El Senado Nacional dio media sanción al proyecto de ley que declara la emergencia ocupacional, tanto en el sector privado como en el estatal, propone frenar por seis meses los despidos y las suspensiones sin justa causa, además de no alcanzar a los nuevos empleos, derribando las críticas empresariales y del gobierno de que esta norma frenaría la creación de puestos de trabajo.
El gobierno insiste con su Plan de Primer Empleo. Cabe mencionar que lejos de mejorar la realidad del mercado de trabajo, el proyecto de Cambiemos retoma el ideario de la flexibilización laboral de los noventa. Esta se basaría en la reducción de aportes patronales a la seguridad social, una herramienta que fracasó en nuestro país y el mundo entero, tal como lo indicó la OIT un año atrás.
Las grandes cámaras empresarias nucleadas en el G-6 apoyó la iniciativa sosteniendo en un comunicado: «el camino no es la prohibición o encarecimiento de las indemnizaciones, sino los adecuados incentivos y la red de contención social efectiva que proteja a quien se encuentre desempleado». Esta referencia deja ver que al gran empresariado no le interesa la generación de empleo. En este enfoque el salario es considerado un costo, y no un componente generador de demanda para sus productos.
Tanto desde el G-6 como desde el gobierno se sostiene que el empleo no creció en los últimos cuatro años. Sin embargo, los datos recientes del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) refutan terminantemente este argumento, ya que sólo en 2015 el empleo privado registrado creció un 2,7%, un dato que puede ser asociado a la salida del amesetamiento, como consecuencia de las políticas de fomento del anterior gobierno.
Es interesante citar la editorial de La Nación del martes, titulada: «La hora exige modernizar la legislación laboral», toda un pieza neoliberal de colección. Allí se afirma que «esta nueva etapa política argentina exigirá competitividad, atracción de inversiones y creación de empleos en el sector privado. Las cargas e impuestos sobre el trabajo formal deberían reducirse para disminuir el peso del empleo informal en nuestro país. La flexibilización laboral y la no prohibición del despido ni su encarecimiento deberían complementarse con un seguro de desempleo ágil y razonablemente remunerado.» Con esto se termina planteando una relación por la cual el propio desempleo pasaría a ser la vía para generar nuevos empleos, aunque peor remunerados.
El impacto fiscal de las rebajas patronales es otro punto crucial a considerar, y esto es algo que ya se vivió en la Argentina. Pero en este caso las medidas harían recaer el costo en los jubilados y en los que cobran asignaciones, ya que las mismas se ajustan de manera semestral por una fórmula que básicamente incluye el incremento de los recursos tributarios, los salarios formales, y los ingresos de la ANSES. Lo mismo ocurriría de aplicarse el fallo de la Corte Suprema para la devolución del 15% de los impuestos destinados a la seguridad social.
El FMI abona las tesis de Cambiemos, y acaba de expresar, en su informe de Perspectivas Económicas de las Américas, que el cambio de administración en Argentina llevará entre otras cuestiones «a una corrección muy importante en precios relativos (…) y se generará un crecimiento importante de la inversión que llevará a una aceleración del crecimiento en la segunda mitad de este año, sobre todo en 2017». Un optimismo que suena desmedido incluso para los hombres de negocios españoles que se reunieron esta semana en nuestro país, para quienes «primero llegarán los capitales financieros; luego, aquellos que tengan como destino la economía real, o sea, los que precisan del largo plazo».
Esta agenda fue refrendada por el presidente del BCRA, Federico Sturzenegger, quien ratificó las altas tasas de las Lebac hasta tanto no baje la inflación. No hay que perder de vista que la actual Carta Orgánica (art. 3º) invoca que el accionar del Banco Central se da «en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional», lo que confirma la existencia de una estrategia de enfriamiento integral, compartida con Hacienda.
Sturzenegger sostuvo: «la economía se encuentra en el medio de un acomodamiento de precios relativos y tiene que sobrellevar los efectos de la fuerte emisión del año pasado. Ya tenemos señales de que los resultados están produciéndose, pero queda mucho por hacer».
Si por resultados tenemos en cuenta el elevado nivel de despidos, el enfriamiento de la economía, y las paritarias retrasadas respecto de la inflación, queda claro que para el gobierno el reacomodamiento de precios relativos significa una pérdida para los asalariados, para todos aquellos que viven de sus ingresos fijos y para las Pymes.
Profundizar en la protección del trabajo resulta esencial, considerando que el desempleo es funcional a los planes del gobierno para bajar la inflación y enfriar la economía. La media sanción de la ley antidespidos va en la dirección correcta, y resulta urgente promocionar medidas de protección a las Pymes y al consumo interno.
