El DNU que congela alquileres, con consenso en Congreso

Tras el pedido de los senadores de no sesionar la semana que viene por temor a contagiarse coronavirus, el presidente Alberto Fernández decidió no enviar al Congreso el proyecto de ley para suspender las ejecuciones hipotecarias, congelar el precio de los alquileres e impedir desalojos por falta de pago.

Haciendo uso de las facultades legales que le brinda la Constitución al presidente de la Nación en un contexto excepcional, Fernández –en acuerdo con el Poder Legislativo– decidió que la medida saldrá a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia.

En el artículo 99 de la Constitución Nacional se autoriza al presidente de la Nación a que «solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia».

Según los pasos constitucionales, el jefe de Gabinete de Ministros personalmente y dentro de los diez días, someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, creada por la Ley 26.122 en el año 2006. La bicameral –que es presidida por el diputado oficialista Marcos Cleri– está compuesta por 16 representantes  (ocho diputados y ocho senadores).

Esta comisión es la que deberá analizar la validez o no de este DNU teniendo cuenta que, a futuro, las ejecuciones judiciales o los desalojos podrían tener indicios penales que podrían ser tomados para pedir la inconstitucionalidad del decreto.

En este contexto, en principio habría un acuerdo político entre oficialismo y oposición para respaldar al presidente y no voltear el DNU una vez que pase la pandemia y se active el funcionamiento normal del Parlamento, por lo que se entiende que la decisión sería válida en el marco de la difícil situación que atraviesa el país. Por ello, se descuenta que en caso de tratarse, contará con la validez de ambas Cámaras.

La decisión fue saludada en el sector inmobiliario. El presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, Alejandro Bennazar, sostuvo que «hay que reconocer que tanto el gobierno nacional como el provincial y municipales están tomando medidas con las que estamos totalmente de acuerdo». Agregó que «se está contemplando trasladar todo lo que es la actualización a futuro; la preocupación es muy grande, estamos hablando no sólo de comercio, sino también de vivienda y de acceso al hogar».