La interventora del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Soledad Manin, consideró «inviable» el pedido de actualización tarifaria de hasta el 157% de aumento de las distribuidoras Edenor y Edesur, al entender que «no permitirían acompañar la salida de la crisis económica y la recuperación de familias y empresas».
Manin también explicó, durante una entrevista con Télam, que la Revisión Tarifaria Integral (RTI) de 2016 «no sólo implicó un aumento irracional de la factura de 2015 a 2019, con un incremento nominal de 3200% para los usuarios residenciales, sino que fue poco transparente e inaplicable por el mismo Gobierno de Mauricio Macri».
«Si hoy continuáramos con ese esquema tendríamos un 168% de aumento real en la factura del servicio eléctrico a partir de abril», precisó la interventora al analizar el contenido del debate que se dará el martes 30, en la audiencia pública para definir una tarifa de transición para las dos grandes distribuidoras del Área Metropolitana Buenos Aires y el servicio de transporte de alta tensión.
Sobre los requerimientos de fondos que realizaron las distribuidoras como paso previo obligatorio a la audiencia, la funcionaria aseveró: «Hablar de esos montos es inviable en el contexto en que estamos saliendo de una crisis económica y tenemos la intención de que haya un crecimiento de las familias, de las industrias y los comercios».
«No se puede pensar en acompañar la economía y su recuperación si estamos hablando de estos aumentos», definió.
Manin puntualizó que el ENRE recibió de «Edenor un pedido de incremento del 109% en el valor agregado de distribución (VAD) respecto de 2020, pasando de $29.000 millones a más de $60.000 millones en 2021» y aclaró que «esto repercutiría en un 157% de aumento para el usuario residencial R1 y en un 65% para el R2».
Según el análisis del ENRE, de esa propuesta se derivaría que «todas las categorías residenciales recibirían un aumento en el cargo fijo, con una reestructuración del cuadro tarifario y un cargo variable, con lo cual tendría un mayor impacto económico sobre los que consumen menos. Y en los comercios el impacto de la factura sería de 58%».
De similar manera, Edesur «pide un aumento de VAD respecto de 2020 de 253%, pasando de $16.000 millones a $54.000 millones, por lo tanto, el promedio de incremento en la factura seria de 81%».
Manin explicó que el avance hacia un esquema de tarifa de transición «permitirá salir del esquema de RTI que derivó en tarifas injustas, poco razonables y poco transparentes y va a permitir ir abonando al terreno para llegar a una próxima revisión en 2023».
«En este tránsito tenemos que posibilitar a las empresas que operen, mantengan y aseguren las inversiones necesarias para mantener la calidad, a partir de un análisis del flujo de fondos e inyectándole dinero a medida que se demuestren las inversiones que hicieron y el cumplimiento de las obligaciones de las distribuidoras», agregó.
