El Ejecutivo defendió el proyecto de aborto legal en el Senado

El Poder Ejecutivo envió tres funcionarios clave al Senado para defender el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Ginés González García como ministro de Salud; su par de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, expusieron ante el plenario de comisiones para defender la iniciativa del Gobierno nacional al entender que se busca «evitar muertes evitables» ante un problema «de salud pública».

Al igual que en Diputados, el plenario de comisiones comenzó con la exposición de los tres representantes del Ejecutivo, ya que el proyecto de IVE lleva la firma del presidente Alberto Fernández. La encargada de presidir el debate fue la titular de la comisión de cabecera Norma Durango, en su calidad de presidenta de la Banca de la Mujer. La secundaron Oscar Parrilli, de Asuntos Penales y Justicia y Mario Fiad de Salud.

En su intervención ante los senadores, el ministro González García calificó como «extraordinario» el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados, aseguró que se tuvo en cuenta «la experiencia mundial» y ratificó que la iniciativa «no es en contra de nadie, sino a favor de un grupo social que está sufriendo en la Argentina».

Al repasar el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, Vilma Ibarra recordó que esa fue una promesa que se hizo en la campaña electoral, por lo tanto los que votaron a la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner sabían que “esta era una propuesta que se planteaba y que se iba a presentar, y fue un trabajo que se hizo por indicación del presidente de la Nación, en el marco de una comisión interministerial integrada por el Ministerio de Salud y el de Mujeres, Géneros y Diversidad, y yo coordinando el equipo”.

“Nosotros pensamos que tenemos que hacernos cargo como sociedad desde el Estado de un gravísimo problema que afecta a las mujeres, que es el aborto clandestino. Presentamos el proyecto con la convicción de que solo no alcanza. Quiere evitar muertes evitables, abortar es un problema de salud pública; disminuir los embarazos no intencionales, la cantidad de abortos y prevención de violencias y abusos, sobre todo en niñas y adolescentes. Tiene que ser una política de Estado, que es absolutamente necesaria para reforzar estas políticas”, señaló la funcionaria. Agregó que “todo este conjunto de medidas tiene que llevar a disminuir los embarazos no intencionales y los abortos, que hoy se acercan a cifras muy preocupantes que nos interpelan”.

Ibarra recordó a continuación que la amenaza punitiva planteada desde el siglo XIX “ha fracasado como política; primero porque no ha servido para disuadir los abortos; lo que ha sucedido es que las mujeres acuden a los abortos clandestinos. Para muchísimas mujeres, la maternidad forzada no es una opción, y yo no me siento capaz de juzgarlo”. 

Al defender la iniciativa, el ministro de Salud, Ginés González García, sostuvo que el proyecto “no está hecho en contra de nadie, sino a favor de un grupo social que está sufriendo en Argentina”. Dijo: “El proyecto para mí gusto es un proyecto que ha tenido en cuenta la experiencia mundial”. Y destacó que a su parecer es “extraordinario” porque “baja la mortalidad materna, baja la morbilidad materna y aumenta la vida de las mujeres”.

Al igual que en su exposición en la Cámara de Diputados, el titular de la cartera de Salud habló de los “ejes” de “prevención, justicia social y salud pública”. Defendió que hay “evidencia mundial de países” que hace “muchos años” tienen ley de aborto y han registrado un “efecto inmediato sobre la mortalidad materna, la morbilidad y los ingresos hospitalarios como consecuencia de abortos inseguros”. González García recordó que en el año 2002 se sancionó la Ley 25.673, de Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, y “en aquellos años el debate fue parecido”.

“Estamos intentando hace muchos años disminuir los embarazos no deseados”, señaló y mencionó la implementación de distintos programas que hay al respecto. Sin embargo, “el 80% de los embarazos en adolescentes son embarazos no intencionales”. Aseguró luego que «hoy están sucediendo mil abortos en Argentina y 100 internaciones solo en los hospitales públicos, producto de complicaciones en aborto”. Diferenció que “esto sucede, pero no sucede igual en todas: hoy una mujer argentina que tiene educación, tiene dinero, estructura, sistema, familia, en realidad en gran parte está accediendo a una innovación tecnológica, que es una droga, un medicamento”.

En ese sentido, el ministro afirmó que “si una mujer tiene hoy entre 6.800 pesos y 10 mil pesos” puede “acceder al misoprostol y es ambulatorio, con alguna consejería de un médico”. Mientras que “hay otro sector social, que son las vulnerables, y si bien la ley es para todas, tiene que ver específicamente con mejorar desde un aspecto de equidad”.

“No tenemos dudas que el proyecto se encuadra en las previsiones de la Constitución Nacional y los pactos internacionales de Derechos Humanos, y es acorde a toda la jurisprudencia internacional”, garantizó.

Por su parte, la ministra Gómez Alcorta sostuvo que “existen sobradas evidencias de que la legalización disminuye la mortalidad materna y también disminuyen los abortos”, y añadió: “Existe un círculo virtuoso una vez que están legalizados los abortos en términos de mayor acceso a la información y a la anticoncepción”. Además, explicó que “la legalización no implica una saturación para el sistema de salud, sino un ahorro en términos de costos para el Estado”.

Por otra parte, explicó que “en materia punitiva es un proyecto mixto, legalizando la práctica” hasta la semana 14 “y penalizándola después con ciertas excepciones basadas en el sistema de causales” establecidas desde 1.921 en el Código Penal: violación o riesgo para la vida o la salud de la mujer.

La funcionaria agregó que se mantiene la penalización para quien causa el aborto, de tres a diez años de prisión si el profesional obra sin el consentimiento, y elevando esa pena a 15 años cuando el hecho es seguido de muerte. «Si el médico obra con consentimiento -después de la semana 14 y sin existencia de las causales-, la pena será de tres meses a un año», puntualizó Gómez Alcorta. Por otra parte, el proyecto “prohíbe obstruir, dilatar o negar injustificadamente la posibilidad de acceder a la práctica en los casos legalmente autorizados”, con pena de prisión de tres meses a un año si se verifican esas conductas.

La senadora por Tucumán, de Juntos por el Cambio, contraria al derecho al aborto, preguntó al ministro por los abortos “a los 9 meses de embarazo”, cuando el proyecto que se está debatiendo contempla que es sólo hasta las 14 semanas de gestación. También insistió con el origen de la vida, pero el ministro le contestó que vida hay también en las células, lo que no se considera persona ya que eso es una discusión que se salda a nivel social en cada cultura.

A su vez, el presidente del bloque oficialista, el formoseño José Mayans, también a favor de la continuidad del aborto clandestino, cuestionó a los representantes de su gobierno que expusieron al decir que “no estaba conforme con los argumentos”.

Este martes comenzarán a exponer 30 especialistas a favor y otros 30 en contra. Continuarán el miércoles y el jueves y se espera que el viernes ya se pueda firmar el dictamen para que se debata y se vote en el recinto el 29 de diciembre.