El detalle del juicio político contra la Corte Suprema: 410 páginas y nuevas denuncias

El primero de enero por la mañana, Alberto Fernández marcó la agenda política de enero al comunicar la decisión de avanzar en el juicio político sobre la Corte Suprema. Trece días después ese anuncio se convirtió en un proyecto presentado formalmente por diputados del bloque del Frente de Todos (FdT) y que el Poder Ejecutivo incluyó en la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso.

De esta manera, ya están sobre la mesa los argumentos para empezar el proceso. La iniciativa, presentada en las últimas horas por el diputado del FdT Eduardo Valdés junto a otros legisladores del oficialismo, tiene 410 páginas y propone citar a los cuatro jueces del máximo tribunal: Horacio Rosatti -su presidente-, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, para que se presenten ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja, que será la encargada de llevar adelante la investigación.

En el proyecto de resolución, se agregaron además nuevas denuncias para ser investigadas a lo largo del proceso, entre ellas una sobre el manejo de la obra social del Poder Judicial.

La resolución sobre la coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires también aparece en el texto. Sostiene que «resulta evidente que la decisión adoptada por los Ministros de la Corte es eminentemente política y parcial, por ende, como tal, debe ser analizada bajo el prisma del enorme impacto político y económico que provoca dentro del esquema de coparticipación federal».

«La Corte Suprema privilegió, de manera ostensible e infundada, un acuerdo político partidario que a partir de 2016 promovió elevar el coeficiente de coparticipación del distrito más rico del país. Esto así, en tanto que los numerosos argumentos vertidos en pos de dar cuenta de las arbitrariedades que justificaron un aumento desproporcionado de este coeficiente no fueron debidamente atendidos», se lee entre las más de 400 páginas del proyecto. 

A la vez, los diputados sostienen que deben ser citados además «todos los directores, secretarios, funcionarios y/o empleados de la Corte Suprema que hayan tenido intervención y/o pudieran aportar datos de interés respecto de los hechos denunciados».

La presentación llega después de que el gobierno oficializó la convocatoria a sesiones extraordinarias entre el «23 de enero hasta el 28 de febrero» para tratar 27 proyectos, entre los que figuran además del pedido de enjuiciamiento a la Corte Suprema, un proyecto para ampliar el número de integrantes del máximo tribunal y la modificación de la Ley del Consejo de la Magistratura.