El Ejército en barrios populares de Rosario: una presencia que despierta críticas e interrogantes

«Vamos a ponerle fin a la violencia criminal de sicarios mercaderes de la muerte», pronunció el presidente Alberto Fernández en su discurso de este martes, donde anunció el envío de 1400 efectivos de las fuerzas federales y personal del Ejército para atender la grave situación de violencia y narcocriminalidad que afronta Rosario. Horas antes había estallado en la ciudad la indignación social por el crimen de Máximo Jerez, el niño de 12 años que murió por la bala de un narco en el barrio Los Pumitas. Otros tres niños (14, 13 y dos años) también fueron baleados y están internados.

En un distrito en el que el 70% de los homicidios cometidos en el último año se inscriben en contexto de narcocriminalidad y donde más del 10% fueron cometidos en contra de las infancias, la respuesta oficial genera polémica en relación a un posible abordaje punitivista, o que abra las puertas a un futuro paso en ese sentido. Según informó el gobierno, se trata de la Compañía de Ingenieros del Ejército que irá para tareas de urbanización en barrios populares. El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, se pronunció a favor para «ir recuperando la presencia institucional en esos barrios. Dada la situación en Rosario (el ministro de Defensa Jorge) Taiana garantizó que sea una intervención absolutamente excepcional hasta tanto se logre mejorar la obra pública en esos barrios».

En tanto, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, negó desde Rosario que el Ejército pueda tener participación en los operativos de control y patrullaje: «no lo puede hacer porque la Ley 24.059, de Seguridad Interior, habla con toda claridad de que las fuerzas habilitadas para actuar en casos son las de seguridad. No pueden participar las Fuerzas Armadas».

Mientras tanto, legisladores de Juntos por el Cambio, lejos de pronunciarse en contra de las medidas, presentaron un proyecto de ley para constituir un Comité de Crisis, enviar más efectivos y coordinar la intervención de las fuerzas de seguridad en la provincia.

Corrimiento hacia la derecha

La decisión presidencial encendió la alarma en diferentes sectores. El diputado socialista de Santa Fe, Carlos del Frade, expresó que «la sumatoria de fuerzas federales sin ninguna coordinación ni compromiso con las historias barriales del Gran Rosario terminará en lo mismo que el año pasado: nunca hubo tantos efectivos de fuerzas federales y nunca hubo tantos asesinatos como en 2022».

Esta misma semana la Legislatura provincial trató varios proyectos de seguridad, entre ellos cambiar el Código Procesal Penal. La diputada Matilde Bruera abogó por una reforma estructural de la policía de Santa Fe «que, ante su evidenciada corrupción, se convirtió en un serio problema para la seguridad». El viernes hubo otra multitudinaria marcha pidiendo justicia por Máximo. Horas antes habían baleado un colectivo que trasladaba a agentes penitenciarios a la cárcel de Piñero, y también un depósito de garrafas.

Victoria Darraidou, coordinadora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) expresó a Tiempo: «observamos una serie de medidas orientadas a provocar cierto impacto mediático, pero lo cierto es que no sabemos de qué se trata la intervención del Ejército en particular, no hay información que esté circulando, no hay reglamentaciones que expliquen cómo va a ser». Según explicó, no es función del Ejército hacer tareas de urbanización sino la defensa nacional y cuestiones de defensa civil en un marco específico: «estas acciones siempre se hacen con un comité, con un seguimiento integral de estas intervenciones y no conocemos si existen acuerdos entre el Ministerio de Defensa y la provincia. Vemos como problemático un corrimiento hacia la derecha y hacia una mayor intervención punitivista de las decisiones de gobierno para afrontar un problema social».

Para la especialista del CELS es necesario llevar una política pública ordenada, consciente y que no mire sólo la contingencia actual: «es grave que desaparezca de la discusión cuáles son las políticas de largo plazo que se van a desarrollar en los territorios para la reducción de daños en los consumos, las políticas multiagenciales que el Estado debería implementar para reducir la circulación de violencia. Sobre eso no hay ninguna medida. Pareciera ser como un renunciamiento también, una demostración de fracaso de la intervención (del Estado) sobre los problemas de conflictividad en términos de violencia y criminalidad. Y eso es preocupante». «