El día después: un sistema financiero incapaz de apagar todos los incendios

El gobierno argentino ha resuelto utilizar la coyuntura para endurecer su posición respecto de la negociación de la deuda externa pública. Es una cuestión de pragmatismo: ¿cómo pagar miles de millones de dólares de una deuda que carece de legitimidad social mientras el país se detiene por la cuarentena para enfrentar al coronavirus?

Pero no se trata de cortar todos los puentes. Solamente en febrero, la Argentina pagó más de 120 mil millones de pesos en deudas diversas, entre capital e intereses.

Pero si la propuesta argentina es rechazada por la decena de fondos de inversión que controlan la deuda en moneda extranjera bajo legislación exterior, deberían activarse los mecanismos previstos propios de un impago.

El tema es que la coyuntura no va a ser la misma que cuando el Ministerio de Economía lanzó su cronograma para la negociación de la deuda. Según una cantidad de analistas, el sobreendeudamiento de los gobiernos y los países quedará al desnudo con la crisis que se venía arrastrando de antes y que la pandemia profundizará.

La agresiva intervención de bancos centrales, con créditos baratos y tasas en baja,  «tal vez no sea suficiente para detener la ola de quiebras y defaults de deuda que emergerán del abrupto freno de la economía real». Lo avisa Jerome Roos, investigador de la London School of Economics. El economista holandés de sólo 35 años adquirió fama por su libro Why not default?, en el que analiza los mercados de crédito contemporáneos, el creciente poder de los acreedores y los casos de México en 1982, Argentina en 2001 y Grecia en 2015. En un artículo periodístico, Roos (cuya obra fue leída con atención en el Palacio de Hacienda para evaluar los costos de una eventual cesación de pagos) sostuvo que el problema no es sólo de las naciones, sino de las empresas, sobre todo las de aviación y las del rubro petrolero, cuya actividad está más afectada por la crisis: «La burbuja de la deuda corporativa explotará con fuerza», vaticinó.

En un reciente informe elaborado por la sede estadounidense del banco español BBVA, su economista jefe Nathaniel Karp, señala que «las restricciones de liquidez y crédito serán particularmente perjudiciales para las empresas altamente apalancadas». Karp observa que «la deuda comercial no financiera de baja calidad ha alcanzado niveles históricos altos por encima de U$S 2,5 billones (millones de millones), lo que equivale al 25% del crédito corporativo total». Encima, la mayoría de esos préstamos son avalados con otros préstamos. La conclusión es que «una gran parte de la deuda comercial de grado de inversión podría reducirse y muchas empresas tendrán más dificultades para refinanciar su deuda, lo que podría generar mayores morosidades y quiebras, lo que ejercería aun más presión sobre el sector financiero».

Contención social

El escenario financiero descripto no auguraría buenas perspectivas para el desarrollo relativamente normal de las negociaciones de cualquier deuda, incluida la argentina. Con el recuerdo todavía fresco del colapso de 2008 y su secuelas, hay que sumar la posible irrupción de masas.

El colapso de la burbuja financiera subprime abrió paso al mundo político y social tal cual es ahora, con el Brexit, el surgimiento de movimientos políticos excentricos, la irrupciuón de protestas de masas en buena parte del mundo. Sobre este estado de cosas se ciernen los efectos negativos de la pandemia.

El solo hecho de que en una semana hayan subido 15 veces los pedidos de seguro de desempleo en los Estados Unidos (pasaron de 220 mil a 3,3 millones) habla de los efectos destructores de las medidas para frenar el coronavirus.

Estas fuerzas centrífugas competirán con las intenciones de una cantidad de líderes mundiales por tratar de sostener el cuadro de cosas dentro de los marcos de la institucionalidad global y nacional. La decisión del Fondo Monetario y del Banco Mundial de comenzar discusiones para condonar la deuda de más de 70 naciones pobres se inserta en ese camino. Pero la poca respuesta de los acreedores privados –bancos y fondos de inversión– a esta invitación no permite ser optimistas.