El diálogo en Venezuela alumbra la posibilidad de un cese del bloqueo

El gobierno de Nicolás Maduro buscaba este fin de semana firmar con la oposición de Venezuela un histórico «acuerdo social», por el cual ambos sectores se alínean para procurar el cese del bloqueo económico internacional contra los recursos del país, un pacto conveniente en el contexto de la demanda mundial por la crisis energética y la inmensa capacidad petrolera de la República Bolivariana. Se trata de la primera parte de la reanudación de las negociaciones facilitadas por el Reino de Noruega, que habían sido interrumpidas 15 meses atrás, y que recobraron vitalidad por impulso del nuevo presidente colombiano, Gustavo Petro, y un giro «amistoso» de algunos dirigentes europeos de peso, como el presidente francés Emmanuel Macron, a quién acercó Alberto Fernández. Al igual que aquellas conversaciones suspendidas, el gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador fue el anfitrión en la ciudad de México.

El presidente de la Asamblea Nacional venezolana y delegado principal de la misión oficial, Jorge Rodríguez, fue quien se refirió a un pacto que liberaría recursos bloqueados, un dinero que serviría, entre otras cosas, para aliviar el colapso de servicios básicos en un país que hace años sufre una crisis social y económica que produjo un cuantioso éxodo de venezolanos, según la ONU. «Este acuerdo expresa así el avance del derecho de nuestro pueblo al disfrute de sus activos y recursos, ilegal e injustamente bloqueados, colocando las necesidades sociales en el centro de la atención de la Mesa de Diálogo Nacional», celebraba. La oposición agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela no confirmó ese acuerdo, pero según trascendió fue la base previa con la que iban a comenzar a conversar a partir del viernes para concluir con las firmas el sábado, o incluso hoy mismo. A través de su delegado, el abogado Gerardo Blyde, la PUD manifestó «la disposición de trabajar en conjunto, con el fin de lograr acuerdos» con el gobierno de Maduro, pero subrayó que «no habrá una salida real de la crisis sin que medie un acuerdo político integral que de soluciones a nuestro pueblo» y aclaró que acude al diálogo, del que se retiró en dos oportunidades anteriores, «con la urgencia y la voluntad de encontrar de una vez por todas acuerdos tangibles y reales, que se traduzcan en soluciones para la crisis humanitaria, el respeto a los Derechos Humanos, el cumplimiento del Estado de Derecho y, especialmente, la construcción de condiciones e instituciones que garanticen –entre otras cosas– elecciones libres y observables». Los miembros de la PUD consideran, desde 2018, que Maduro obtuvo entonces su reelección de manera fraudulenta. Elecciones a las que unilateralmente habían decidido no presentarse, en un intento de restar legitimidad al proceso, cuando el espacio que los convocaba se llamaba Mesa de Unidad Democrática (MUD). Tiempo después, la Asamblea Nacional –parlamento unicameral–, con mayoría opositora, nombró a Juan Guaidó como «presidente interino» y buscó varios caminos infrutuosos para lograr la destitución de Maduro, con enorme apoyo económico del entonces gobierno estadounidense de Donald Trump y varios gobiernos europeos. Hoy la realidad es bien diferente. Aquella asamblea cumplió su mandato y la mayoría de sus miembros quedaron fuera. La nueva composición volvió a tener mayoría oficialista, de hecho su presidente es uno de los principales funcionarios de la gestión chavista. Los exdiputados continúan reunidos en una «Asamblea legítima» con algunas actividades y proclamas en redes desde las cuentas oficiales nunca devueltas al gobierno.

La reapertura de la mesa de diálogo favorece políticamente más a Maduro que a la oposición. Rodeado en la región de gobiernos menos hostiles que hace unos años, y con la sostenida caída en gracia de una oposición que fue perdiendo apoyo internacional, el presidente se siente más fortalecido como para ceder demasiadas posiciones. Sobre todo las que atañen a las sanciones impuestas por Estados Unidos a los activos de su país. Los opositores insistirán en formalizar un cronograma rumbo a las presidenciales previstas para 2024.  «