y siguen siendo criminalizados, como sucedió en las últimas semanas con referentes de la UTEP. A pesar de la persecución de Morales, la protesta social no es un delito. Cuando la justicia no funciona y el lawfare es moneda corriente, la democracia se deteriora. La libertad de Milagro es urgente. «
