El documento del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia leído en la Plaza de Mayo

En el primer 24 de Marzo tras la muerte de Nora Cortiñas, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVJ) tuvo dos posiciones ante la fecha que conmemora el golpe cívico-militar de 1976. De un lado, el sector mayoritario convocó a marchar en forma unitaria aunque con consignas y documento propio, mientras que el sector minoritario se plegó a la marcha y documento de los organismos de Derechos Humanos.

Las diferencias internas en el EMVJ tuvieron que ver con la caracterización del gobierno nacional, cuya supervivencia depende de la colaboración de otros partidos políticos y del rol de una cantidad de gobernadores que respaldan las decisiones del presidente Javier Milei.

Esas precisiones no estuvieron incluidas en el documento de los organismos de DD HH y su defensa motivó la división.

El documento del EMVJ, leído en la Plaza de Mayo pasadas las 18 de este lunes, arrancó “reivindicando a cada jubilada y jubilado que, con su lucha persistente, nos marcan el camino para enfrentar el ajuste y la represión del gobierno”.

Tras repudiar la represión ejercida por el poder estatal, el EMVJ reclamó por la expulsión de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, del Gabinete nacional.

A reglón seguido, apuntó que “denunciamos también la tregua de las conducciones de las centrales sindicales y a los partidos políticos tradicionales que continúan dando gobernabilidad a Milei”.

El documento recorrió los antecedentes represivos y reaccionarios antes del golpe de 1976, especialmente el rol de las AAA, el Operativo Independencia y la ocupación militar de Villa Constitución, en 1975. “La dictadura y los sucesivos gobiernos buscaron sostener la impunidad”, aseguró.

Ajuste y represión

El documento subrayó que “Como el ajuste no pasa sin represión, decimos abajo la legislación represiva: ley antiterrorista, protocolo anti protestas, las leyes anti-mafia, de reiterancia, reincidencia que, con quorum y votos garantizados por Unión por la Patria -las dos últimas por unanimidad-, son utilizadas contra los detenidos del 12 de marzo”.

Reclamó “Que se cierren todas las causas, se anulen esas leyes y el decreto habilitante de las fuerzas armadas en inteligencia y seguridad interior”. “Ayer como hoy, ajuste y represión van juntos”, enfatizó.

Señaló que la dictadura genocida contó con el respaldo del “imperialismo, el FMI y las corporaciones, la burguesía local, la jerarquía de la Iglesia Católica y los burócratas sindicales”. Ese arco tuvo por objetivo “derrotar la lucha obrera y popular para instaurar un modelo de mayor explotación, entrega y dependencia”, que incluyó el crecimiento exponencial de la deuda externa y la estatización de la deuda privada en beneficio de los grandes conglomerados empresarios.

Respecto del último tramo de endeudamiento, señaló que el gobierno de Unión por la Patria ratificó la deuda ilegítima e ilegal que tomó el gobierno de Maurcio Macri con el Fondo Monetario: “Ratificó esa estafa en el Congreso, siguió pagando y aceptó al FMI”. Y en relación con el gobierno de Milei y la deuda, señaló: “¡Fuera el FMI! ¡Las estafas no se pagan! ¡La deuda es con los pueblos y la naturaleza! Rechazamos el DNU del nuevo acuerdo con el Fondo, votado con un Congreso militarizado”.

Quizá los dos párrafos más duros del documento, que explican la división, hayan sido estos:

“Pero las políticas antipopulares y antinacionales agravadas hoy vienen de gobiernos anteriores. Hay responsabilidad política de los gobiernos del peronismo que hablan de derechos humanos, pero los banalizaron, ajustaron, reprimieron y trajeron el Proyecto X, al genocida Milani y a las leyes “antiterroristas” que Bullrich aplica. Tras el desastre de Macri, prometían “volver mejores”, pero trajeron a Berni -el represor de Guernica y otras luchas-, y adoptaron la agenda de la derecha. Al dejar a miles de estatales con contratos basura, facilitaron los despidos. Frustraron las expectativas populares y le terminaron abriendo la puerta al ultraderechista Milei, quien no podía llegar hasta acá sin la colaboración de todo el régimen político y las burocracias cómplices”.

A renglón seguido, agregó: “Discursos y relatos aparte, los gobernadores de distintos signos políticos aplican el ajuste y le aseguran gobernabilidad en el Congreso con sus legisladores, también el Poder Judicial, los partidos patronales y la burocracia sindical”. Afirmó que “Las conducciones de la CGT y las CTA sostuvieron una tregua, permitiendo el ajuste. Ahora llaman a un paro recién el 10 de abril, luego de que pasara la estafa con el FMI en el Congreso y la represión a jubilados. Es necesario un verdadero paro general activo y un plan de lucha nacional con movilización, hasta derrotar todo el plan de Milei, que no va más. ¡Basta de Milei!”.