El derecho a la salud y el acceso a los medicamentos

“Más de 700 mil personas mueren al año en la región por causas que pudieron evitarse”, estima Germán Holguin, director de Misión Salud, una organización colombiana que promueve el acceso a la salud y que participó en diciembre pasado de la audiencia ante la CIDH para denunciar cómo las multinacionales farmacéuticas operan para dificultar y encarecer el acceso universal a medicamentos fundamentales para tratar enfermedades graves como el VIH, el cáncer y la Hepatitis C. Ojo-Público.com, el reconocido medio digital de periodismo de investigación peruano, investigó cómo funciona el lobby de la industria farmacéutica en seis países de América Latina (Argentina, Colombia, Guatemala, México, Perú y Venezuela) y en alianza con Tiempo Argentino publica sus resultados.

The Big Pharma Project, tal el nombre del trabajo, revela las presiones de las compañías farmacéuticas sobre los Estados para prolongar sus monopolios en la producción de medicamentos mediante gestiones diplomáticas, acciones judiciales, vínculos sugestivos con funcionarios estratégicos y hasta denuncias por colusión entre farmacéuticas con el fin de bloquear la venta de fármacos similares de menor costo. El resultado ofrece un panorama de prácticas cuestionadas que explica las dificultades del acceso a las medicinas costosas para personas vulnerables a lo largo de América Latina.

Tiempo Argentino viene denunciando sostenidamente las políticas estatales que están poniendo en riesgo la salud de la población. Ya en noviembre advertíamos la falta de distribución de preservativos y el aumento en los casos de sífilis. En febrero fuimos el primer medio en revelar el vaciamiento del programa de entrega gratuita de medicamentos básicos por parte del Ministerio de Salud cuyos botiquines que proveían a casi ocho mil centros de primera atención a esa altura no contaban con 27 de los 68 remedios del vademécum comprometido.

A principios de mayo además informamos sobre el acuerdo entre los laboratorios privados y la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnologías Afines (ANMAT) para reducir los plazos en que se autorizan los estudios clínicos de nuevas drogas y, en caso de no llegarse a tiempo, de aprobarse automáticamente, lo que pone en riesgo a la población y habilita una mayor mercantilización de la salud. Allí también señalábamos el lobby de los laboratorios en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) para garantizarse patentes de uso monopólico  en medicamentos claves. Precisamente el INPI es presidido por el abogado Dámaso Pardo, asociado del estudio de José Alfredo Martínez de Hoz (h), que viene de ser el representante legal de varias empresas farmacéuticas multinacionales.

Tiempo colaboró con el equipo de investigación local de The Big Pharma Project y luego fue invitado por Ojo-Publico.com a participar de la publicación de los resultados. Con esta serie de artículos, entonces, buscamos contribuir a concientizar sobre un tema tan importante como el derecho a salud, garantizado por la Constitución Argentina y por varios tratados internacionales. El enfoque regional también permite dimensionar el poder de las grandes multinacionales farmacéuticas y conocer la lucha de las organizaciones de salud en América Latina. 

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