El drama de los wichis en pandemia: “No tenemos agua ni jabón, menos vamos a tener un respirador”

“Acá es tierra de nadie –dice Abel Mendoza, cacique wichi de Santa Victoria Este, departamento Rivadavia, en la Salta pobre que limita con Bolivia y Paraguay–, estamos abandonados, no tenemos ni las cosas más elementales para enfrentar a la pandemia, como agua y jabón, menos vamos a tener un respirador. Antes que llegara el virus, a nosotros ya nos mataba el hambre. Ahora se nos han encimado todos los problemas”.

Hace apenas unos meses, en el febrero todavía libre de Covid-19, los wichis del norte dejaron de ser invisibles para el resto del país, culpa de una racha de muerte de chicos por distintos cuadros de desnutrición. Pero la tragedia nunca se mudó.

“Hay escasez de agua y de alimentos y no hay médicos que nos estén atendiendo –insiste Mendoza–. Con esta pandemia ya no sabemos qué hacer, estamos peleando con los remedios naturales y milenarios, la medicina de nuestros ancestros con hojas, cáscaras y miel. Porque si vamos al hospital de Santa Victoria no hay insumos, no tenemos donde ir a buscar una pastilla. Los mismos enfermeros están siendo aislados porque ya hubo varios infectados. Estamos en una quiebra total”.

Hace dos semanas, Isaías Pérez, de apenas nueve meses, murió contagiado de coronavirus. El bebé, oriundo de Santa María, una de las comunidades wichi de Santa Victoria Este, había estado una semana internado con diagnóstico de neumonía en el hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, a unos 160 kilómetros de su casa.

“En el departamento Rivadavia somos más de 70 comunidades originarias y tenemos miedo porque sabemos que esta enfermedad no distingue color ni raza. Los argumentos de los médicos siempre son que nosotros no tenemos el cuidado necesario, pero lo que no tenemos es el dinero para comprar el alcohol en gel y todo ese tipo de medicamentos. Hay una necesidad tan grande que hasta el jabón escasea. Estamos haciendo malabares para pelear esta pandemia”, explica Mendoza.

Desastre humanitario

Leonardo Pantoja es referente wichi de la Comunidad Misión Chaqueña, en el departamento San Martín, a más de 300 kilómetros de la ciudad de Salta. Tanto para él como para cualquier originario de la zona, conservar la vida nunca fue sencillo. “Hace muchos años que sufrimos una pandemia de otro tipo, la de la desnutrición y la falta de agua, educación y salud. Las comunidades estamos aisladas desde siempre y la ayuda del Estado jamás llega”.

La semana pasada, Pantoja y otros representantes de los “pueblos ancestrales” emitieron un comunicado para expresarle a las autoridades que “la situación actual es muy grave, encontrándose el Covid-19 en todas las comunidades del departamento, sin protocolos, medicamentos, módulos alimentarios, personal sanitario, equipamiento o camas suficientes, en un verdadero desastre humanitario que podía ser evitado, y que hace visible la ausencia de décadas de nuestros derechos, por desatención del Estado e insensibilidad de la sociedad en general”.

Por último, el documento exige la protección del monte nativo, esa farmacia natural que se sigue arrasando por el avance de la frontera agroindustrial que incluye el desalojo violento de las comunidades, aún en cuarentena. “Además de ser el medio de alimentación y sostén espiritual de nuestra cosmovisión ancestral –justifican– es lo único que tenemos en estos momentos para enfrentar el virus”.

Una situación sanitaria “gravísima” que se podría haber evitado

Hace más de 35 años que Gladys Paredes está en la trinchera. Médica pediatra, sanitarista y epidemióloga (y desde hace tres años también diputada provincial por el departamento San Martín), Paredes trabaja en el hospital cabecera Juan Domingo Perón de Tartagal atendiendo a la población más vulnerable, no solo de Salta, sino también del país.

“La triste realidad de los wichis –dice– no es de ahora, sino de hace años. En la época de calor siempre nos llegan al hospital niños derivados de Santa Victoria Este y de toda esa región con cuadros de desnutrición o gastroenteritis. Con el Covid-19, las comunidades originarias son aún más vulnerables por la falta de agua y jabón para el lavado de manos. Vivo peleando contra eso”.

Hace unos días, Paredes describió la situación sanitaria “gravísima” de Tartagal en una sesión virtual de la Cámara de Diputados y recalcó, con lágrimas y voz quebrada, que “se podría haber evitado”.

“Dos o tres semanas antes de que las autoridades reconocieran que había circulación comunitaria, yo ya lo había planteado. Hubiéramos podido tomar más medidas, pero no me llevaron el apunte. Ahora en Tartagal todos somos posibles pacientes, unos con síntomas y otros asintomáticos.”, se lamenta.

Paredes también destaca que Salta es una provincia con “interculturalidad” y que ese dato obliga a pensar estrategias o programas de salud que atiendan las pautas y formas de pensar de las comunidades originarias. “Ellos al Covid-19 lo llaman ´la gripe mala´ o ´peste´, y tienen miedo de venir al hospital. Ya tuvimos fallecimientos dentro de las comunidades y ellos ven que a los pacientes se los aíslan, que mueren solos y que después se lo devuelven a las familias en una bolsa de nylon. Es muy duro para todos, imaginen para los que están dentro de otras pautas culturales”, y agrega: “la falta de recursos en los hospitales de toda la provincia, pero sobre todo en el norte, viene de décadas. En estos momentos se visibiliza más, tenemos muchos compañeros ausentes por estar infectados o por contacto estrecho. No tenemos ningún terapista infantil, así que a los niños hay que llevarlos a la Capital, a unos 350 kilómetros de sus comunidades”.

Un anuncio de obras millonarias

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, mediante una comunicación virtual con el gobernador chaqueño, Jorge Capitanich, y funcionarios de Santiago del Estero y Salta, anunció días atrás la firma de contratos para la adjudicación de pozos de agua, techos colectores y cocinas para más de 1500 familias campesinas e indígenas que viven en zonas de bosque nativo. Las tres provincias recibirán una inversión total de $ 179 millones, financiados por el Banco Mundial para mejorar las condiciones de vida de numerosas comunidades rurales.